Activismo, diversidad y género. Laura Raquel Valladares de la Cruz

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Activismo, diversidad y género - Laura Raquel Valladares de la Cruz Biblioteca de Alteridades

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097 comuneros del municipio.43

      En el segundo escenario figuró el racismo y la discriminación por parte de la elite mestiza, política y económica de la cabecera. “Los indios y cuadrilleros”,44 como los llamaban, cuestionaban la cúspide de la dirección política de la clase blanco-mestiza, misma clase que se mostraban inconformes con ceder el poder “a los marginados”:

      Nos ha tocado luchar por este reconocimiento, porque no todos están a favor, los de la cabecera municipal, que han sido los más beneficiados con el actual modo de gobernar, no quieren este proceso, lo consideran un retroceso, de la manera más ruin han engañado a la gente, que les quitarán programas sociales, que viviremos como los animales, pero esto no es así, porque ya hay muestra de que sí se puede gobernar bien (Vázquez, 2018, en Hernández, 2018).

      Si bien, para el tema de la configuración de la policía ciudadana del SSyJC se pensó y diseñó desde el marco y visión de la UPOEG, el proceso de lucha autonómica se tornaba interesante porque no sólo se gestionaba con la participación de las comunidades aglutinadas en la UPOEG, sino que también, ahora, participaban las comunidades pertenecientes a la CRAC del municipio de Ayutla. Adquiría el proceso de búsqueda por el reconocimiento del derecho a la libre determinación un carácter dialógico, debido a las negociaciones interculturales entabladas entre los dos sujetos políticos que compartían el objetivo de la liberación de los pueblos del precario sistema de partidos políticos.

      Fue así que después de un arduo sendero donde “hubo persecución, hostigamiento y presión psicológica” (Plácido, 2019), el 15 de julio de 2018 se eligió a mano alzada, mediante usos y costumbres, la nueva estructura del Concejo Municipal Comunitario,45 conformado por los pueblos na sávì, mè`phàà y mestizo. Como dice la coordinadora municipal de Ayutla, Patricia Ramírez Bazán:

      Los usos y costumbres no son novedad, son de los pueblos, son milenarios, son con lo que nosotros hemos crecido, y vivido. Es un derecho que no se había respetado y ahora medianamente se ha respetado por la lucha de los pueblos. Si creíamos que la lucha terminaba cuando los cuadrilleros llegamos al poder, es al contrario, apenas es cuando empieza (Bazán, 2019).46

      En la actualidad, el autogobierno enfrenta problemáticas heredadas de los gobiernos predecesores y mantienen una posición firme en defensa del territorio frente a empresas madereras ilegales y mineras.47 Además, este modelo que construyen las comunidades está retoñando “hay más de 30 municipios que quieren seguir el ejemplo de Ayutla” (Bazán, 2019), como Tecoanapa (municipio vecino), que en julio de 2020, se encuentra en el proceso de consulta a la ciudadanía para que decidan si cambian o no su sistema de elección de autoridades municipales, de partidos políticos a Sistemas Normativos Internos (SNI); o como en las comunidades donde se están organizando para exigir y ejercer el derecho a elegir a sus autoridades municipales y diputados locales mediante SNI, conforme la normatividad nacional e internacional en materia de derechos indígenas (Bazán, 2019).

      Este proyecto de autonomía indígena de Ayutla de los Libres planteó, en primer lugar, un mecanismo de elección de autoridades municipales fuera de los partidos políticos que transcendió la figura del ayuntamiento por una estructura organizativa más acorde con las prácticas de las comunidades (Vázquez, 2019), lo que permitió democratizar las estructuras hegemónicas del poder en el ámbito municipal.

      Además, sostengo que este modelo de autogobierno indígena nos deja ver claramente dos escenarios:

      El primero, que prevalece el sentido de comunidad y de colectividad a la hora de reinventar la práxis política frente a un modelo económico neoliberal, que encamina únicamente al sendero del individualismo; una práxis que marca una ruptura con un sistema que ha alimentado histórica y sistemáticamente la inequidad y exclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos.

      Segundo, nos deja ver cómo se empieza a nombrar, a percibir y a defender la afrodescendencia en el proyecto autonómico.

