portan gorra, playeras color verde olivo con el logotipo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y también portan escopetas, “para cuidar al pueblo y para las fotos de los antropólogos”,2 el chofer se detiene, uno de ellos pide cooperación voluntaria y los pasajeros cooperan, a velocidad lenta, el taxista reanuda el viaje; entonces aprovecho la pasada del retén para seguir conversando acerca de “la paz” en el estado de Guerrero. Todos los pasajeros dicen que se sienten “más seguros” con los policías ciudadanos que con los “policías del gobierno”.
Varios kilómetros después se encuentra el segundo retén comunitario del SSyJC con la misma dinámica de resguardar el territorio y nuevamente se pide cooperación voluntaria a los carros que transitan por esa ruta. Esta vez sólo cooperan dos pasajeros. “¿Saben qué significa Xaltianguis?” pregunto, y el taxista inmediatamente responde “es una palabra indígena [xalli, tianquiz] que quiere decir mercado de algo [de arena]”.
A partir de agosto de 2013, los habitantes de Xaltianguis, localidad rural del municipio de Acapulco, se organizan para incorporarse a la UPOEG y crear su propio Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que en sus inicios fue protagonizado principalmente por mujeres. Este panorama demostró que en Guerrero “el rey estaba atrapado”.3 Desde una visión institucional, el gobierno ha argumentado que “Xaltianguis no era territorio comunitario”, esto se traducía en diversas disputas que durante su proceso de conformación y actualmente enfrenta la policía ciudadana con las autoridades gubernamentales, principalmente con Seguridad Pública. Los habitantes demuestran con hechos lo que es evidente: falla el sistema de seguridad de las policías municipal y estatal. Existe un posicionamiento axiomático por parte de la policía ciudadana hacia la defensa territorial; con ello, la persecución es constante, esto se puede ilustrar con los fallidos intentos de “desarmar” con operativos encabezados por la Secretaría de Marina y la policía federal a más de 100 policías ciudadanos de Xaltianguis, liderados por Ernesto Gallardo Grande, comandante regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
Llego al crucero de Tierra Colorada. A pocos metros, y en dirección hacia Chilpancingo, se encuentra una base y un retén comunitario del SSyJC de la UPOEG. Aquí realizo una breve parada: las señoras venden atole, los taxistas gritan “¡Las Mesas, falta uno, vámonos!”, los negocios se encuentran abiertos, “no como en Acapulco”4 y los trabajos carreteros aturden con un ruido de maquinaria pesada. Continúo el viaje hacia la comunidad El Mezón, que queda a 42 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla y donde nacen los ideales de la estructura para el orden de seguridad y la conformación del SSyJC, principalmente por la violencia estructural que operaba en los pueblos.
A lo largo de este viaje explico los procesos que han permitido la construcción de un proyecto político de largo aliento: la constitución de la UPOEG (2011), la conformación de la policía ciudadana y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (2012), la fundación de la Universidad de los Pueblos del Sur (2012), para dar cuenta de la raíz del proyecto autonómico relacionado con el ejercicio del derecho a la libre determinación: el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres (2018-2021), electo a mano alzada por la vía de los sistemas normativos internos y no por la de partidos políticos.
Continúo por la carretera “libre”, a 17 kilómetros del crucero de Tierra Colorada se encuentra el primer retén del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Ellos visten una playera de camuflaje militar color azul, la mayoría trae gafas de sol y portan el “fusil de asalto soviético”: AK-47. A partir de 2014, el FUSDEG se desprende de la UPOEG y formaliza su consolidación el 24 de enero de 2015 en Ocotito, municipio de Chilpancingo. Las fracciones se han dado por “fracturas internas” (Plácido, 2018) que se generaron en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
Desde sus comienzos, el FUSDEG y la UPOEG han mantenido “conflictos de carácter político”5 y caminos bifurcados. Los señalamientos entre las dos organizaciones, tal como lo demuestra la información etnográfica, están vinculados a acusaciones de supuestos nexos con los poderes fácticos que participan en el control del territorio; como consecuencia, se han desatado diversos enfrentamientos, como aquellos sangrientos que ocurrieron el 6 de julio de 2015 en la comunidad de Xolapa (municipio de Acapulco) y el 24 de octubre de 2016 en la comunidad Tlayolapa (municipio de Juan R. Escudero). Desde entonces, ambas organizaciones han sostenido reuniones con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con el objetivo de dialogar y “pactar una tregua”, sin llegar a acuerdo alguno.
