ocuparán destacados lugares en los futuros organismos cinematográficos estatales.
La transición hacia la Nueva Argentina
Los años previos a que Juan Domingo Perón asuma la presidencia argentina fueron particularmente prolíficos en lo que respecta a los discursos para que el Estado regule, promueva, difunda, funde y sobre todo utilice las nuevas tecnologías para formar la Nueva Argentina.6 En esta dirección se inscriben una serie de propuestas legislativas con el objeto de debatir el rol de la política pública respecto de la cinematografía y de la radiofonía.
Más antecedentes de la utilización del cine como auxiliar educativo pueden rastrearse en los fundamentos del proyecto de ley enviado al Congreso por el diputado laborista Leandro Reynes en 1946, quien creó la Dirección Nacional de Cinematografía Educativa (Argentina, 1946: 11).7 Allí se ponen como ejemplos iniciativas similares en diversos países como Francia e Inglaterra, a la vez que se destaca lo cuantioso del presupuesto estatal en Europa comparado con lo exiguo de los fondos destinados en la Argentina para similares fines, razón por la que aboga por una mayor intervención del gobierno. El legislador autor de la propuesta menciona a pedagogos de prestigio, como Víctor Mercante y Pablo Pizzurno, quienes propiciaron el uso de fotogramas en las aulas argentinas, a la vez que expone diversas iniciativas que procuraban institucionalizar la cinematografía como recurso pedagógico.
El 10 de abril de 1940 ya se había tratado de solucionar el problema creando la Comisión de Cinematografía Escolar, la cual aconsejó la adopción de películas de 16 mm y el Consejo se expidió favorablemente. Terminada la función de esta comisión, se nombró el 16 de noviembre de 1942 una segunda, con el cargo de estructurar la aplicación del cine en las escuelas (Argentina, 1946: 14). El diputado Reynes explica que en el momento de presentar su proyecto existían dos organismos creados previamente que tenían atribuciones sobre el cine educativo: la Oficina de Ilustraciones y Cinematografía Escolar y la Comisión Especial de Cinematografía y Cineteca. Vale la pena aclarar que el diputado no era un novato en la materia, ya que había publicado en 1937 una obra llamada El problema del cinematógrafo para los niños, en la cual expone sus postulados acerca del doble rol de la cinematografía escolar: por un lado, como auxiliar de la enseñanza y, por el otro, como factor relevante de la educación moral (Reynes, 1937: 5). Empero, para el legislador, periodista de profesión, lo hecho hasta el momento de la fundación de la Dirección fue “esporádico, inorgánico e incompleto”. Finalmente, el 28 de agosto de 1946 se creó la Dirección Nacional de Cinematografía Educativa, con el objetivo –según lo esgrime su artículo 1º– de abarcar todo lo relacionado con la utilización de la cinematografía como auxiliar didáctico en las tres ramas de la enseñanza –con referencia a la instrucción intelectual, moral y física–, en el territorio de la Nación, y de ocuparse en general de cuantos problemas se vinculen con el empleo del cinematógrafo como agente de educación y cultura (Argentina, 1946).
En simultáneo, Reynes presentó los lineamientos de un proyecto de ley que abogaba por la creación de un departamento de cinematografía educativa, tendiente a recuperar “los atributos sublimes de la nacionalidad” (Argentina, 1946), en lo concerniente al cine pedagógico y sus funciones escolares. A partir de la fundamentación que esgrime, es posible interpretar dos caras de una misma moneda: la centralidad estaba hasta entonces en manos de la injerencia extranjera –en especial inglesa y estadounidense–, por intermedio de instituciones culturales que trabajaban asociadas a las embajadas de esos países, a la vez que, como anverso, puede pensarse que ello justificaba no solo el fomento estatal del cine educativo, sino también la intervención de los contenidos fílmicos, realzando lo nacional en las imágenes.
