públicas que se están implementando para capearlo, y, finalmente, propondremos un balance preliminar del resultado combinado de las políticas sanitarias y económicas así como algunas pautas prospectivas para una agenda transformadora e inclusiva.
El falso dilema de “economía versus derechos humanos”
A falta de vacunas y de un tratamiento efectivo, las únicas medidas eficaces para ralentizar la propagación del virus son las llamadas intervenciones no farmacéuticas. Estas van desde campañas de concientización sobre la importancia de lavarse las manos, promover el distanciamiento social o usar barbijo, hasta el cierre de fronteras, escuelas y universidades, la prohibición de eventos masivos, el toque de queda y la cuarentena. Estas restricciones tienen un costo económico elevado: la limitación de los movimientos de bienes y de personas afecta a numerosas actividades económicas, reduciendo la oferta de bienes y servicios. A su vez, el menor volumen de actividad hace caer los ingresos de trabajadoras y trabajadores, y de las empresas de dichos sectores. Las economías sufren así un doble shock, del lado de la oferta y de la demanda.
Ante esta situación, actores influyentes auspician que “salvemos la economía cueste lo que cueste para proteger a las y los pobres”. Por un número de motivos este enfoque centrado en la economía es falaz. Primero, porque las consecuencias sociales y económicas de la desaceleración económica no están escritas en una piedra sino que son fruto, en gran medida, de decisiones políticas. Una opción sería redistribuir profundamente el exceso de riqueza acumulada entre quienes más lo necesitan en estas difíciles circunstancias.
Además, este enfoque viene acompañado de una falta de entusiasmo por reducir las desigualdades, promover reformas tributarias hacia sistemas fiscales más progresivos, redoblar la lucha contra la evasión tributaria, fortalecer y universalizar los sistemas de protección social y de salud, cuidar a la gente confinada, proteger de manera especial a quienes trabajan fuera de sus casas, desplegar dispositivos específicos para abordar la violencia de género durante el confinamiento, invertir más en la economía de cuidado, asegurar la sustentabilidad social de la deuda, o prevenir las muertes o los problemas de salud debidos a la contaminación y el cambio climático. ¿Qué es entonces, desde este enfoque, “salvar la economía”? ¿A quiénes realmente beneficiaría relajar las políticas sanitarias de manera anticipada para estimular indiscriminadamente la demanda y oferta agregadas? ¿No puede salvarse una economía que asegure la reproducción social antes que la del capital?
Este enfoque en realidad intenta preservar las estructuras de mercado tal como existen, es decir, concentradas e internacionalizadas; es raro que este llamado a “la economía” incluya producciones locales, campesinas, de la economía popular o la autogestiva, ni menos aún la producción no valorizada en el mercado –como el trabajo de cuidado, que recae mayormente sobre las mujeres–. No, economía quiere decir mercado y, más en especial, mercado estructuralmente desigualador. Entonces, en términos reales, “salvar la economía” también significa priorizar el beneficio de una determinada elite.
No se debe abandonar a las personas para que hagan frente a la pandemia por su propia cuenta, como resultado del enfoque de “la economía primero”. En primer lugar, este es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. No existe ninguna fuente del derecho internacional de los derechos humanos que indique, de manera explícita o implícita, que se deba priorizar 1, 5 o 20 puntos de PBI por sobre el derecho a la salud y la vida. Segundo, es una visión de muy corto plazo ya que, desde un punto de vista puramente consecuencialista, miles o millones de personas infectadas y muriendo no parece ser una gran contribución a la economía nacional. De hecho, el contagio de la mano de obra también obliga a clausurar los lugares de producción, por lo que el impacto termina siendo similar o peor al de la cuarentena. Y tercero, tal como el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ha advertido, las políticas sanitarias ineficaces prolongan los contagios y la violencia de los brotes, con lo que la precondición de estabilidad para la recuperación también se demorará. No se observa ventaja alguna en la preservación de la actividad económica en los países que buscaron evitar, demorar o limitar las cuarentenas. Por ende, no poner la salud pública en el centro de los planes de acción gubernamentales no salva la economía, solo conduce a lo peor de ambos mundos.