Sin embargo, a partir de este camino escindido, las tácticas gubernamentales para confrontar a ambos grupos han sido variables e indelebles. Ambas organizaciones han sido cuestionadas por parte de las autoridades gubernamentales por portación de armas de uso exclusivo del ejército, fuera de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada el 15 de febrero de 2011; durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y que entró en vigor el 8 de abril de 2011; justamente en la víspera de que Ángel Aguirre Rivero asumiera el cargo de gobernador.
El viaje continúa por la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, ruta 198; enseguida, en el kilómetro 24, en el entronque a San Juan del Reparo, se encuentra un segundo retén, también del FUSDEG. El coordinador de este frente, Salvador Alanís Trujillo, menciona que ha tenido acciones conjuntas con el gobierno y que, en caso de ser necesario, “se van a replegar a sus bases de operación para que las autoridades hagan su trabajo” (Ocampo, 2016); desde marzo de 2014 ha sido reconocida, en términos simbólicos, como policía comunitaria por parte del secretario general de gobierno, David Cienfuegos (Noticieros Televisa, 2018), a cambio de la instalación de retenes militares en la zona: “Nos dijeron que van a tomar el control de la seguridad, mediante una estrategia conjunta con todas las instituciones de gobierno” (Ocampo, 2016). El FUSDEG tiene sus bases comunitarias principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán y Quelchutenango de la Región Centro de Guerrero.
Mientras observo por la ventana del carro las imponentes montañas y los puestos improvisados de flor de jamaica,6 tamarindo, miel y mamey, voy reflexionando lo que hace algunos años señalaba Héctor Díaz Polanco de que el fenómeno general de la llamada globalización contribuía, sin duda, al surgimiento de una nueva identidad sobre bases étnicas y, por lo tanto, surgía una toma de conciencia colectiva de los pueblos indígenas en el sur mexicano.
Después de una breve parada en la comunidad productora de queso Las Mesas (municipio de San Marco), el trayecto continúa. Ahora, a 29 kilómetros en Chacalapa se encuentra el tercer retén y una comandancia, esta vez del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG. Esta organización se da a conocer ante los medios de comunicación y ante la sociedad civil el 5 de enero de 2013 en la Costa Chica, principalmente en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa. A partir de su surgimiento, la relación entre Estado y los pueblos indígenas ha colocado a debate no sólo el exclamado respeto a las culturas, sino también el derecho a la autodeterminación en Guerrero.
Continuando por la “libre”, en el kilómetro 35 se encuentra el cuarto retén comunitario, igual que el anterior, resguardado por policías ciudadanos del SSyJC de la UPOEG: “todo empezó por el cobro obligatorio a los ganaderos y por el hostigamiento si no pagabas el derecho de piso”.7 La dinámica de este retén consiste, también, en pedir cooperación voluntaria a las personas que transitan con vehículos por esta vía.
Pasando Las Mesas, a la salida de Tecoanapa (municipio del mismo nombre), justo después del Puente Mecatepec se encuentra la “Casa de los 43”, una casa de cemento pintada con murales: “Exigimos justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y esta reivindicación remite a la historia de Guerrero que puede remontarse, según Cirino Plácido, al “hartazgo de los pueblos indígenas ante la negación sistemática de la historia oficial”, hartazgo reflejado en la fundación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencias Indígenas (Plácido, 2018).
