de un superior para cumplir con un número muy abultado de vacantes (y cumplir así con los indicadores de actividades planeadas y presupuestadas), más que para constituir un estudiantado con un interés genuino en el tema y que influya en la dirección de la práctica después de adquirir los conocimientos brindados. Desde esta perspectiva, concluimos que sería importante asegurar que los estudiantes que participan de estas capacitaciones sean conscientes de los desafíos de estos aprendizajes y que se comprometan con propuestas reales que incidan en el ámbito gubernamental o social.
Finalmente, la experiencia también nos mostró que la inversión en capacitación en género en el contexto de un servicio civil de carrera débil, como el mexicano, podía terminar en saco roto. En un seguimiento de los egresados de uno de estos diplomados, se descubrió que el 40% había rotado de puesto o había sido despedido de la administración pública federal a los seis meses de concluido el curso. Si bien comprobamos que muchas de las ideas, conceptos y habilidades habían permeado exitosamente, la cifra de rotación o despido del personal capacitado nos indicaba que si bien se había conformado una “masa crítica”, no era posible garantizar que esos egresados impactaran en el área de trabajo desde la que habían accedido a la capacitación, por el simple hecho de que ya no se encontraban empleados allí. Esta evidencia contravenía los discursos y planificaciones que ubicaban a la capacitación, entendida en la forma de diplomados, como centro exclusivo y suprademandado de una estrategia de incidencia en el tema de género.
Con estos aprendizajes en mente, la Maestría en Políticas Públicas y Género se propuso evitar estos obstáculos y persiguió consolidar los efectos positivos que las capacitaciones anteriores habían logrado (como la de haber conformado “masas críticas”, inicialmente interiorizadas en el tema). Se estableció, por lo tanto, un compromiso explícito con las instituciones participantes para que enviaran estudiantes que tomaran o propusieran efectivamente decisiones y cursos de acción en diferentes niveles, se abrió la convocatoria a quienes realmente estuvieran interesados en el tema, se supervisó el número de participantes, a medida que se avanzaba en la formación, y se elevaron a lo largo de diferentes etapas las exigencias para quienes quisieran obtener el título de maestra(o).
En este contexto, el libro que las lectoras y los lectores tienen en sus manos se ha planteado transmitir las perspectivas que resultaron más eficaces para trabajar sobre proyectos de incorporación de la PEG, que, como tesinas finales, fueron elaborados y propuestos en las respectivas áreas por parte del estudiantado. No se trata, entonces, de una guía inicial sobre género que por lo general empieza tratando de esclarecer de qué se trata el género —para lo cual ya contamos con abundante y excelente material desarrollado a lo largo de una primera etapa seminal de capacitación—.[1] Más bien aquí se da por hecho que tal fase ya ha sido revisada e interiorizada y que la o el profesional se encuentran en un momento posterior, concretamente, ante el desafío de transversalizar la PEG en su área de política pública y que, como es de esperarse, pasan por un momento de perplejidad. ¿Cómo incluir exitosamente y de manera estable la PEG en el campo de política que la/lo ocupa? Aquí ofrecemos tres dimensiones fundamentales para trabajar en ello: las reglas, las redes y los recursos. Con esta base se propone analizar la política de género e incidir para su incorporación firme y estable en el tiempo. Estas dimensiones son el producto de investigar y analizar experiencias de transversalización de la PEG y sus resultados, las cuales se desarrollan, a manera de ilustración, en el último capítulo de este libro.
En especial la cuestión de las reglas (instituciones) y las redes (actores, socios: stakeholders de política pública) ha sido menos estudiada, o se la ha ubicado en una perspectiva amplia que incluye procesos políticos y teorías sobre los movimientos sociales, ventanas de oportunidad o sobre la relación sociedad civil-Estado (Guzmán, 2001; Guzmán y Janotti, 2008). Consideramos que este último enfoque es imprescindible y sumamente valioso. Quien quiera conocer con detalle estos procesos, debe abordar esta literatura. Sin embargo, la práctica de la enseñanza, en particular a público que no cuenta necesariamente con una formación académica en ciencias sociales, resultaría un poco confusa si sólo se tomara como base esa parte de la literatura.
