entre los elementos del sistema, así como a la configuración ecológica del trabajo social, cuya disección de los espacios sociales desde el microsistema al macrosistema nos permite un acercamiento a las transiciones o contínuum entre individuo y entorno.
El caso de las/los MMNA nos sitúa, por una parte, en cierto requerimiento vincular (Howe, 1997) que genere un ambiente facilitador en el cual el sujeto pueda desarrollar su proyecto de vida, respecto a su propio devenir como joven en transición, así como en su desplazamiento geográfico. A su vez, establecer los enlaces con los sistemas que le circundan como la familia –más presente en sus vidas de lo que a menudo pensamos–, el centro educativo residencial, la escuela, los grupos de iguales, o, en el mejor de los casos, las asociaciones del barrio donde vive. Estos espacios en los que habita el/la adolescente son fundamentales para el desarrollo de su proceso de resocialización secundaria, así como para el refuerzo de sus capacidades y habilidades de relación y su construcción como ciudadano/a. La apertura de las relaciones de los MMNA también es fundamental para romper los prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión social.
Esta mirada ecológica que pone en valor la importancia del ambiente en el que la persona desarrolla su vida debe impulsar necesariamente al/la profesional a cultivar dinámicas y espacios acogedores y ricos en experiencias relacionales, a dinamizar espacios de participación y ciudadanía que permitan el aprendizaje conjunto, compartiendo las preocupaciones, las ilusiones y los retos, como se ejemplifica en las experiencias expuestas. Pero ya sabemos que una parte importante de la resolución de los problemas del colectivo MMNA no depende de él y de su entorno inmediato, puesto que estos son de carácter estructural y requieren, por tanto,e soluciones sociopolíticas. Un dispositivo jurídico laberíntico y, a menudo, arbitrario, sitúa al menor ante las opresiones de la estructura (Banks, 1997) y, por ende, en el centro de la injusticia.
Una propuesta de intervención no sólo no puede desatender la denuncia sobre los efectos de las desigualdades y la promoción de la justicia social y los derechos humanos, sino que debe mantener en el núcleo de su sentido y finalidad dichas cuestiones ya que estas son las que sustentan la práctica del trabajo social. Los métodos y modelos son configuraciones teóricas concretas, mientras que la dimensión ética abarca el conjunto de la profesión, pero es obvio que el caso de las y los menores MMNA interpela continuamente tal dimensión debido al rechazo en que se ven inmersos. Este rechazo toma múltiples formas, desde las dudas sobre la edad para apartar a determinados sujetos del circuito, hasta una legislación (4/2000) que avala lo desigualitario. Por tanto, cualquier intervención debe realizarse con los principios de autodeterminación o autonomía, bienestar o beneficencia y justicia (Banks, 1897), supeditando lo legislativo a tales principios (Reamer, 1991) y no a la inversa.
Este compromiso profesional debería ser motor de procesos de organización colectiva que puedan actuar como espacios constructores de ciudadanía desde un nivel simbólico, pero también a un nivel operativo y funcional, generando conjuntos de acción que coordinen la actividad de los actores preocupados, ocupados y afectados por la situación de los MMNA. Todo ello como estrategia para crear las condiciones políticas y sociales que favorezcan su acomodación en la sociedad, facilitando formas de construcción de subjetividades y de identidades promotoras de iniciativas que refuercen los vínculos, densifiquen las redes sociales y promuevan el diálogo intercultural.
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