a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en la Ley 701, de manera explícita confirmaba en su artículo 37, el reconocimiento únicamente como policía comunitaria de la CRAC y su sistema de justicia, esta última ley la definía como un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y los pueblos indígenas” (artículo 6, Ley 701). El gobierno estatal ha tenido respuestas simbólicas y legales diferenciadas para el reconocimiento de los “cuerpos de seguridad comunitarios” de la Montaña, de la Costa Chica y de la región Centro.
¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno estatal ante el levantamiento de los pueblos sureños? Reforzar la implementación del “Operativo Guerrero Seguro”, que según el vocero del gobierno, Arturo Martínez Núñez, fue un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar), el ejército y la policía federal (Notimex, 2011), que retomarían la seguridad pública tanto en Ayutla como en Tecoanapa. Empero, para retomar, primero hay que tomar; el objetivo era criminalizar a los grupos comunitarios “hartos de tanta chingadera”,22 por esto, la insistencia de desarmar a “los rostros cubiertos”.
Mientras tanto, en la comunidad de El Mezón se repetía que “sólo el pueblo defendía al pueblo”. El nuevo Consejo de Autoridades electo para trabajar durante el año 2013, ahora lo presidía el comisario Gonzalo Lozano Jacinto. Así, a través de mandatos comunitarios se asignaron quehaceres específicos para el cuidado de las personas resguardadas en la comisaría, “era un gasto bien pesado darle de comer a todos, pero no nos rajamos, les dábamos sus tortillas hechas a mano” (testimonio de mujer mezoneña, 2019). Tanto las mujeres como los jóvenes se turnaban para llevar de comer tres veces al día a los resguardados. Los estudiantes de la Unisur eran campesinos y campesinas que, al mismo tiempo, participaban en los turnos nocturnos para vigilar la comunidad, la comisaría y a los “resguardados”; para ello se emplearon diversas estrategias, sobre todo en las rutas alrededor de la comunidad. La iglesia permanecía salvaguardada, a veces porque se resguardaban en este espacio simbólico a algunos delincuentes o, en ocasiones, porque se vigilaba desde allí la entrada y salida de “aquellos delincuentes que pensaban regresar”.23
Las mujeres se encargaban de trabajar en las fisuras de la violencia; es decir, tenían una participación activa en este procedimiento debido a que colaboraban con funciones específicas: cocinaban para los resguardados, vigilaban la comisaría, participaban en las asambleas y aunque la mayoría ocupaban un espacio cultural y social asignado, algunas cuestionaban dichos roles con sus prácticas y participaban en otras actividades; no era fácil porque el campo de adopción de decisiones comunitarias ha sido un espacio históricamente excluyente para las mujeres, resultaba una tarea complicada, debido al entramado comunitario: “muchas veces las críticas más fuertes provenían de la comunidad por el hecho de trasgredir esos roles” (testimonio de mujer mezoneña, 2019); pero insistían en ser consideradas, o en ocasiones, cuando los hombres salían de la comunidad, algunas mujeres asumían el resguardo. Era notorio el sentido de pertenencia y arraigo territorial.
El panorama era complejo; por un lado, las asambleas comunitarias se realizaban con mayor ímpetu y, por el otro, en el transcurso del mismo mes de enero, de pronto, llegaban dos o tres medios de comunicación a El Mezón y los retenes comunitarios se “reforzaban exageradamente para controlar las entradas al pueblo”, el comandante Ernesto declaraba (lo que ya sabíamos en el nivel comunitario), el secuestro del comandante de Ahuacachahue:
La mafia o chicos malos nos quisieron medir fuerza, nosotros agarramos un delincuente y al rato nos llegó la amenaza, a los dos días levantan al comandante de Ahuacachahue y nos notificaron que íbamos hacer un cambio entre el detenido y mi comandante. Que me presentara sin gente, sin arma y llevando al muchacho, desde luego no íbamos a caer en sus debilidades, lo que he anunciado es que estamos al diez por uno, me agarras uno y te agarro diez (palabras del comandante Gallardo, 2013).
