y la Costa Chica de Guerrero; 2) cumplimiento de acuerdos de construcción de tramos carreteros; 3) atención a la salud y educación, reconocimiento a la Unisur, y 4) respeto al territorio de los pueblos originarios y rechazo a las mineras. Uno de los logros fue conseguir “una tarifa preferencial de la energía eléctrica” destinada a los pueblos indígenas, además que saldaron una deuda de 65 millones de pesos a la CFE. El Congreso de la Unión otorgó 35 millones y el gobierno estatal 15 millones (Plácido, 2018). A partir de esta lucha contra los altos costos de la electricidad, la UPOEG encabezó gestiones para la construcción de ejes carreteros, principalmente de los tramos de Tlapa-Marquelia-Ayutla-Colotipla-Ayutla San Marcos y Pascala del Oro-Ayutla, “en general buscamos el mejoramiento de la infraestructura social” (Cervantes, 2012); así, la UPOEG empezó a adquirir fuerza como un movimiento para restablecer el desarrollo y la paz social en la Costa Chica de Guerrero.
“Era secuestro tras secuestro”.
Tía Ofe, principal de la comunidad.
En el ámbito del municipio de Ayutla, además del comandante Ernesto, también participaban activamente el comandante Guerrero18 y el comandante Gonzalo. En las asambleas se les veía juntos con las autoridades locales. Los comandantes insistían en lo que después se convirtió el lema del SSyJC: “Un territorio con seguridad, es un pueblo con justicia”.
Frente a este panorama de violencia estructural que se manifestaba en los actos violentos protagonizados por el crimen organizado, sobresalía la inoperancia gubernamental responsable de impartir justicia y a pesar de que permeaba el miedo, las comunidades del municipio eran impulsadas por la impotencia, así que de forma prudente y cautelosa, más en el nivel comunitario y al grito de “¡No estamos en emergencia, estamos en autodefensa!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013), se impulsaba la creación de una policía del pueblo: “fue el 19 de octubre de 2012, no olvidaré esa fecha en que salieron los comunitarios”, decía la tía Ofe (que más tarde sería la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana).
De pronto, el 8 de enero de 2013 entre reuniones cotidianas y académicas, el comandante Ernesto Gallardo explicaba el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo (del municipio de Tecoanapa), liberado “horas más tarde y herido de una pierna”, debido a la movilización colectiva. Los responsables Agustín y Rafael Vargas Jijón, Rafael Amador Vargas Carrillo y Osiel Vargas Chávez habían sido resguardados por el comandante. Este secuestro fue una clara llamada de amenaza “para que ya no nos organizáramos” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, 2013).
También, en plena boda voceaban que habían secuestrado a unos niños en Azozuca, comunidad vecina; El Mezón no paró la boda, “agarró machetes, palos y como pudo se preparó”.19 Se sumaba a este panorama el secuestro del sacerdote de la comunidad. Era el 12 de enero y los habitantes de El Mezón se cansaron de esperar la misa que ofrecería el párroco José Luis. “¡Lo secuestraron!”. Anunciaban. “Luego luego lo fueron a rescatar y después hizo la misa en la cancha y nos dijo, no me voy a rajar porque estoy con la policía de ustedes”.20 Y a pesar de “estar atrapados en el miedo”, las mujeres de las comunidades indígenas generaron estrategias para la defensa del tejido comunitario, porque la violencia estructural tenía sus efectos “detrás del velo de la violencia cotidiana” (Jimeno, Varela y Castillo, 2015), así, decantaron en un fuerte proceso organizativo para enfrentar al crimen organizado:
Las instituciones gubernamentales de impartición de justicia fueron diseñadas por ellos y para ellos, no pensadas desde la filosofía de los pueblos, su labor es proporcionarnos paz y tranquilidad nacional, sin embargo se les olvidó implementar políticas en prevención de delitos, y como no hicieron eso, ahora nos rebasó, por eso como pueblo no tuvimos otra alternativa (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Ante los numerosos secuestros perceptibles en la región y dada la ineficiencia de instancias del gobierno de Guerrero relacionadas con la seguridad pública, las comunidades se organizaban y las asambleas se realizaban constantemente pues, por un lado, existía el hartazgo y repetían “están arruinando a nuestro país, están dejando sin futuro a nuestros hijos” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013); por el otro, había la esperanza de edificar una sociedad más justa donde se reestableciera el orden, el desarrollo y la paz en las comunidades.
