puntual y profundo de temáticas como las relacionadas con las luchas de las mujeres en escenarios de contienda política, o la investigación sobre feminicidios en el estado de Chiapas (Perla Fragoso), así como acerca de lo que significa ser joven afromexicano en el estado de Oaxaca (Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez). Otro de los acercamientos etnográficos es el desarrollado por Susana Flores, quien para trabajar con las mujeres indígenas en condición de prostitución tuvo que recorrer bares, prostíbulos, las colonias marginales de San Cristóbal de Las Casas, presenciar y vivir los miedos que estos contextos violentos conllevan. No es una cuestión menor si consideramos que poco se ha estudiado la prostitución en contextos indígenas, a lo que se sumaba su condición de fuereña y la poca apertura para que las mujeres compartieran sus vidas y trayectorias. Se trata, en síntesis, de un libro que contiene distintas perspectivas teóricas e igualmente distintos modelos metodológicos para emprender los estudios antropológicos.
En cuanto a la presentación de los capítulos del libro se han organizado en cuatro grandes ejes temáticos, el primero denominado “Autonomías, mujeres y resistencias en contextos de violencia”, está conformado por tres capítulos que enfatizan la agencia de las mujeres indígenas para configurar resistencias ante escenarios de violencia estructural y la emergencia de dinámicas organizativas, políticas, así como las estrategias para edificar proyectos autonómicos indígenas, en esta dirección, las autoras reflexionan sobre ¿cómo se configuran proyectos de autonomía y de resistencia en el marco de naciones plurales?, ¿cómo se normalizan las violencias hacia las mujeres indígenas en contextos comunitarios? y ¿cuáles son los retos que deben enfrentar los pueblos indígenas y sus mujeres cuando se comprometen con un proyecto autonómico en un escenario de múltiples faccionalismos? Las respuestas la encontramos en los trabajos de Gema Tabares y Cristina Hernández, quienes desde hace años realizan pesquisas colaborativas, éticas y comprometidas con las comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero; mientras que el trabajo de Carmen Cariño es el resultado de sus investigaciones y reflexiones del drama social que han vivido las mujeres desplazadas del municipio de San Juan Copala, a las que ha acompañado a lo largo de los últimos años en su doloroso camino y que las ha llevado lo mismo a la ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México e incluso a ciudades norteñas como Tijuana y Mexicali, en Baja California.
Gema Tabares está interesada en compartir la forma en que las esperanzas se difuminan en el marco de la violencia estructural fabricada por relaciones y campos de fuerza identificables que predominan en Guerrero. Siguiendo la categoría analítica propuesta por Myriam Jimeno, “comunidades emocionales” y a partir desde su experiencia antropológica en campo, expone cómo a pesar de este escenario de violencias variopintas, las mujeres de la comunidad de El Mezón, del municipio de Ayutla de los Libres, participan en defensa de la territorialidad y del tejido social comunitario; es decir, demuestra el papel agencial de las mujeres en la construcción y búsqueda de paz que decantó en la defensa de su derecho a ejercer la libre determinación. Asimismo, la autora explica el proceso organizativo y político de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a partir de la experiencia mezoneña. Muestra cómo El Mezón se configuró en una “comunidad emocional” para enfrentar los asesinatos, violaciones, robos y secuestros que enlutaban sus vidas, y que decantó en un proceso organizativo en el nivel municipal que tenía como horizonte inmediato la defensa de las normas y procedimientos que regulan la vida cotidiana. Encuentra los mayores aciertos de este ejercicio en la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía, y en la instalación en su comunidad de una de las sedes de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur). Tabares afirma que el salto cualitativo para la constitución de esta “comunidad emocional” fue fundamental para diseñar su proyecto autonómico, expresado hoy en la construcción de una nueva estructura de gobierno comunitario en Ayutla de los Libres.
