particulares) por la prohibición de circulación y la suspensión de un gran número de actividades al inicio de la cuarentena. Esto trastocó no solamente su dinámica laboral y sus ingresos económicos, sino también la modalidad en la que muchas familias de sectores medios-altos y altos resolvían sus tareas de reproducción doméstica a partir de la contratación de fuerza de trabajo externa al propio núcleo familiar (muy frecuentemente una contratación de carácter informal y precario). De igual manera, las mujeres habitantes de barrios populares vieron crecer el peso de sus tareas de reproducción doméstica, tanto por la mayor proporción de presencia de menores de diez años en los hogares de clases populares como por la pérdida de una dinámica social en la que las instituciones escolares resuelven varias horas al día de cuidados, tanto en lo concerniente a las personas como a la resolución de otras tareas y recursos como la alimentación.
También se afectó la provisión de los comedores populares, que sobre todo en períodos de crisis cumplen un rol central en las necesidades alimentarias de las familias más pobres. Muchos de ellos son gestionados en forma comunitaria, pero con recursos provenientes del sector público en sus diferentes niveles. Ellos vieron interrumpida su provisión de alimentos (cuestión que fue resolviéndose lentamente con el paso de los días en cuarentena) y debieron modificar su patrón de distribución de viandas para evitar aglomeración de personas, lo cual también implicó dificultades organizativas, y, finalmente, vieron desbordada su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente. Finalmente, el territorio ha implicado una suerte de punto de mediación para el procesamiento de una información que, al comienzo del período de aislamiento social, resultó tan abundante como equívoca y confusa. En otras palabras, se constituyó en una estructura de mediación fundamental para el acatamiento de las medidas y las disposiciones oficiales en los territorios populares. Encontramos evidencias claras sobre el peso de las estructuras organizativas, el capital político y los liderazgos locales o territoriales previos a la pandemia en la gestión de la crisis de logística y aprovisionamiento, y en la contención de las poblaciones de los barrios populares.
Derecho a la conectividad y la información
La reciente sanción de la ley de teletrabajo1 y la modalidad de “continuidad pedagógica” adoptada por el sistema educativo en sus diversos niveles en torno al proceso formativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país han puesto nuevamente en el centro del debate contemporáneo el acceso a la tecnología e información como parte de una nueva generación de derechos de la población. También como un rasgo característico de la época, muchos de los gobiernos de la región intervinieron sobre la denominada “brecha digital” entre las clases a partir de las políticas de “un niño, una computadora” distribuyendo equipos informáticos como en el caso del programa Conectar Igualdad en nuestro país.
Los debates académicos actuales plantearon la necesidad de renovar las categorías para pensar la desigualdad social en clave tecnológica, sosteniendo que la sola “posesión” de equipamientos, el mero “acceso” y el concepto de “brecha” resultaban insuficientes en un escenario de progresiva universalización de las tecnologías digitales de información y comunicación (Benítez Larghi et al., 2015). Si bien las observaciones de estos investigadores en torno a la necesidad de pensar la centralidad de la apropiación tecnológica en los procesos sociales de desigualdad resultan acertadas en el actual contexto, el marco social de la pandemia mostró que el diagnóstico y la identificación de una tendencia a la cuasi universalización resultaron al menos apresurados en una serie de sentidos.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-PISAC), para 2014-2015 aproximadamente uno de cada tres hogares en el país no contaba con ningún tipo de equipo informático (ni computadora de escritorio ni notebook) apto para realizar trabajo escolar o tareas laborales. Las cifras que arrojan las pruebas PISA para la Argentina en 2018 son muy similares (tres de cada diez estudiantes no cuentan con equipos informáticos para realizar trabajo escolar en sus hogares), aunque el relevamiento cubre solamente la población escolarizada de quince años, por lo que presumiblemente la situación ha empeorado. Además, si consideramos lo que ocurre en el primer quintil de ingresos de la población, son cinco de cada diez las familias que no cuentan con los dispositivos básicos necesarios para virtualizar la educación de sus hijos. Desde 2015, la gestión de gobierno de Cambiemos discontinuó las políticas de distribución de equipos informáticos tales como el programa Conectar Igualdad, por lo que no podemos pensar en otra cosa que en un agravamiento del proceso de incremento de la desigualdad. Por otra parte, cinco años después de la interrupción de la distribución de equipos, muchos de los jóvenes que aún cuentan con notebooks, cuyo acceso estuvo garantizado por una política pública, poseen tecnología en proceso de obsolescencia, dificultando el acceso digital al aprendizaje.