No debemos olvidar que la enseñanza en nuestro país debe estar fundamentalmente a cargo de nuestros maestros quienes, con el auxilio de un cinematógrafo hecho con sentimiento y orientación argentinos, podrán modelar con más cariño el carácter nacional y mantener más vivo el culto de las mejores tradiciones de nuestra patria. (Argentina, 1946: 18)
En lo que respecta al rol estatal en la radiofonía, cabe señalar que entre 1945 y 1948 se presentaron una serie de proyectos legislativos, algunos de los cuales llegaron a sancionarse, que procuraban que el Estado administrara los contenidos de lo que debía escucharse masivamente y los alcances técnicos radiales. Aunque había un consenso en la responsabilidad política que le cabía a lo público –a tono con los antecedentes y la coyuntura global, especialmente en un mundo que todavía no salía completamente de los totalitarismos–, también existieron voces contrarias a que el Estado gestionara los contenidos radiales por los riesgos de su centralización. En este sentido puede citarse el proyecto presentado por el opositor diputado radical Silvano Santander, en el cual solicita a las autoridades del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones en el Congreso Nacional sobre determinadas cuestiones. Entre otras, se destaca, según el autor del proyecto, la demasiado reiterada interrupción de las programaciones radiales, que deben cortar su habitual desarrollo “varias veces al día, a cualquier hora y en cualquier circunstancia, conectando con Radio del Estado, para transmitir discursos o noticias intrascendentes, siempre de carácter político” (Argentina, 1947a: 3).
En la vereda opuesta existieron también propuestas legislativas que vislumbraron positivamente el papel del Estado en la promoción de la radio, en particular en lo que hace a su uso como recurso educativo. Los diputados César Guillot, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y Héctor Susaista Seeber, del Partido Laborista,8 presentaron en 1946 un proyecto que abogaba por la creación de una red nacional de radiodifusión. En la argumentación desplegada por los legisladores se observa un claro posicionamiento de que es el Estado el principal actor en lo que respecta al uso de los modernos medios de comunicación, en este caso radial. “Hay dos intereses que no pueden marchar de acuerdo: los desinteresados del Estado y los económicos de las empresas. Por ello la misión educativa debe estar a cargo del Estado, dejando a los segundos la parte amena de los programas radiotelefónicos” (Argentina, 1947b: 7). En el proyecto se proponía crear una serie de instituciones oficiales encargadas para tal fin: los departamentos radiofónicos técnico, artístico y didáctico. La fundación de este último se argumentaba en la necesidad de “atender la Escuela del Aire, creada por decreto 1474/39, medio eficaz para educar e instruir complementando la función docente del maestro, la Radio Rural instituida por decreto 13.387/45 y el Instituto de Locutores y Expertos en radiodifusión para la formación metódica de personal debidamente capacitado para el ejercicio de las diversas funciones radiotelefónicas” (9). Es decir, en la justificación de por qué debía erigirse un departamento didáctico puede observarse el reconocimiento de que ya existían experiencias previas donde la radio era utilizada con fines educativos, pero también se admitía que ellas se encontraban limitadas por la escasez presupuestaria y el limitado despliegue del necesario contralor estatal.
Precisamente, con el cambio de gobierno y la asunción de Perón como presidente el 4 de junio de 1946 comienzan a transformarse, por lo menos paulatinamente, los usos de la radio y del cine como dispositivos pedagógicos. En lo que refiere al cine educativo y en línea con lo planteado por Reynes en 1946, una clave de la etapa peronista en materia de fomento del cine escolar pasó justamente por la producción de contenidos desde una óptica nacionalista –a tono con el contexto internacional–, reivindicando de este modo el afianzamiento y la (re)significación de un sentido de pertenencia argentino legitimado y de una sensibilidad peronista legítima. Ello es particularmente evidente con la institucionalización, primero, de la Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar en 1948 y, luego, del Departamento de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar en 1949, lo cual supuso la institucionalización estatal centralizada en materia de dispositivos tecnológicos pedagógicos, especialmente la radio y el cine educativo.9
Más allá de esta entidad gubernamental, también se desarrolló una serie de experiencias en este sentido. Por caso, es emblemática en esa dirección la realización de una película llamada Batalla de Maipú (1948) sobre el histórico conflicto bélico en el marco de la guerra de la independencia
