alentar a los gobiernos, órganos y agencias de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales a que consideren los Principios Rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos (Experto Independiente, 2018). Para asegurar el cumplimiento de los estándares sistematizados en esos Principios Rectores es necesario que se lleven a cabo esas mismas evaluaciones, tanto ex ante como ex post. En este trabajo intentamos aportar elementos para la realización de tal evaluación, que aún no se ha hecho en el país.
La consistencia de las políticas económica, monetaria, fiscal, financiera, social y de salud es clave para la realización de los derechos humanos ya que esta suele verse afectada por la escasez de recursos. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2º), del que Argentina es parte, los Estados tienen la obligación de generar, asignar adecuadamente y aprovechar al máximo los recursos disponibles para asegurar la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
En la Argentina, las políticas mencionadas han tenido resultados destacables en el área de la salud. Es sabido que la cifra de contagios y de muertes por Covid-19 es difícil de establecer, y que las diferentes políticas de testeo y de registro de los fallecimientos, así como las distintas estructuras demográficas, dificultan las comparaciones internacionales. Asimismo, los países se encuentran en distintos momentos de la epidemia, y no es posible todavía evaluar la totalidad de sus costos humanos y económicos. Con todo, se puede observar que la Argentina ha logrado hasta ahora contener mucho mejor que otros países de la región (y de fuera de ella) los contagios, los fallecimientos y la tasa de letalidad de Covid-19 (cuadro 2). No solamente cabe señalar el rol de la política sanitaria y la inversión en ese sector, que están logrando evitar la saturación del sistema hospitalario, sino las políticas de apoyo económico a las familias vulnerables que les hizo posible respetar la cuarentena mejor que en otros países.
Es difícil evaluar los efectos económicos de estas medidas puesto que a la situación crítica pre-Covid-19 se sumó una depresión económica global. Aun reconociendo el carácter contrafáctico de este ejercicio, se debe señalar que la política sanitaria estricta no parece haber castigado de manera adicional las variables económicas si se compara el nivel de desaceleración económica con diferentes países (ver gráfico, p. 123): salvar vidas no ha implicado una mayor recesión económica que los países que han demostrado desprecio por las políticas sanitarias reconocidamente eficaces.
Las acciones estatales de apoyo económico a las familias y empresas, además de tener una justificación inmediata en la protección de los derechos humanos, la subsistencia de sectores vulnerables, la preservación de fuentes de trabajo y el aseguramiento de la producción y distribución de bienes y servicios esenciales, son además reveladoras de demandas sociales insatisfechas y exclusión social de larga data.
En ese sentido, destacamos la magnitud de la demanda por el IFE (doce millones de pedidos, de los cuales se aprobaron nueve millones), que reveló la extensión de la población desprovista de ingresos estables. Quedó también a la vista el escaso acceso a los servicios financieros de esos grupos sociales y la insuficiente cobertura geográfica de sucursales y cajeros bancarios en los barrios populares. Más aún, la lentitud y las reticencias que mostró el sistema bancario para distribuir créditos garantizados por el Estado entre las micro, pequeñas y medianas empresas evidenció que se trata de agentes que no son normalmente objeto de crédito: los bancos se han especializado en financiar el consumo y en comprar títulos públicos y letras del Banco Central a tasas de interés elevadas antes que en respaldar la producción, sobre todo la de pequeñas empresas. Por último, las exigencias que enfrentó el sistema fiscal pusieron el foco en su carácter regresivo y en las dificultades que enfrenta para responder a una emergencia. Del lado positivo, la capacidad de respuesta que está mostrando el sistema científico e industrial para elaborar y producir en poco tiempo insumos críticos para el sistema de salud revela la potencialidad que tiene el país para desarrollar producciones de alto valor agregado cuando sus actores reciben apoyo estatal.
De este modo, la pandemia está cambiando la agenda económica y social. Como también se observa en el resto del mundo, surgen reclamos por una “nueva normalidad” que se sitúe en un sendero de desarrollo inclusivo en lo social, económicamente sustentable y respetuoso del medio ambiente. Es probable que algunas medidas de emergencia, como el Plan Argentina contra el Hambre, se prolonguen más allá de la pandemia. La continuidad del IFE está en discusión, así como su alcance: ¿debería mutar en un ingreso universal permanente, o focalizarse en los grupos más vulnerables? Sobre todo, surge la necesidad de incorporar a esos grupos en el mercado laboral formal. A ello apunta el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, así como el plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y otras iniciativas destinadas a crear nuevas unidades de producción e impulsar sectores intensivos en mano de obra. Ya se han anunciado planes en ese sentido (Argentina Construye, Argentina Hace), que deberían atender las necesidades insatisfechas de infraestructura y de vivienda, y reactivar el sector de la construcción. Otros programas lanzados durante la emergencia pero que podrían apoyar una transformación productiva de mediano y largo plazo apuntan a reactivar la industria del conocimiento, mejorar la conectividad y apoyar la agricultura familiar, campesina e indígena.3
Una agenda transformadora a mediano plazo, que tenga en cuenta la experiencia argentina y los cambios en el resto del mundo, requiere un Estado presente y solvente, y un sistema financiero que retenga los ahorros de los residentes dentro del país y financie la producción. Es por ello que, más allá de medidas puntuales, como sería la imposición de un aporte por una única vez a los principales patrimonios del país, lo que se plantea ahora es la necesidad de una reforma fiscal que establezca un sistema tributario más justo y eficiente, que reduzca la evasión, que sirva como instrumento de la redistribución progresiva del ingreso y que ofrezca al Estado los recursos necesarios para las nuevas demandas que tendría que asumir. Asimismo, es clave modificar la lógica de funcionamiento del sistema financiero, que se ha alejado de su tarea de financiamiento de la inversión y la producción y se convirtió en eje de una economía especulativa y exportadora de capitales privados.
Estimación de la pérdida de crecimiento del PBI causada por la pandemia en 2020 y número de fallecimientos por millón de habitantes, 25 de agosto de 2020, países escogidos
Países considerados: Alemania, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República de Corea, España, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Italia, Japón, México, Noruega, Pakistán, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Turquía.
Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial (2020), Comisión Europea (2019, 2020), Cepal (2020), FMI (2020), J.P. Morgan (2020), OCDE (2020) y Worldometer (2020).
Cuadro 1. Argentina: medidas de asistencia y planes para enfrentar la pandemia, número de beneficiarios y monto total distribuido, marzo a julio de 2020
| Medidas | Beneficiarios, número de personas o empresas | Monto de la prestación en pesos | Costo fiscal (millones de pesos) | Crédito total (millones de pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Transferencias a las familias | 339.763 | 22.500 | ||
| Suplemento tarjeta Alimentar (un mes) | 1.530.000 | 4.000 a 6.000 | 7.718 | |
| Refuerzo alimentario: jubilados | 500.000 | 1.600 | 2.592 | |
| Refuerzo alimentario: comedores, provincias y municipios | s/d | 32.478 | ||
| Refuerzo seguro de desempleo | 1.800 | |||
| Bonos a jubilados por 3.000 pesos | 3.160.000 | 3.000 | 9.500 | |
| Bonos a beneficiarios de auh y ae | 2.300.000 | 3.103 | 7.092 | |
| Bonos a trabajadores de la salud | 20.000 | 12.066 | ||
| Bonos
|