A esto se suma una desigual distribución de los servicios y los conocimientos necesarios para apropiarse de las potencialidades estratégicas de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en su dimensión educativa como laboral (Benítez Larghi et al., 2015; Grillo, Benítez Larghi y Papalini, 2016). Para 2014-2015, los datos de la ENES-PISAC señalan que apenas 5 de cada 10 hogares tenían conexión a internet, mientras que en el primer quintil de ingresos poseían conexión entre 2 y 3 de cada 10 hogares. Por otra parte, como afirma en una publicación reciente Diego Rosemberg (2020), el mero acceso a internet es condición necesaria pero no suficiente para participar en el mundo escolar: el ancho de la banda condiciona la posibilidad de cargar videos, descargar materiales pesados y participar de las plataformas educativas y las clases sincrónicas, mientras que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el 40% de los estudiantes secundarios participa de la continuidad pedagógica a través de conexión celular con servicio prepago.
Como señalan Carina Kaplan y Juan Ignacio Piovani (2018), entre los mayores de treinta años apenas seis de cada diez declaran tener conocimientos de manejo de PC, por lo que una alta proporción de las madres y los padres puede sufrir serias dificultades (que se suman y se acumulan sobre los obstáculos que ya condicionaban las trayectorias y los rendimientos escolares de sus hijas e hijos en el contexto prepandemia) para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el trabajo de aprendizaje virtual.
Prácticamente fuera del debate público se ubican los espacios urbanos/rurales. Casi un millón de estudiantes en la Argentina asiste a escuelas rurales y tiene a la institución educativa (hoy cerrada) como único punto de conexión a internet. Ante esta situación el Ministerio de Educación distribuyó las series de los cuadernos Seguimos educando (24 millones de unidades) en soporte papel, con una gran complejidad logística, para proponer una alternativa a aquellos hogares y territorios aún más “desconectados” (Rosemberg, 2020). Sin embargo, esta iniciativa no desactiva que nuevos procesos de segmentación se sigan acumulando encastrados sobre las fuertes estructuras de desigualdad educativa que atraviesan nuestro sistema.
Estructuras históricas consolidadas, tanto o más rígidas que las que señalamos en los párrafos anteriores, limitan la reconversión de las dinámicas laborales cotidianas hacia el teletrabajo. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (EPH-Indec) en el tercer trimestre de 2019, apenas el 25% de las trabajadoras y los trabajadores ocupados utilizaban sistemas informáticos en su trabajo. Para la misma época, 7 de cada 10 personas ocupadas en la Argentina estaban insertas en puestos de calificación baja (operativo o no calificado). Rosemberg (2020) señala que antes de la cuarentena apenas el 5% de las personas ocupadas declaraba realizar tareas laborales desde sus hogares. En este marco, y sin tomar en cuenta siquiera las problemáticas de desempleo e informalidad laboral –que por cierto son considerablemente superiores a las de dos o tres años atrás (Beccaria y Maurizio, 2020)–, podemos proyectar que al menos 3 de cada 4 trabajadoras y trabajadores ocupados presentarían condiciones laborales problemáticas para virar hacia modalidades de teletrabajo, mientras que quienes han realizado este cambio han vivido procesos de desestructuración de la división entre tiempos de trabajo y tiempo familiar, de ocio y de descanso, generando diversos