Desde otra mirada y otra realidad contrastante, Cristina Hernández sitúa sus reflexiones en la vecina región de la Montaña de Guerrero y desde allí da cuenta de las violencias normalizadas contra mujeres mè’phàà y na savi, se cuestiona el porqué de la prevalencia de la discriminación, la exclusión y su vínculo con el permanente estado de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. Situación que se constituye como una de las grandes paradojas de esa región, si consideramos que los pueblos de la Montaña han sido protagonistas de una de las experiencias más exitosas de pacificación e impartición de justicia comunitaria, en una zona que vivía asolada por la violencia ejercida por el crimen organizado. Son ampliamente reconocidos los éxitos de su policía comunitaria y su sistema de justicia comunitaria, que suman ya más de 25 años en la región (Sierra, 2018). Sin embargo, a pesar de la búsqueda e impartición de justicia que acumula ya un cuarto de siglo, es sorprendente que a pesar del amplio trabajo de concientización y politización de la región, que es importante mencionar, ha tenido como uno de los ejes de discusión comunitaria las violencias de contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de este vigoroso proyecto social, la violencia de género que viven las mujeres en el ámbito de sus hogares no ha logrado desterrarse. Esto, de acuerdo con Cristina Hernández, obedece a que la naturalización de la desigualdad de género se reproduce y perpetúa como uno de los mecanismos de la cultura internalizada entre hombres y mujeres, que explica en buena medida por qué las violencias no sean cuestionadas tanto en el espacio doméstico como en el ámbito público, a pesar del enorme sufrimiento social que provocan. La autora recurre, desde una etnografía narrativa, al análisis del papel que juega la discriminación lingüística cuando se conecta con situaciones donde las mujeres necesitan expresar su opinión y otorgar valor a la fuerza de su palabra para defenderse, dar su testimonio o expresarse en la toma de decisiones. Se trata de la presentación de un escenario que pretende dar cuenta de las dificultades para cambiar la cultura y, por ende, las prácticas violentas y de subordinación que están enraizadas en una doxa y una cultura patriarcal internalizada que no logran ser removidas.
En este mismo eje temático, Carmen Cariño, quién ha trabajado de manera colaborativa y comprometida desde 2008 con mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, analiza ¿cómo se configura la resistencia desde las prácticas de las mujeres indígenas desplazadas?, la autora coloca el término de “desplazadas” para dar cuenta de que las violencias contemporáneas están presentes en todos los espacios donde las mujeres se movilizan y se visibilizan. La autora da cuenta del camino espinoso del desplazamiento forzado del pueblo triqui y, particularmente, expone las múltiples violencias políticas a las que están expuestas las mujeres. Lo conmovedor de este trabajo es que nos contagia la indignación al saber las experiencias dramáticas que siguen enfrentando las mujeres a diez años de la expulsión violenta de sus territorios, y que a pesar o tal vez por eso mismo, ante un panorama tan complejo y violento, las mujeres triquis asumen una agencia política tanto en San Juan Copala, como en los lugares a los que las lleva el desplazamiento forzoso. Es importante mencionar que el tema del desplazamiento es muy reciente en México, pues oficialmente el gobierno mexicano no reconoce como desplazamiento forzoso a la expulsión de personas de sus terruños de origen, sea por conflictos religiosos, políticos o de otra índole.
El debate sobre desplazamiento encuentra su raíz en el año 2006, cuando la entonces Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) impulsó un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) y reconoció que existía población indígena desplazada debido a la violencia generada por conflictos armados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo. La autora explica que el “desplazamiento interno forzado” (DIF) en México ha crecido de forma alarmante debido a disputas por el control de recursos naturales y me gaproyectos de desarrollo, así como a la presencia del ejército y de grupos paramilitares principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. De manera crítica Carmen Cariño señala que pese a este escenario que pareciera ir en incremento, existe una ausencia normativa y discursiva sobre dicha problemática. Únicamente en el estado de Chiapas y Guerrero encontramos normas al respecto, en el caso del primero existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, mediante la cual se estableció la creación de un Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno; mientras que en Guerrero se promulgó la Ley número 487 que está dirigida a prevenir y atender el desplazamiento
