política y erosión democrática
En los últimos años, numerosos académicos han comenzado a estudiar lo que describieron como un fenómeno novedoso, a saber, el de la “erosión democrática”.11 La idea se refiere al “riesgo de un deterioro lento, pero en última instancia sustancial, de los márgenes del estado de derecho, los derechos democráticos y liberales” (Ginsburg y Huq, 2018: 39). Más precisamente, la “erosión democrática” implicaría un “proceso de decadencia incremental pero en última instancia sustancial en los tres predicados básicos de la democracia: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación y estado de derecho, en diferentes instituciones, contra una línea de base de algún nivel entrante de democracia” (ídem: 43-44).
Ahora, mi punto es que este “nuevo” fenómeno, que generalmente comienza con la concentración de poderes en el Ejecutivo y es seguido por el desmantelamiento gradual de la estructura de controles (“desde adentro”), representa un problema “viejo” y de larga data en América Latina. Por supuesto, hace unas décadas esta “erosión gradual y desde el interior” generalmente se reflejó en golpes militares violentos y abruptos, que (por diferentes razones) en el siglo XXI se hicieron mucho menos comunes que antes. Sin embargo, este cambio político (es decir, el paso de la ruptura abrupta a la ruptura gradual de la democracia) no debería hacernos olvidar a los latinoamericanos las lecciones aprendidas de nuestra difícil historia política y social. Más precisamente, y sobre todo en momentos como este, no deberíamos olvidar que los países latinoamericanos tienen una larga y trágica historia de abusos políticos, restricción de derechos, violaciones de la Constitución y poderes de emergencia que fueron adoptados rápidamente en tiempos de crisis y luego retenidos por las autoridades ejecutivas, incluso muchos años después de que la crisis se hubiera desvanecido por completo.12
En mi opinión, la larga historia de autoritarismo político de América Latina nos sugiere, en este momento, ser mucho más cuidadosos en la concesión de poderes adicionales al presidente, y también en relación con la restricción de los derechos constitucionales. Tenemos mucha información sobre cómo los presidentes –inequívocamente– tendieron a usar y abusar de esos poderes, y debemos evitar repetir esos traumas. Desafortunadamente, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que está sucediendo en la región, vemos que, de manera resurgente o no, las autoridades ejecutivas, de nuevo, se han aprovechado de la situación de crisis, a su favor.
De hecho, la pandemia ha ofrecido a los líderes políticos una oportunidad maravillosa para reafirmar o fortalecer sus propios poderes, que en muchos casos estaban siendo severamente cuestionados. Tomemos, por ejemplo, el caso de Chile, donde la administración del presidente Sebastián Piñera decidió aplazar el referéndum constitucional que la mayoría de las fuerzas políticas acordaron celebrar, y que originalmente estaba programado para abril.13 Basado en la “excusa perfecta” ofrecida por la pandemia de Covid-19, la consulta popular se pospuso rápidamente hasta finales de octubre (Contesse, 2020).14 Un escenario aún más preocupante aparece en Bolivia, donde el gobierno interino seriamente irregular liderado por Jeanine Anez anunció que pospondría las elecciones presidenciales originalmente programadas para el 3 de mayo (la votación fue una repetición de una elección cargada en 2019 que “provocó protestas generalizadas y violencia”).15 Por supuesto, parece claro que en ambos casos –Chile y Bolivia– había buenas razones para posponer el llamado a elecciones populares. Sin embargo, también parece evidente que, de ese modo, los gobiernos en funciones obtuvieron lo que habían estado tratando de obtener sin éxito a través de otros medios –políticamente menos atractivos–. Quizá la preservación de nuestras estructuras constitucionales básicas, en tiempos de emergencia, requiere otras respuestas de nuestras autoridades nacionales, más específicamente respuestas que contribuyan a enriquecer en lugar de restringir, aún más, el funcionamiento de nuestras democracias.
