márgenes de maniobra. Entre sus primeras medidas reforzó las transferencias sociales para combatir el hambre (tarjeta Alimentar), dispuso una mejoría en las remuneraciones reales e inició una renegociación de la deuda pública que debería permitirle reasignar recursos fiscales hacia el gasto social y el apoyo a la economía. A esos problemas, aún irresueltos, la pandemia agregó nuevas exigencias.
El shock de la pandemia
La experiencia internacional
Entre la aparición de Covid-19 en China y su llegada a la Argentina, las autoridades argentinas pudieron observar la forma en que la epidemia aquejó a diferentes países del Asia y de Europa, así como las distintas políticas que se aplicaron para afrontarla.
La mayor parte de los países afectados aplicaron medidas de aislamiento, con distintos grados de premura, rigor y focalización. Otros países, como el Reino Unido y Suecia, recomendaron un aislamiento para la población más vulnerable (los mayores de 65 o 70 años), pero no para el resto de la población. Estimaron que era conveniente dejar que el virus se difundiera, de modo que se llegaría de manera natural a una “inmunidad de rebaño”; esto es, la epidemia se detendría por sí sola cuando un porcentaje elevado de la población hubiera sido infectado por el virus y desarrollado defensas.
Se comprobó que, en la ausencia de medidas de aislamiento (o si estas se tomaban con demora), la progresión de la enfermedad se volvía exponencial: el número de contagiados se duplicaba cada tres días, e incluso con mayor rapidez al inicio de la epidemia. En pocas semanas enfermarían centenares de miles de personas. Así, aun cuando la tasa de letalidad no pareciera muy elevada, la capacidad hospitalaria se vería pronto saturada y el número de fallecimientos (por Covid-19 u otras dolencias) treparía de manera catastrófica.
También se pudo observar la importancia de una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno. En Estados Unidos y Brasil, la contradicción entre el gobierno federal que se oponía a la cuarentena y los gobiernos subnacionales que la implantaban en sus jurisdicciones disminuyó la eficacia de las políticas públicas.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina
Con esta experiencia a la vista, el gobierno argentino optó por establecer un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en una etapa temprana de la epidemia. Entró en vigor el 20 de marzo, en un momento en el que se contaban 128 contagiadas y contagiados confirmados y tres personas muertas por coronavirus. Su objetivo era evitar la aceleración explosiva de la epidemia para que el número de pacientes que requirieran cuidados intensivos no superara la capacidad hospitalaria, y ganar tiempo para ampliar esta última. El ASPO fue prorrogado varias veces, con distinta intensidad según la situación de cada región. Se definen cinco fases en el aislamiento: 1) aislamiento estricto (solo los servicios esenciales son exceptuados); 2) aislamiento administrativo (se otorgan nuevas autorizaciones); 3) segmentación geográfica (excepciones provinciales); 4) reapertura progresiva (se exceptúan más actividades), y 5) nueva normalidad (con hábitos de higiene y cuidado sostenido).
En julio de 2020, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires (sobre todo el conurbano) y Chaco concentraban 94% de los casos confirmados de Covid-19 y 91% de los fallecimientos, pese a reunir a 48% de la población total. De este modo, mientras la mayor parte del país ya había llegado a la fase 5, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Chaco se volvió temporalmente a fases de mayor severidad. A agosto de 2020 varias provincias registraban focos crecientes de contagios y retrocesos en las fases del ASPO.
El impacto económico y social
La pandemia y las medidas de aislamiento mencionadas afectaron con fuerza la actividad económica. Esta cayó un 10,2% en marzo y otro 17,5% en abril, respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada del Indec (2020). Esto representó un derrumbe de 11,4% y 26,4% en comparación con el mismo mes de 2019. Los sectores que más incidieron en esta disminución fueron la industria manufacturera (-34,4% de caída interanual en abril), la construcción (-86,4%), el comercio mayorista y minorista (-27%) y transporte y comunicaciones (-26,1%). También sufrió una merma importante el sector de hoteles y restaurantes (-85,6%).