Sin embargo, y sin que los medios de comunicación o el gobierno municipal o el estatal supieran, la madrugada del 5 de enero de 2013, aproximadamente 800 personas aglutinadas en la UPOEG de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, irrumpieron en la cabecera de Ayutla, mediante la instalación de retenes comunitarios, “lo único que estamos haciendo es defender al pueblo, ¡estamos defendiendo la vida!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013). Las personas partícipes en los diversos retenes comunitarios portaban capuchas para cubrir los rostros:
No somos ni los primeros ni los últimos que tendrán que cubrirse el rostro, para ver un nuevo amanecer, donde nuestras familias y nuestra gente, disfrute de la vida y no la viva con amargura, con duelo, con angustia, porque en eso han convertido a México (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Los días posteriores al 5 de enero se realizaban patrullajes, se seguían instalando retenes (construidos con costales rellenos de arena) y puntos de revisión para controlar las entradas y salidas de actores externos que ingresaban a la cabecera municipal, y así, cinco días después se llegó al municipio vecino de Tecoanapa:
La sociedad estaba secuestrada en sus casas, por esta razón decidimos salir a la calle, las instituciones que han sido diseñadas para atender y brindarnos seguridad y justicia, gozan de un gran presupuesto, […] pero sus resultados no sólo son tristes, son lamentables (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
En total, durante el mes de enero y sin presupuesto económico, se logró capturar a 54 personas de diversos municipios de Guerrero, vinculadas con el crimen organizado, que serían trasladadas a la comisaría de El Mezón y que al interior de la comunidad se les llamaba “resguardados” (no detenidos). “Hicimos en unos días lo que el gobierno no quiso hacer por años” (Plácido, 2013, 2018).
A partir de esta irrupción, los medios masivos de comunicación empezaron a difundir la noticia de la lucha colectiva que encabezaban las comunidades aglutinadas en la UPOEG, entre los principales titulares usaban el término “grupos de autodefensas” o “encapuchados”. En este sentido, a través de un comunicado de prensa, la CRAC informaba y se deslindaba:
Queremos puntualizar algunas prácticas que se han observado en el levantamiento y que muestran claramente que no es la CRAC Policía Comunitaria, quien lo dirige (CRAC, 2013).
Esto rompía con los acuerdos establecidos en la asamblea de Potrerillo (municipio de Malinaltepec), realizada el 13 de agosto de 2012 donde asistieron autoridades de la Unisur, autoridades comunitarias y agrarias, el padre Mario Ocampo y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue una asamblea muy significativa porque en ella se realizó una evaluación cualitativa y permitió ubicar “los errores políticos y organizativos”, tanto de los proyectos políticos de la CRAC y de la UPOEG como de las tensiones entre los liderazgos políticos. Al mismo tiempo, rompía con los acuerdos dialogados durante el mes de noviembre de 2012, en el 17 aniversario21 de la CRAC-PC en Miahuichán, municipio de San Luis Acatlán. En sus inicios, algunos policías conformados por las propias comunidades de Ayutla portaban “la camisa de la CRAC”, para después abandonarla, debido a disputas políticas en torno a las estrategias de defensa territorial y relacionadas con los 54 “resguardados” (Palma, 2013, 2019). Sin embargo, los proyectos políticos de la UPOEG y la CRAC coinciden en la búsqueda de “vivir en paz y con tranquilidad”. Igualmente, en ambas, las decisiones se encuentran subordinadas a una base de poder conformada por una “asamblea comunitaria” y un “mandatario”;
