El segundo capitulo explora las distintas formas de reparación que otorgó el Estado entre 1946 y 1953. En especifico, se reconstruye el proceso mediante el cual se debatió y se realizó la reparación a las personas afectadas en el primer periodo de la Violencia Bipartidista, que se caracterizó por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador. Tan pronto como en 1948 identificamos un momento inicial de surgimiento del tema como problema público, ¿qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? Ésta era una pregunta sin respuestas claras, por lo que el protagonismo lo tuvo el Poder Ejecutivo, quien ordenó créditos hipotecarios, préstamos y exenciones de impuestos a los afectados.
Entre 1948 y 1950 se publicó una serie de decretos extraordinarios al respecto, legislados de manera nacional, pero que se implementaron fundamentalmente en Bogotá y generaron una nueva institucionalidad; por ejemplo, la Junta Informadora, la Junta de Reconstrucción y el Sistema de Socorro Nacional. El segundo capítulo está dividido en cinco apartados. El primero revisa la conformación de la Junta Informadora de Daños y Perjuicios y las indemnizaciones entregadas. En el segundo se comentan los decretos para los comerciantes y los propietarios afectados. En el tercero, los créditos financieros entregados por el Estado. En el cuarto se abordan los debates en el Congreso sobre la propuesta de una ley general de reparación. Mientras que el quinto y último apartado trata sobre la ayuda humanitaria, en particular el trabajo de la Cruz Roja Colombiana y la promulgación de una Ley de Socorro Nacional.
En el tercer capítulo analizamos el periodo que va de 1953 a 1965, que incluye la corta dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y los inicios del Frente Nacional, así como el acuerdo entre los partidos políticos liberal y conservador para compartir y alternar en el ejercicio del poder durante un periodo inicial de 12 años, prolongado a 16, como pacto para poner fin a la Violencia Bipartidista. Durante estos años se implementó una política de rehabilitación más amplia, la cual osciló entre prácticas humanitarias, higienistas y desarrollistas. Es perceptible una legislación más ordenada y general que se refiere a una política de Estado de pacificación a través de la “Rehabilitación y el Socorro”, dando a la “violencia” un tratamiento similar al de los desastres naturales. De hecho, las organizaciones que se crearon para atender esta tarea estaban inspiradas en la idea de la “defensa civil”. En este periodo identificamos dos instituciones del gobierno que desempeñaron un papel destacado en estas políticas. Por un lado, la Secretaría de Acción Social, inspirada en la caridad cristiana, la cual atendió a huérfanos, madres, ancianos y “exiliados” por la violencia, mezclando la reparación de víctimas de la violencia con la beneficencia tradicional de la Iglesia. Por otro lado, se creó la Oficina Nacional de Rehabilitación, en la cual la “rehabilitación” fue entendida como construcción de escuelas, carreteras, infraestructura, hospitales en zonas donde la violencia no cesaba, y, al mismo tiempo, como una manera de “pacificar” a los actores armados de estas regiones.
El cuarto capítulo aborda el periodo de 1965 a 1978, durante el cual coincidieron varios fenómenos sociales y políticos directamente relacionados con el debate sobre la memoria y la reparación a las víctimas de violencia política. Entre ellos debemos destacar: 1) el surgimiento y crecimiento de las guerrillas contemporáneas; 2) las elecciones de 1970, las cuales fueron un parteaguas histórico del Frente Nacional; 3) el fortalecimiento de la oposición parlamentaria y de los movimientos sociales, y 4) las repetitivas y constantes declaraciones de Estados de excepción que permitían al gobierno el uso de políticas represivas y de justicia penal militar para juzgar a civiles. En la década de 1970 hubo un aumento de la denuncia política de “represión” hacia grupos de izquierda y contra la bancada de oposición, quienes visibilizan ciertas víctimas a las que consideraban “mártires” de la violencia de Estado.
En los inicios de la década de 1970 existió una constante denuncia política sobre víctimas de tortura y detenidos políticos, la cual en repetidas ocasiones llegó a un escenario fundamental de construcción de políticas públicas, como era el Congreso. Hallamos 26 debates y denuncias presentadas por el “bloque de oposición” al gobierno nacional, que tuvieron efectos en la manera de narrar la violencia política y las acciones del gobierno. Estos debates evidencian gran parte de las discusiones del periodo: ¿se trataba de “víctimas” o de “mártires”? ¿El Estado tenía una obligación de reparación?
La oposición parlamentaria, el movimiento social y la izquierda hicieron uso del concepto y la idea del “mártir” en sus denuncias y en sus publicaciones, pues éste implicaba una exaltación de las acciones realizadas por los afectados por la violencia. Lo anterior significó que en el periodo haya habido una síntesis entre la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria, que implicó la introducción del discurso de los derechos humanos y de los tratados internacionales con base en una lectura de la “represión” del Estado.
El quinto capítulo, que aborda el periodo de 1979 a 1991, analiza el surgimiento público de la voz testimonial de la víctima como sujeto político en Colombia. Durante esos años se consolidaron las primeras ONG de derechos humanos y tuvieron lugar los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo. Igualmente, fue el periodo de consolidación de redes transnacionales de derechos humanos, en particular con los grupos de solidaridad internacional y de exiliados, además de la aparición de grupos latinoamericanos de derechos humanos. En las décadas de 1980 y 1990 surgió la voz testimonial de la víctima de manera pública y existió una “tecnificación” de la denuncia, muy influida por la presión internacional y por algunas respuestas iniciales del gobierno, que reconoció parte del problema priorizando a ciertos sujetos y ciertas acciones. Por primera vez aparecía públicamente la figura de la víctima-sobreviviente que narraba los hechos. A lo largo de esa década, la voz testimonial se consolidó en la esfera pública, pero también sufrió transformaciones. Así, de la voz de la víctima “directa” de los torturados-sobrevivientes se transitó a la voz de los familiares de los desaparecidos.
Definimos el año 1991 como un marcador cronológico de cierre de la investigación, debido al cambio constitucional en la década de 1990, cuando se produjeron cambios importantes en la política pública de derechos humanos y de afectaciones por violencia política. En la Constitución de 1991 se consolidó una normatividad jurídica de protección a los derechos humanos y a las víctimas de ser reconocidas como sujetos de derechos. En 1991 se abrió un nuevo periodo para las políticas hacia las víctimas, que recientemente tuvieron hitos fundamentales en el marco legal, como la Ley de Atención al Desplazamiento Forzado (Ley 387 de 1997), la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
Notas
1 Comisión Nacional de Reparación, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica , 2013.
2 Juan Manuel Santos, palabras del presidente durante la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Bogotá, martes 8 de mayo de 2018, en http://es.presidencia.gov.co/discursos/180508-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-durante-la-instalacion-de-la-Comision-para-el-Esclarecimiento-de-la-Verdad-la-Convivenciay-la-No-Repeticion.
3 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. Memorias de la represión 1, Madrid Siglo XXI de España Editores/Social Science Research Council, 2002.
PROBLEMA PÚBLICO DE LAS AFECTACIONES POR LA VIOLENCIA Y EL DUELO SOCIAL
En Colombia la violencia ha tenido un gran impacto en la población. En