Desigualdad, crisis económica y protestas sociales: deliberación extrainstitucional
El comentario final que quiero presentar se relaciona con la profunda crisis económica que está afectando a América Latina y las consecuencias que pueden derivar de ella. En América Latina, de hecho, el panorama socioeconómico parece dramático en la actualidad: la región sigue siendo la más desigual del mundo, una situación que la pandemia de Covid-19 solo ha agravado (Alvaredo y Gasparini, 2015).
En la proximidad de una profundización de la crisis social y económica, necesitamos que nuestras instituciones sean particularmente abiertas y sensibles a las demandas y críticas “que vienen de abajo”. Desafortunadamente, creo que estamos a punto de “recibir” la crisis de la peor manera posible, es decir, con derechos constitucionales limitados y con los poderes coercitivos y políticos concentrados en manos de unos pocos. Dado un contexto caracterizado por profundas desigualdades económicas, y también un sistema representativo deficiente (recordemos, por ejemplo, nuestras referencias previas a la “erosión democrática”), uno solo podría esperar más oportunidades institucionales y protecciones para los más desfavorecidos. Tal situación podría exigir, por ejemplo, abrir mecanismos especiales para canalizar sus demandas o hacerlas visibles, y también protecciones especiales para su derecho a la protesta. Las razones para afirmar esto deberían ser, en este punto, evidentes. Primero, podríamos referirnos a las razones “epistémicas” mencionadas al comienzo de estas notas. El punto es el siguiente: todos los miembros de la comunidad deben ser conscientes de los reclamos, las necesidades y las urgencias de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Ninguno de nosotros quiere actuar injustamente con respecto a ellos, y en relación con lo que se les debe.
Además, debemos tener en cuenta que todos los países latinoamericanos han promulgado, desde principios del siglo XX, Constituciones robustas –en realidad, las más generosas del mundo– en lo que respecta a los derechos sociales, económicos y culturales que ellas incluyen. En otras palabras, los pobres necesitan tener una oportunidad justa para exigir sus derechos fundamentales y presentar demandas contra el Estado cuando este viola o no satisface adecuadamente sus derechos sociales constitucionales. Sin embargo, las condiciones institucionales con las que contamos parecen resultar completamente inaptas para alcanzar tales fines. Peor aún, en muchos de nuestros países, los gobiernos han utilizado la pandemia para establecer restricciones y controles aún más severos sobre los reclamos y las protestas de los más desfavorecidos.
Como ilustración, uno puede referirse, nuevamente, al caso de la Argentina, donde la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, admitió el 9 de abril de 2020 que las fuerzas bajo su control estaban desarrollando tareas de seguridad interna –tales como “ciberpatrullar” la web–, tareas que habían sido explícitamente prohibidas por una ley reciente que regula la “inteligencia nacional”.16 Además, en diferentes países de América Latina hemos visto iniciativas recientes dirigidas a monitorear la ubicación y los contactos de los ciudadanos, mediante el uso de datos y tecnología, y más específicamente a través de aplicaciones de seguimiento de contactos.17 Se ha dicho a este respecto que “algunas de estas medidas imponen restricciones severas a las libertades de las personas, incluso a su privacidad y otros derechos humanos. Se están probando niveles sin precedentes de vigilancia, explotación de datos y desinformación en todo el mundo”.18 No es sorprendente que diferentes países latinoamericanos también hayan estado explorando estas alternativas en las últimas semanas.
En resumen, en esta breve presentación he examinado seis cuestiones de relevancia pública e institucional, que –según espero– pueden ayudarnos a comprender y evaluar críticamente el comportamiento de las autoridades estatales de América Latina, en el momento de la crisis por Covid-19. Los temas que examiné incluyeron el uso de poderes de emergencia en situaciones de crisis, el uso de la institución del “estado de sitio”, el valor de la deliberación democrática en tiempos de crisis, la comprensión predominante del principio de separación de poderes, el problema de la “erosión democrática” y las amenazas planteadas por las desigualdades económicas existentes y la creciente crisis económica.
Referencias