Una indicación en ese sentido puede verse en el gráfico 1 que presenta, para un grupo heterogéneo de países, el número de muertes por millón de habitantes debidas a Covid-19 y la disminución de su crecimiento económico, que puede atribuirse a la pandemia y a las políticas aplicadas para enfrentarla. Para estimar esto último, se consideró la diferencia entre las proyecciones de crecimiento de 2020 más recientes y las elaboradas a principios de año. Si hubiera que elegir entre salud y economía, entonces los países con más fallecimientos deberían ser aquellos donde la economía sufre caídas más moderadas, y viceversa. No es lo que se observa. Niveles similares de contracción económica son compatibles con valores muy diferentes de muertes por millón de habitantes, como muestra la comparación entre la Argentina, Brasil y México, o entre Noruega y Suecia. Asimismo, los países que sufrieron menor costo económico (por ejemplo, China y la República de Corea) son también los que han tenido menos muertes que lamentar. Lo mismo puede decirse de Alemania, que logra mucho mejores resultados en ambos frentes que Bélgica, España, Francia, Italia o el Reino Unido.
La situación económica y social de la Argentina a principios de 2020
La economía argentina ya atravesaba una situación crítica cuando la golpeó la pandemia. Tras un crecimiento acelerado entre 2003 y 2011, entró en una meseta durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015), y luego en una recesión durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019). Durante esos cuatro últimos años, el PBI per cápita acumuló una caída de 8%, la tasa de inflación se duplicó a 54% anual y la formación bruta de capital fijo a precios corrientes (la tasa de inversión) se contrajo de 15,6% del PBI en 2015 a apenas 13,5% en 2019. Cabe notar que este deterioro se produjo a pesar del importante flujo de capitales externos que recibió el país. Durante el gobierno de Cambiemos se colocó deuda externa (neta de amortizaciones) por 156.000 millones de dólares, en su gran mayoría emitida por el sector público. De este modo, la deuda pública externa pasó de 12 a 46% del PBI entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo trimestre de 2019. Entre esas fechas, la deuda de la Administración Central aumentó de 44 a 92% del PBI, y el pago de intereses pasó de 6,8% a 17,5% de los ingresos tributarios (Ministerio de Economía, 2020). Este aumento de los costos financieros, al que se agregó una caída en la recaudación tributaria, hizo que el déficit fiscal aumentara durante el macrismo, pese a que el gasto primario (esto es, excluyendo el pago de intereses) disminuyó desde 38% del PBI a cerca de 33% en 2019.1
El pobre desempeño económico se vio reflejado en un deterioro de los indicadores sociales. La desocupación abierta creció de 6,5% en 2015 a 9,8% en 2019, en tanto el subempleo pasaba de 8,4% a 12,7% entre esas mismas fechas. También empeoró la calidad del empleo, al aumentar el cuentapropismo y disminuir la proporción de asalariados, desde 76,3% del total de los ocupados en 2015 a 72,7% al cuarto trimestre de 2019. Asimismo, la parte de los asalariados que trabajaban sin descuento jubilatorio crecía de 32,7% a 35,9%. La remuneración real de las trabajadoras y los trabajadores estables (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, RIPTE) se contrajo en 20% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2019. Los ingresos reales de las trabajadoras y los trabajadores no registrados cayeron 29% entre esas fechas. Esta evolución del empleo y las remuneraciones hizo crecer la pobreza medida por ingresos, aunque la discontinuidad en las series estadísticas hace difícil evaluar la magnitud de ese crecimiento. La Universidad Católica Argentina (UCA, 2020) calcula que la proporción de la población que vive en situación de pobreza creció de 28,7% en 2015 a 32,1% en 2018 y 40,8% en el segundo semestre de 2019; a su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que esa proporción creció de 32% a 35,5% entre el segundo semestre de 2018 y el mismo período de 2019. Esto indica que entre 3,5 y 5,5 millones de personas cayeron en la pobreza durante el macrismo.
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