Un porcentaje elevado de estos grupos ocupacionales vieron menguados sus ingresos (56%, 65% y 47%, respectivamente) o directamente no recibió ingresos (29%, 19% y 33%, respectivamente). En suma, aunque no hay todavía estimaciones de cuánto aumentó la pobreza por la pandemia, se observa que esta afectó con más dureza a los grupos con mayor precariedad laboral y a quienes ya eran pobres en 2019.
Acción pública para enfrentar la pandemia y sus consecuencias
Frente a esta emergencia a la vez sanitaria y económica, el gobierno decidió intervenir en varios frentes. En primer lugar, buscó usar el tiempo ganado con el aislamiento para ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria. Asimismo, adoptó medidas tendientes a compensar, al menos parcialmente, los costos extraordinarios que enfrentan familias y empresas, y evitar al máximo el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Con ese mismo fin, adoptó una serie de medidas tendientes a prevenir abusos en la fijación de precios y a aliviar posibles ahogos financieros, tanto de las familias como de las empresas.
Desarrollo de la capacidad del sistema sanitario
El gobierno destinó recursos para ampliar con rapidez la capacidad de atención de las personas infectadas. Se retomaron las obras para hacer operativos dos hospitales sin terminar en el conurbano bonaerense y se lanzó la construcción de doce hospitales modulares de emergencia, en las provincias de Buenos Aires (la mayoría), Chaco, Córdoba y Santa Fe. Esto contribuyó a ampliar el número de camas de internación y de terapia intensiva; estas últimas crecieron de 8.500 a 11.500 entre marzo y junio (Ministerio de Salud, 2020). También se habilitaron camas destinadas a pacientes menos graves en diversos edificios acondicionados como centros asistenciales: predios universitarios y feriales, clubes de fútbol y polideportivos, y hoteles.
Esta infraestructura fue completada con el material correspondiente: importación y producción nacional de ventiladores, medicamentos, tests e insumos para protección personal de los trabajadores de la salud. Asimismo, se capacitó al personal de salud en diagnóstico, atención y uso adecuado de equipos de protección. Se puso en práctica, por último, el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino, destinado a la búsqueda activa de personas con síntomas y el testeo de casos sospechosos y sus contactos cercanos, con el fin de prestar prontos cuidados y minimizar la transmisión del virus.
Apoyo económico para las familias
El gobierno dispuso una serie de transferencias monetarias que se agregan a las que existían con anterioridad (cuadro 1). Reforzó los programas alimentarios y decretó el pago de bonos por única vez, destinado a jubiladas y jubilados, beneficiarias y beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo (AE), así como a trabajadoras y trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad. Introdujo también el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): se trata de un pago mensual de 10.000 pesos para trabajadoras y trabajadores informales, cuentapropistas de bajos ingresos, beneficiarias y beneficiarios de la AUH y de la AE, del plan Progresar y personal doméstico, muchos de los cuales, como vimos, viven de actividades que disminuyeron o cesaron durante el confinamiento. Para recibirlo, ni las beneficiarias y beneficiarios ni su grupo familiar deben percibir ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, o recibir prestaciones de desempleo, jubilaciones o pensiones, o planes sociales distintos de los nombrados. Se han aprobado cerca de nueve millones de solicitudes. Su pago ha planteado desafíos no solamente financieros, sino también de logística, ya que requiere identificar a potenciales beneficiarias y beneficiarios de la economía informal y luego hacer efectivo el pago a una población escasamente bancarizada.
El gobierno también procuró proteger a las familias vulnerables y evitar abusos mediante medidas de emergencia: prohibió despidos y suspensiones, fijó precios máximos para una canasta básica de bienes, congeló por seis meses los alquileres y el precio de los servicios públicos, y fijó una tasa mínima para los depósitos bancarios a interés. Asimismo, suspendió ejecuciones hipotecarias y desalojos por seis meses, y concedió un período de gracia para el servicio de las deudas que familias de bajos ingresos habían contraído con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por último, prohibió cortar los servicios de luz, gas, telefonía, etc., a familias vulnerables, a pequeñas empresas y a cooperativas.
Apoyo económico para las empresas
No menos importante es el apoyo a las empresas y a trabajadoras y trabajadores autónomos (cuadro 1). La medida de mayor impacto es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que beneficia a las empresas afectadas por el ASPO. Permite la reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional e instituye un salario complementario costeado por el Estado Nacional para quienes trabajan en relación de dependencia del sector privado (el empleador debe abonar el saldo); cubre el 50% del salario neto de la trabajadora o el trabajador y no puede ser inferior a un salario mínimo ni superior a dos. Por esta vía se asiste a 310.000 empresas y a 2,8 millones de trabajadoras y trabajadores. El Programa también permite distribuir crédito a tasa cero para personas adheridas al monotributo y para trabajadoras y trabajadores autónomos; en julio se contaban 427.000 beneficiarias y beneficiarios.
Como una forma de focalizar la asistencia a las empresas que realmente la necesitan, se dispuso que durante dos años las beneficiarias del ATP no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, ni realizar erogaciones a sujetos relacionados que residan en paraísos fiscales.
Frente al fuerte aumento de las deudas tributarias y previsionales, se amplió la moratoria impositiva aprobada en diciembre de 2019, incluyendo las deudas de personas y empresas contraídas hasta el 30 de julio de 2020.
Por otra parte, el Banco Central dispuso que los bancos comerciales deben ofrecer créditos a tasa regulada para financiar capital de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas deben poder acceder a un financiamiento equivalente al de su masa salarial, a un año con tres meses de gracia y pagando una tasa anual de 24% (eso es, inferior a la que se remuneran los depósitos). Esos créditos estarán garantizados por el Fondo de Garantías Argentino (público). Las demás empresas pagarán tasas de 26% por créditos a 180 días.
Una evaluación del esfuerzo económico
El total de los gastos excepcionales destinados a enfrentar la actual emergencia representan 3,9% del PBI (cuadro 1). Esta cifra crecerá en los meses que vienen, aunque es probable que a un ritmo menor, en la medida en que se siga reactivando la economía. Se trata de montos comparables a los anunciados, por ejemplo, por Francia (2,7% del PBI), Corea (3,1%), España (3,4%), Italia (3,5%) y China (4,1%), y muy inferiores a los comprometidos por el Reino Unido (6,2%), Brasil (6,5%), Alemania (9,4%) y Estados Unidos (12,3%), aunque en varios casos esos desembolsos se realizarán durante todo el año (FMI, 2020).
Los mayores gastos sobrevienen en un momento de estrechez fiscal, agravada por la pérdida de ingresos tributarios causada por la crisis. La recaudación entre marzo y junio de este año fue 22% menor, en términos reales, a la del mismo período del año pasado, lo que hizo perder ingresos por cerca de 1,5% del PBI. Fue preciso recurrir al financiamiento del Banco Central: entre el comienzo de la cuarentena y fines de julio, este giró al Tesoro Nacional utilidades y adelantos transitorios por poco más de 1,2 billón de pesos, lo cual equivale a 4,8% del PBI.
Por su parte, el crédito extraordinario distribuido, sobre todo a través del sistema bancario, representó 2,8% del PBI. Esta inyección de liquidez no se ha reflejado en mayor inflación, ya que vino a compensar los menores ingresos de los agentes privados.
Estándares, resultados y prospectivas
¿Contra qué estándares de derechos humanos deberían juzgarse las políticas y medidas económicas presentadas