Se requieren otras precisiones conceptuales, las cuales implican la adquisición de nuevas habilidades técnicas que conectan más con la literatura en políticas públicas, a la que acuden generalmente quienes se dedican al servicio público. Y, por ende, esta conexión puede generar círculos virtuosos que ayuden a lograr mejores incidencias.
Ello no significa que se descarte la literatura sociológica y política. Tampoco que se releguen los importantes desarrollos que han aportado las diferentes teorías feministas. Todo lo contrario. Lo que proponemos es complementar dichos desarrollos para que los estudiantes, activos en el campo de las políticas públicas, puedan volver sobre aquella literatura seminal de una manera más conectada con sus propios saberes.
Antes de continuar, cabe resaltar un punto específico relativo a la relación entre teoría y práctica. La literatura técnica sobre institucionalización e instituciones y género ha sido polémica y, muchas veces, desestimada. ¿Para qué prestar atención siquiera a las reglas si en nuestros países “todo se decide en lo oscuro”? ¿Para qué, si las reglas terminan siendo más “letra muerta” que marco real en la práctica? ¿Para qué, si lo que importa fundamentalmente es la voluntad política de quienes “están arriba”? Éstas y otras preguntas realizadas tanto por estudiantes, como por académicas, acompañan la enseñanza de la dimensión institucional. En buena medida, estas preguntas tienen asidero.
En nuestras latitudes, la práctica se muestra pletórica de ácidos ejemplos que contribuyen a dichos cuestionamientos. Sin embargo, en la investigación descubrimos que también existen casos (como el que inicia el primer capítulo) en los que las acciones pro género pudieron transversalizarse efectivamente de manera coyuntural, esto es, incorporarse a una política pública con base en las relaciones y la voluntad política de las o los coordinadores de una secretaría o de un área, sin que ello perdure necesariamente en el tiempo.
Lo anterior se debe a que, al desaparecer la persona al frente del cargo en cuestión sin haber transformado su buena voluntad en reglas estratégicas, las políticas se diluyeron o quedaron en una posición más débil que si se hubieran acompañado con algún proceso de institucionalización. Claro, esto tampoco es garantía. Sabemos que en nuestros ámbitos de políticas existe una abundante habilidad en la aplicación del principio que indica que “hecha la ley, hecha la trampa”, sin embargo, la evidencia muestra que resulta útil construir una o más barreras a la arbitrariedad de las preferencias políticas cuando los vientos se revierten y se tornan desfavorables al enfoque de género.
En otras palabras, la dimensión de instituciones e institucionalización para incorporar la PEG en la política pública es una condición necesaria pero no suficiente. Debe combinarse eficazmente con las dimensiones de redes y de recursos. De hecho, ninguno de estos ingredientes es suficiente por sí mismo, sólo son eficaces en combinaciones precisas y flexibles para cada contexto. Por lo tanto, se requiere conocer qué combinación de ingredientes contribuye a generar marcos institucionales más o menos estables para la incorporación de la PEG, más que aplicar irreflexivamente recetas únicas.
Con estas advertencias en mente, este libro se estructura en cuatro capítulos: el primero se dedica a enunciar las bases teóricas sobre feminismos, género y sobre política pública con PEG desde las que partimos. Una vez explicados estos puntos de partida, se continúa con el tema de las instituciones y la institucionalización de la PEG. Allí se ofrecen algunas precisiones conceptuales acompañadas de algunos ejercicios prácticos.
Hacia el final del primer capítulo se dedica un apartado al tema de las instituciones o reglas informales, y se discute de nuevo en qué medida la perspectiva institucionalista sería de utilidad para la incorporación de la PEG en contextos tan esquivos a las reglas como los imperantes en América Latina.
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