      CONCLUSIONES: REPENSAR EL TRABAJO COLABORATIVO

      Quiero plasmar tres reflexiones finales. La primera. Hoy, el municipio de Ayutla de los Libres es una de “las zonas liberadas que existen en nuestras sociedades donde la gente busca una alternativa no para el futuro, sino para hoy” (De Sousa, 2018). A diferencia de años atrás, ahora el lugar donde se promulgó el Plan de Ayutla en 1854,48 en la Plaza de la Paz se encuentran caminando o sentados, más de 40 policías ciudadanos, todos portan sus armas y sus uniformes con el logotipo del SSyJC de la UPOEG, algunos conversan entre sí y otros fuman mientras responden mi saludo con tenues sonrisas, enfrente de la plaza se encuentra la Honorable Casa de los Pueblos (ex palacio municipal en la lógica del sistema partidista). Al mismo tiempo, se puede observar la imponente parroquia amarilla de Santiago Apóstol y el letrero inconfundible con grandes y coloridas letras que dice “Ayutla de los Libres”, típico para las fotografías del recuerdo.

      Las principales problemáticas relacionadas con secuestros, cobro de cuotas, extorsión, asaltos, robo a vehículos, casas y negocios que prevalecía en el municipio han disminuido, lo cual no significa que el control del territorio esté exento de disputas e intereses políticos y económicos por parte de los poderes fácticos. Muestra de ello son los diversos asesinatos de los policías ciudadanos, mediante emboscadas hacia el SSyJC, o enfrentamientos mientras realizan recorridos de rutina. Sin embargo, “en Ayutla ha mejorado la cuestión de seguridad” (Bazán, 2019).49

      Antonio Ríos, comandante de la UPOEG, dice que “desde hace seis años en que incursionó la UPOEG los delitos han ido a la baja. Lo que sí se nos ha disparado son los delitos de extorsión telefónica, pero ahí no podemos hacer nada, porque no tenemos la tecnología para poder combatirlos” (Trujillo, 2019). Por su parte, la coordinadora municipal comunitaria, Patricia Ramírez Bazán, señala que, “en cuestión de seguridad pese a lo que se diga Ayutla es un municipio muy tranquilo y muy tranquilo porque existen los sistemas de seguridad [CRAC y UPOEG]” (Bazán, 2019). Estos sistemas de seguridad trabajan de manera conjunta con la guardia municipal comunitaria que se desprende del Concejo de Seguridad y Justicia de la nueva estructura de gobierno comunitario y son los garantes de esperanzas y tranquilidad frente a la violencia estructural en Guerrero; sin duda, el trabajo es exhaustivo porque se apuesta por enfrentar los problemas desde la raíz para prevenir la violencia familiar y erradicar los feminicidios en la región. Es tiempo de transición y de miradas cóncavas hacia una cultura de prevención.

      La segunda reflexión está relacionada con la formación de intelectuales por parte de la Unisur y que han acompañado el proceso organizativo de la UPOEG; es decir, los representantes actuales de la comunidad El Mezón están gobernando en la nueva estructura del Concejo Municipal Comunitario: Patricia Ramírez Bazán, estudiante50 de la licenciatura Justicia y Derechos de los Pueblos es la actual coordinadora de Seguridad y Justicia, y Rafael Lozano Gallardo, egresado de la carrera de Gestión Ambiental Comunitaria, es el actual representante de la Comisión de Ecología. Esto significa que el modelo pedagógico de la universidad fue diseñado para que las y los estudiantes acompañen los procesos de luchas de sus propias comunidades, y promoviera de manera transversal el servicio comunitario y el aprendizaje autónomo.51

      La tercera y última reflexión que quiero plantear se relaciona con mi experiencia de tránsito de estudiante a actual investigadora en contextos de múltiples violencias. Es decir, con mi retorno, he podido observar que la comunidad no está dispuesta a perder lo que les costó recuperar: la tranquilidad. Mantienen el mismo modelo organizativo ante posibles amenazas del crimen organizado en territorio comunitario, sobre todo, porque algunos ex fundadores del SSyJC y ex autoridades hasta la fecha tienen órdenes de detención.

      Años después de la constitución de la UPOEG y durante la escritura de un proyecto de investigación

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