del EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); desde entonces, la criminalización por parte del Estado hacia las luchas del sur guerrerense ha sido perpetua, tal como ocurrió en las comunidades del municipio de Ayutla con la matanza de El Charco8 o con las esterilizaciones forzadas en el Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán.9
En esta senda, Guerrero ha sido un estado en el que sistemáticamente se han violado de forma constante los derechos humanos, económicos, culturales y sociales a causa de un deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de autoridades municipales y estatales (CNDH, 2014); no es casual la premisa de Boaventura de Sousa cuando dice: “sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza” (Santos, 2018); esta esperanza se reflejó en la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (1995) en la región de la Montaña Alta, así como la creación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (2012) en las regiones de la Costa Chica y Centro encabezada por los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio y el párroco Mario Ocampo.
Quiero enfatizar que pocos días después de registrar en términos etnográficos este recorrido, el 7 de mayo del 2019, en el mismo corredor del viaje de Acapulco-Xaltianguis no sólo se complicaba sino que cambiaba el escenario, debido a que se instalaba una base de operaciones mixtas, conformadas por elementos del ejército, la armada, agentes de la Fiscalía General de Estado, de la policía estatal y de Seguridad Pública del municipio de Acapulco con el objetivo de realizar “recorridos con vehículos blindados y sobrevuelos con helicópteros artillados, para el reforzamiento de la seguridad y la protección de los pobladores de Xaltianguis” (Chávez, 2019), esto después de la irrupción de un nuevo Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) que atacó la comandancia de la UPOEG, y que devino en un enfrentamiento que dejó “tres muertos, cuatro heridos, un automóvil siniestrado y un bloqueo a la carretera” (Chávez, 2019). La UPOEG se retiraba del corredor, de acuerdo con su promotor Bruno Plácido para “evitar confrontaciones” (Plácido, 2019).
Me interesa ilustrar que la violencia estructural se expresa en Guerrero en el conjunto de prácticas violentas protagonizadas por el crimen organizado, que fragmenta el tejido social comunitario y amenaza con el control de los recursos naturales; no es gratuito, por ello, entender el surgimiento en el ámbito estatal de aproximadamente 25 sistemas de seguridad creados bajo lógicas comunitarias para hacer frente a la violencia fabricada por instituciones, así como por las relaciones y campos de fuerza identificables, tales como el crimen organizado, los sistemas políticos, el racismo, la inequidad de género y los concomitantes sistemas de opresiones (Bourgois, 2009:2).
Si bien mayoritariamente los sistemas de seguridad ciudadana y comunitaria son protagonizados por la UPOEG y la CRAC, también existen otros, como la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC), el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero (GRUG), el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan y el grupo de autodefensa de Ajuchitlán del Progreso (Comandantes, 2019); es decir, existen otros “grupos de autodefensas” o “grupos civiles armados”, en términos del gobierno actual, que batallan en el campo de la negación del acceso a la justicia y que demuestran la descomposición del Estado mexicano y su complicidad con los poderes fácticos. El reto de construir procesos políticos y simbólicos respetuosos de las luchas colectivas, no compete de manera exclusiva a las y los actores de los pueblos indígenas, sino al conjunto de actores de la sociedad con el fin de establecer las pautas de un aprendizaje mutuo en materias de derechos humanos. ¿Qué puede existir detrás de un proyecto político donde la estructura de seguridad se encuentra mandatada a la máxima autoridad: la asamblea comunitaria?
Con el surgimiento de estos sistemas comunitarios de seguridad, la institucionalidad gubernamental ha operado para inmovilizar la capacidad de acción de la policía conformada por los respectivos pueblos indígenas, mestizos y afromexicanos, esto se ilustra con la última iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional del estado de Guerrero, que rige a la Ley 701 y que presentó la LXI Legislatura en 2018 con 40 votos a favor y uno en contra (Ramírez, Téllez y Ruiz, 2018), donde explícitamente “desaparece la figura de policías comunitarias y rurales”. De igual modo, la misma legislatura, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal incorporó la creación de un “Sistema de Seguridad Comunitario” que “estará delimitado dentro del territorio de sus respectivas comunidades” y la creación de un Comité de la Policía Comunitaria Indígena como órgano de dirección y organización operativa, lo que significa que las policías comunitarias fungirán como organizaciones auxiliares de la seguridad pública estatal. Esta reforma que carece de una perspectiva intercultural, excluye y omite el marco normativo no escrito que regulan la vida comunitaria de los pueblos y que funciona con legitimidad desde la oralidad para resolver sus propios conflictos.
En el camino se pueden observar los platanales, las altas palmeras y los nanchales.10 Enseguida se encuentra el crucero del Zapote que lleva directo a la comunidad de Atocutla, a El Mezón Chico y finalmente a El Mezón.
¿Cuándo llegué por primera vez a esta comunidad? Por cuestiones académicas, en 2012 me acerqué al equipo docente de la Unisur11 y de manera precisa me invitaron a que asumiera una responsabilidad en una próxima sede que se abriría en El Mezón, así que previamente a su apertura, en ocasiones y junto con autoridades y fundadores de esa universidad asistí a reuniones y asambleas en comunidades de las regiones de la Costa Chica, Centro y Montaña, fue en este contexto que conocí a los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio, y a diversos intelectuales indígenas.
La metodología que prioricé para elaborar este artículo consistió en una etnografía que denomino “pensar entre dos”,12 es decir, en la inves tigación incorporo mi experiencia de campo en la comunidad desde el año 2012 hasta la actualidad y las perspectivas de los intelectuales indígenas, de las mujeres y de las autoridades locales, mediante talleres comunitarios que me han implicado explorar dimensiones analíticas nuevas, en un principio impensadas. Con ello, referiré a tres asambleas puntuales: la de Cuanacaxtitlan (municipio de San Luis Acatlán), la de Potrerillo (municipio de Malinaltepec) y la Primera Asamblea del Tribunal Popular (municipio de Ayutla). También ha sido trascendental retomar la dinámica activa de las mujeres mezoneñas y la participación de estudiantes de la Unisur. “Pensar entre dos” implicó una dirección diferente a la etnografía tradicional porque me permitió comprender desde otros ángulos “cómo el pueblo agarraba al toro por los cuernos”, no debido a causas accidentales sino estructurales.
“PREPAREMOS GENTE CAPAZ DE RESOLVER EL PROBLEMA A SU PROPIO PUEBLO”: LA UNIVERSIDAD
Llegué a la comunidad de El Mezón, justo a la entrada se encuentra la iglesia que sirvió como espacio estratégico y simbólico para el proceso organizativo en 2012; enfrente se encuentra la comisaría, la cancha y los baños públicos que resaltan por una la leyenda: “UPOEG-Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social”. La tía Ofe junto con Florina me reciben en su casa, justo en la entrada, de lado derecho, existe un letrero que dice: “Modelo A. Por un gobierno de los pueblos 139 representantes. 1 Gobierno por Usos y Costumbres. Somos 139 comunidades decidiendo”. Poco a poco, empiezan a llegar los estudiantes de la Unisur, el comisario actual Estreberto Reyes Palma y el secretario Gilberto Reyes del Consejo de Autoridades (2019-2020).
El proyecto político de la UPOEG rebasaba el tema de la seguridad ciudadana, también proponía la educación de acuerdo con la filosofía de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ya reunidos, recordábamos cómo durante 2012, en asambleas previas a la fundación de la Unisur, los comisarios de La Unión, Vano, Zapote, Ahuacachahue, Azozuca, Atocutla, Tlachimala y El Mezón (comunidades del municipio de Ayutla), los profesores locales y Ernesto