La intensidad de la contracción fue dispar, porque las medidas de aislamiento también lo fueron. Esto se observa dentro mismo de la industria manufacturera: al estar exceptuadas las actividades vinculadas con la alimentación, la prensa y la salud, vemos que la agroindustria, la edición e impresión, la industria farmacéutica, los agroquímicos y la maquinaria agropecuaria mantuvieron en buena medida su actividad, o incluso la aumentaron. En cambio, cesó por completo en abril la producción de vehículos automotores y disminuyó con fuerza la de textiles, productos metálicos y minerales no metálicos vinculados a la construcción.
El impacto sobre el PBI para todo 2020 y para 2021 es difícil de prever, dada la incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia: ¿habrá una “segunda ola” de contagios? ¿Habrá disponibles una medicación eficaz y una vacuna, y en ese caso, cuándo? La profunda caída de marzo-abril anticipa una contracción para el conjunto de 2020 cercana a 11%. Sin embargo, la actividad económica parece haber tocado fondo en abril, y comenzado una recuperación a partir de mayo, gracias al progresivo aumento de la movilidad. Que esa reactivación sea más o menos rápida dependerá de la evolución de la epidemia; si esta pierde fuerza en los próximos meses, será posible aprovechar la abundante capacidad ociosa y la mayor disponibilidad de divisas que se lograría tras un acuerdo de la deuda externa no solo con los acreedores privados sino también con el FMI.
La contracción de la economía llevó a que, entre febrero y mayo de 2020, el número de empresas registradas como empleadoras de la seguridad social se redujera en 3,9%: disminuyeron de 541.000 a 520.000 (AFIP, 2020). Casi 70% de esa disminución se explica por la caída experimentada en el comercio, el alojamiento y servicio de comidas, el transporte y almacenamiento, y la construcción.
El empleo ha sido afectado de manera diferente, según se observe el sector formal o el informal. El empleo formal disminuyó a tasas muy inferiores a la contracción del producto: el empleo registrado fue, en abril de 2020, 1,6% inferior a su nivel de febrero y 3% menor al de abril de 2019. Los más afectados fueron las asalariadas y los asalariados del sector privado, en particular de la construcción y hoteles y restaurantes, es decir, actividades afectadas por la cuarentena y que no se pueden operar de manera remota. En abril, “el 19% del total de las empresas relevadas no operó y el 38% de las firmas operó a menos del 50% de su capacidad productiva” (Ministerio de Trabajo, 2020a). Pero mientras el empleo formal se mantenía casi estable, aumentaron con fuerza las suspensiones: en tanto, en marzo de 2020, 4,5% de las empresas recurrían a ellas, en mayo esa proporción llegaba a 17% y afectaba a 8,8% de los trabajadores (eran menos de 2% en marzo) (ídem).
Está por otra parte el empleo informal. En 2019, alcanzaba a casi 40% del empleo total, y cubría al 35% de las asalariadas y los asalariados, y a casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia (Manzanelli, Calvo y Basualdo, 2020). Este grupo se ha visto mucho más afectado, por no estar protegido por las normas que restringen los despidos o por depender de trabajos “al día a día”. De acuerdo con una encuesta de la Universidad Católica Argentina realizada en el AMBA entre el 7 y el 10 de mayo de 2020, el 56,1% de la mano de obra sin seguridad social está suspendida o dejó de trabajar y 19,4% perdió el empleo desde el inicio de la cuarentena (Donza, 2020).
La remuneración de los trabajadores estables (RIPTE), que habían progresado 9% en términos reales durante el primer bimestre de 2020, perdió 3,7% en el bimestre siguiente. La remuneración de las asalariadas y los asalariados del sector privado, que incluye pagos adicionales, horas extraordinarias, viáticos, etc., sufrió una caída mayor: -9,4% entre febrero y abril (Ministerio de Trabajo, 2020b). La encuesta ya mencionada de la UCA indica que las personas más afectadas han sido
