Derecho a la comunicación en América Latina. María Magdalena Sofía Paláu Cardona

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Derecho a la comunicación en América Latina - María Magdalena Sofía Paláu Cardona

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disertación propuesta.

      Las limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política

      El primer asunto a reflexionar refiere al papel de los medios de comunicación en el marco de la tensión entre el poder político y la deliberación democrática, entendiendo que la vitalidad de la democracia depende de la capacidad de las sociedades para fundamentar procesos y medios de comunicación, los cuales dinamizan la vida pública-ciudadana al facilitar el acceso a la información. Si bien la existencia de medios periodísticos de opinión y control político son sustanciales para la vitalidad democrática, son muchos los sesgos ideológicos presentes en la configuración de una opinión pública que pretende ser informada y cualificada para las demandas del debate de los asuntos comunes. Nos referimos de manera especial a la capacidad que tienen los medios para consolidar la agenda noticiosa nacional a partir del acceso a información de interés general, de modo que los periodistas se cualifican en su oficio y el papel que tiene el poder político para afectar la función social de los medios, asuntos que afectan la comprensión del pluralismo como rasgo distintivo de las sociedades complejas latinoamericanas. En nuestras regiones, el control de las ideologías suele estar asociado al dominio establecido y legitimado históricamente por sectores empresariales y políticos, de modo que la pregunta por el mejoramiento de las condiciones para favorecer el oficio de los comunicadores y su contribución a la realización de valores democráticos conforma un asunto reiterado en la reflexión universitaria y su nexo con la ciudadanía.

      De esta forma, la primera parte del libro está dedicada a tres trabajos que versan sobre las limitaciones del derecho de acceso, reconocido como un derecho humano que habilita el ejercicio de otros derechos como a la libertad de expresión y a la participación en la deliberación pública de los asuntos comunes, permitiendo avizorar las condiciones del régimen político y su impacto en la vida democrática,. Abre la reflexión el capítulo Niveles de incumplimiento a diez años de la aprobación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en Uruguay, escrito por la profesora Giorgina Santángelo de la Universidad Católica del Uruguay, donde se describe la situación actual del derecho de acceso a la información pública en su país en lo atinente a la transparencia activa por parte de los organismos obligados por ley. A través de la sistematización de los estudios más recientes y entrevistas a actores sociales relevantes, se observa su estado de avance a nivel de cumplimiento con la normatividad, planteando algunas recomendaciones para su viabilidad.

      El siguiente capítulo se denomina Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile, escrito por la profesora María Ximena Orchard Rieiro de la Universidad Alberto Hurtado, donde se propone un diálogo entre el concepto de captura mediática y las dificultades que enfrenta la práctica del periodismo en Chile. A partir del análisis de resultados a preguntas abiertas incluidas en la última Encuesta Estado del Periodismo Nacional, se construye inductivamente un diagnóstico respecto a la práctica de la profesión en la actualidad, revelando claros puntos de tensión y una dificultad general del campo periodístico para operar bajo criterios propios en un sistema de medios que se percibe como restrictivo y limitante. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la revisión de literatura sobre captura mediática, se propone la necesidad de distinguir entre los medios como campo institucional y el periodismo como campo profesional, reconociendo que un periodismo que opera al interior de medios capturados es uno devaluado y con una capacidad disminuida de aportar al ejercicio del derecho a la comunicación. De esta manera, los hallazgos presentados en este capítulo plantean a los lectores algunas preguntas acerca de las consecuencias de la configuración de los sistemas mediáticos para el desarrollo de las culturas y prácticas periodísticas.

      En coherencia con el eje de argumentación de los trabajos previos, cierra esta primera parte el capítulo Medios y políticos en Guatemala: una apuesta por la captura del Estado, propuesta escrita por el profesor Silvio René Gramajo de la Universidad Rafael Landívar, y que ilustra la forma en que operan los medios de comunicación en Guatemala y la relación que sostienen con el poder político. Para comprender este fenómeno, es necesario analizar las características del arribo de la democracia en el país: desde su perspectiva, la captura del Estado por parte de grupos de poder, entre ellos el sector mediático, ha sido fundamental para entender el diseño y desarrollo de las reglas del juego democrático, las cuales favorecen la existencia y el empoderamiento de las empresas mediáticas hasta alcanzar características monopólicas. La pluralidad y la diversidad informativas se pierden en un modelo donde es muy difícil alcanzar altos niveles de profesionalismo.

      Así, los aportes presentados le sirven al lector para ampliar su horizonte reflexivo en torno a los aspectos que debilitan la participación democrática y que limitan la manera en que los ciudadanos contribuyen a la discusión pública sobre la relación entre pluralismo y democracia, más aún en los tiempos en que las ideologías más compactas e inteligibles han logrado hacerse con la representación social que tenemos de la vida política.

      El régimen jurídico de la comunicación

      El derecho a la comunicación responde al abordaje de un rasgo sustantivo de nuestra especie: la comunicación humana. La perspectiva jurídica siempre llega tarde respecto a la comprensión de este fenómeno caracterizado por ser cambiante y responder a las particularidades de las interacciones sociales. Aunque la finalidad del derecho constitucional es la de identificar el poder para favorecer las interacciones sociales posibles desde un criterio de justicia (Aguilar, 2017), la comunicación es anterior al poder y constituye el ámbito psico-biológico de la cultura, entendido como un entramado de ordenamientos simbólicos que, por la vía del leguaje, conforman el escenario de lo humano. Desde esta perspectiva, conviene reconocer que la comunicación tiene un rol esencial en las experiencias sociales de la vida en común y que las formas de intercambio entre individuos, grupos y sociedades ensanchan las formas de comunicación preexistentes. Esta postura conduce a poner el acento en la relación entre interacción e institucionalización, forma dispuesta por las ciencias jurídicas para legislar en función de las diferentes coyunturas y fenomenologías propias del modo en que los medios de comunicación producen una experiencia social continuada y nunca terminada. En el marco de estas comprensiones, tratamos dos asuntos: las audiencias y la publicidad política, estrechamente vinculados con la construcción de una opinión pública informada dentro de las regulaciones gubernamentales existentes para el caso mexicano.

      Así, este segmento del libro empieza con el capítulo Los derechos de las audiencias en México: dos modelos en tensión, escrito por Magdalena Sofía Paláu Cardona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). A partir de una indagación documental y hemerográfica, la propuesta recupera el proceso de la disputa sobre los derechos de las audiencias que llevaron adelante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los diputados, los senadores y los concesionarios de los medios de comunicación durante el año 2017, siendo un ejemplo de dos modelos en tensión: regulación o auto-regulación de los medios de comunicación. Lo anterior se acompaña de un breve contexto histórico y el marco normativo que da fundamento a los derechos de las audiencias para el caso mexicano.

      El siguiente capítulo se denomina Publicidad oficial y libertad de expresión en México: el caso de la Ley General de Comunicación Social, escrito por Cuauhtémoc Cruz Isidoro de la Universidad Iberoamericana Puebla. El texto sostiene que la censura gubernamental a partir de la asignación de publicidad oficial constituye una vía para limitar la libertad de expresión a los periodistas, los medios de comunicación y las audiencias. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de la organización del Artículo 19, mediante el cual ordenó al Congreso mexicano emitir una ley que regulara el proceso de asignación de recursos públicos en materia de comunicación social y publicidad oficial. Por esto, el capítulo plantea una evaluación de los desafíos que representa esta ley, ofreciendo un recorrido histórico del proceso que da lugar a una legislación sobre la democratización de los medios de comunicación, y un

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