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El comandante Guerrero muestra el cartel
“Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” en la reunión de Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, realizada el 20 de enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).
PRIMERA ASAMBLEA DEL TRIBUNAL POPULAR
La segunda asamblea fue el 31 de enero de 2013 en El Mezón, donde se instalaba formalmente la Primera Asamblea del Tribunal Popular y donde participaron 69 autoridades; entre ellos, comisarios, comisariados y consejeros de los pueblos que pertenecen a los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande. La asamblea se rigió por los principios de inmediatez, contradicción, oralidad, imparcialidad e independencia y con pleno respeto a los derechos humanos. Prácticamente se expresaba y analizaba en torno al hartazgo, coraje e impotencia que sentía la población indígena y mestiza ante la ausencia del Estado en materia de justicia.25
La Asamblea del Tribunal Popular proponía la interconexión de: 1) instalar formalmente el tribunal popular; 2) presentar ante los medios de comunicación a los 54 resguardados mediante una lectura de los delitos que se les imputaba, y 3) facilitar un espacio a las víctimas para presentar testimonios (orales y escritos) como pruebas del delito contra los resguardados. Jimeno define a la categoría de “víctima” como “un contenido emocional y afectivo, haciendo que ésta trascendiera mucho más allá de una simple categoría burocrática impuesta” (Jimeno et al., 2019:34). En esta asamblea, las víctimas se atrevían a narrar la experiencia de sufrimiento, convirtiendo esta narración en una estrategia para exigir sus derechos como víctimas y como pueblos indígenas.
Había diferentes comisiones: de alimentos, de logística, de coordinación de los familiares de los resguardados; en calidad de facilitadora de la Unisur y junto con estudiantes, coordinamos la Comisión de los Medios de Comunicación. Mientras que el facilitador y fundador de la universidad, Bulmaro Muñiz fungió como maestro de ceremonias de la asamblea. También figuraba Carmelo García del pueblo de Ahuacachahue, como traductor bilingüe de las víctimas; Manuel Vázquez como promotor de la UPOEG; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como observador; el comandante Ernesto Gallardo, como coordinador regional de la UPOEG; Bruno Plácido como fundador de la UPOEG; el párroco Mario Ocampo, fundador de la CRAC-PC, y autoridades locales y agrarias. Las acciones y funciones de los líderes encontraban sentido únicamente, una vez insertadas en el sistema comunitario. Es decir, la participación de los pueblos en esta asamblea se planteaba desde el holismo de las cosmovisiones indígenas, lo que implicaba romper con toda perspectiva individualista: “Lo que le pase a un compañero de cualquier región, nos pasa a todos” (palabras de Bruno Plácido, promotor de la UPOEG).
Desde este holismo de las cosmovisiones indígenas, subrayo que se debe romper con la idea predominante que se han difundido tanto en el campo de los medios de comunicación como en el campo académico de personalizar el proceso de lucha, ya que se desconoce la participación colectiva de las comunidades. Éste es un discurso que ha usado política y estratégicamente el gobierno para deslegitimar la capacidad de movilización de los agentes indígenas; Wallerstein lo ha señalado: “el sistema-mundo ha contado con muchas instituciones que forman una matriz que permite al sistema operar, pero al mismo tiempo, estimula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema” (Wallerstein, 2008:3).
Mientras, en el crucero El Zapote, previo a El Mezón, se instaló el primer filtro para los medios de comunicación, quienes se registraron a partir de las nueve de la mañana. Los vehículos se identificaban con el letrero de “prensa”; así, una vez que llegaban a la comunidad, los ubicábamos.
Previamente, elaboramos un reglamento comunitario (Reglamento comunitario, 2013) de ocho puntos en el que se pedía, de manera explícita, a los medios acatar las normas y reglas que ancestralmente rigen a los pueblos, además se indicaba que por la seguridad y el respeto de todos las y los asistentes, quedaba prohibido tomar fotografías, grabar videos, grabar audio, usar teléfonos celulares y realizar entrevistas, en tiempos y lugares no autorizados por la autoridad comunitaria.
La Comisión de los Medios de Comunicación se encargó del ingreso de todos los participantes e instaló mesas de registro para medios de comunicación, familiares de resguardados, autoridades comunitarias y familiares de víctimas. Conforme llegaban las y los periodistas se registraban, se solicitaba una identificación oficial y se pedía firmar el reglamento mencionado; a continuación, una comisión de policías ciudadanos los acompañaba a un espacio asignado, justo enfrente de la mesa de presidium de las autoridades, desde este lugar, grabaron en los tiempos indicados oportunamente por la autoridad comunitaria. Este hecho fue muy criticado por los 127 medios nacionales e internacionales registrados debido a las “restricciones” y “limitaciones” de movilización en el espacio físico y a la “vigilancia estricta”. Siempre se explicaba que la prioridad era garantizar la seguridad y el respeto de las víctimas y se reiteraba que estaba estrictamente prohibido fotografiar los rostros de las víctimas; sin embargo, mientras daban sus testimonios se admitió grabar únicamente en audio.
En esta primera sesión del tribunal popular se recibían las pruebas escritas por parte de las víctimas que decidían no expresar sus testimonios ante los medios de comunicación. La presentación de los resguardados se realizaba por grupos de cinco, cada uno acompañado por uno o dos policías ciudadanos. La cancha se encontraba abarrotada por los asistentes y vigilada por policías ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande, algunos cubrían sus rostros con paliacates, capuchas y máscaras de luchadores y usaban gorras o lentes oscuros. Todos portaban escopetas.
IMAGEN 4
Primera Asamblea del Tribunal Popular en la comunidad El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres, realizada el 31 de enero de 2013 (fotografía de la Comisión de los Medios de Comunicación de la Unisur).
Una vez ubicados los resguardados en medio de la cancha, se leía nombre, edad (de 16 a 50 años), comunidad de origen y delito imputado. De los 54 resguardados que se presentaron, cinco eran mujeres. Las principales acusaciones, según los testimonios, eran “extorsión, robo, cobro de cuotas a los ganaderos, halcón26 y delitos de homicidio”. La instalación de este “Órgano de Justicia Indígena”, como lo llamaba Bruno Plácido, duró más de cinco horas. En esta primera asamblea en ningún momento se juzgó a los resguardados, como erróneamente se ha sostenido en los medios de comunicación.
A mano alzada se decidió que el 22 de febrero de 2013 se realizaría la segunda sesión del tribunal popular en Buena Vista (municipio de Tecoanapa), para iniciar el proceso de “pruebas y alegatos” y “para juzgar a las personas vinculadas con la delincuencia que hemos detenido desde el 5 de enero a la fecha”.27 En esta segunda sesión, los resguardados podían rendir declaraciones y presentar pruebas que demostraran su inocencia ante las acusaciones de las víctimas, los familiares de los resguardados podían fungir como defensores. Al término de las exposiciones orales de las dos partes, este Órgano de Justicia Indígena sesionaría y presentaría su veredicto, que condenaba o absolvía a los resguardados.
En la tarde del mismo 31 de enero, como comisión “enviábamos” a los periodistas los resolutivos de la Primera Asamblea del Tribunal Popular. Posteriormente (ya sin la presencia de los medios de comunicación), las respectivas comisiones daban testimonio de cómo les había ido en las tareas asignadas. Después, la Comisión de los Medios de Comunicación se dedicó al monitoreo de todas las publicaciones de prensa relativas a la asamblea.
Antes de que se realizara la segunda sesión de este Órgano de Justicia Indígena, el gobierno estatal