Y así empezaron las ofertas para “arreglar” la situación con dinero:
Aquí con dinero no vamos a arreglar nada, […], no queremos la cuota, que no se metan con la ciudadanía, el pueblo se cansó y el pueblo puso orden y lo estamos demostrando con hechos (palabras del comandante Gallardo, 2013).
EL PROCESO DE REEDUCACIÓN DE LOS 54 RESGUARDADOS
Fueron días de actividades arduas y responsabilidades que asumieron las autoridades locales y agrarias de las comunidades del municipio Ayutla: Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande; al mismo tiempo, las asambleas se intensificaron, el común denominador era la defensa y gestión responsable de los bienes naturales y “limpiar Ayutla de los chicos malos” (palabras del comandante Ernesto, 2012).
De forma simultánea a que se tomaban las clases en la Unisur, algunos de las 54 personas resguardadas tenían pláticas con los principales y con el Consejo de Autoridades, como parte del procedimiento de reeducación: “se acordó que construyan el comedor universitario de la Unisur”. Otros resguardados se dedicaban a tejer hamacas en la cancha, justo enfrente de la iglesia. Como facilitadora de la universidad, en ocasiones, me asignaban ir a la comisaría por los resguardados y explicar dicha construcción. Durante este trayecto, documenté con fotografía y video el trabajo comunitario. Sin embargo, 27 (cinco mujeres) de los 54 resguardados se encontraban en otro espacio que no era la comisaría y al que únicamente el Consejo de Autoridades y los comandantes tenían acceso.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de reeducación, inherente al sistema comunitario donde “se daba la oportunidad a los detenidos para reconocer sus errores o faltas cometidas y mejorar sus conductas a través de trabajo comunitario”,24 se realizaron dos asambleas puntuales, hitos en la conformación de la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
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Resguardados tejiendo hamacas y vigilados por un policía ciudadano en la cancha de la comunidad de El Mezón, enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).
La primera asamblea fue el 20 de enero de 2013, en Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, donde se decidía, con voz y voto de las autoridades y consejeros locales, cuáles serían las comisiones y gestiones para “poner freno a las acciones de los chicos malos”. En esta reunión, el comandante Guerrero mostraba un cartel que decía: “Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” y, al mismo tiempo, explicaba cuál sería la dinámica en la próxima Primera Asamblea del Tribunal Popular que se realizaría el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón. Asistíamos junto con el comité de padres de familia de la Unisur y el comisario (en turno) Gonzalo Lozano Jacinto. Además, Román Pantoja Valdivia, comisario de La Unión; Álvaro Hernández García, comisario del Vano; Rosalío Onofre Castro, comisario del Zapote; Fidel Morales Teodoro, comisario de Ahuacachahue; Próspero Borja González, comisario de Azozuca; Eduardo Narciso Mendoza, comisario de Atocutla; Joel Onofre Martínez, comisario de Tlachimala, y Juan García Hermelindo, delegado de Palma Sola. En esta ocasión sólo asistimos dos mujeres, “el resto se quedaba cuidando a los resguardados” (palabras de la tía Ofe).
En esta asamblea, la mayoría de los varones referían a los testimonios dolientes que habían protagonizado las personas resguardadas. Todos “sabíamos” (como una especie de secreto comunitario que no podía divulgarse) a través de testimonios de las víctimas, las atrocidades que habían cometido las personas capturadas durante el mes de enero. No trabajé directamente con las víctimas, además, estaba prohibido usar sus testimonios para fines académicos o periodísticos, pero fueron justamente esos testimonios que impulsaron a las comunidades a reforzar el proceso organizativo. Era importante este ejercicio rememorativo de las “atrocidades” porque permitía empujar el proceso de transformación social (Jimeno et al.,
