colaborativas entre agencias que tienen un impacto positivo en el diseño de las políticas públicas (p.5).
A pesar de lo anterior, el vínculo entre el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas no es lineal ya que el primero es una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar lo segundo. Para entenderlo mejor hay que profundizar en el concepto; la rendición de cuentas engloba dos dimensiones o aspectos clave: el derecho del ciudadano a exigir respuestas y la capacidad para sancionar a aquellos actores del Estado que no sean transparentes. En este sentido, el ciudadano puede solicitar información a los funcionarios públicos sobre sus decisiones (dimensión informativa del proceso) o pedir explicación de los porqués de esas decisiones (dimensión argumentativa), como justificación del ejercicio del poder. De esta manera, para que el proceso de rendición de cuentas se efectivice debe haber inspección pública; el gobierno debe justificar sus actos, y estar supeditado a posibles sanciones. Si los funcionarios que violan el acuerdo no son sometidos a ningún castigo, el proceso de rendición aparece como un acto de simulación de la restricción real al poder. Así, en la medida de que estas dimensiones estén presentes en todos los casos, se reconocen instancias de rendición de cuentas con diferentes intensidades y énfasis variados (Schedler, 2004, p.15).
En este sentido, el autor Jonathan Fox (2008) señala las condiciones en las que la transparencia da lugar a la rendición de cuentas, la cual incluye una amplia gama de procesos, actores y relaciones de poder, y menciona algunos dilemas que se establecen entre los dos conceptos. Uno de ellos refiere al objetivo de la transparencia, ya que diferentes fines requieren de estrategias diferentes; en este sentido, si la transparencia está orientada a controlar la corrupción o mejorar el desempeño gubernamental en general, la información deberá ser suficiente, confiable y describir resultados e impactos. El segundo dilema señalado tiene que ver con las implicaciones entre los enfoques individuales o institucionales; es decir, si las investigaciones están orientadas a la búsqueda de culpabilidades individuales o se concentran en detectar problemas institucionales o fallas del sistema para evitar que estos sucesos no vuelvan a pasar. El tercer dilema tiene que ver con la diferencia entre datos oficiales e información confiable; en este marco el autor diferencia entre la rendición de cuentas “clara” u “opaca”, siendo la primera la única que habilita procesos de rendición efectivos y la prevención de eventuales transgresiones, reforzada por la capacidad de aplicar sanción. En la superación de estos dilemas es cuando la transparencia fortalece derechos vinculados al acceso a la información pública.
Otra de las características para que la transparencia habilite procesos de rendición de cuentas tiene que ver con las características de la información, pues debe cumplir con determinados atributos: accesible, exhaustiva, relevante, de calidad y fiable. Cuando se habla de accesible, no solo se hace referencia al marco normativo que asegura la disponibilidad para todos, sino también a la utilización de un lenguaje inclusivo, claro y simple; sin costos y ubicable. Por otra parte, la relevancia de la información se piensa en la necesidad del usuario; la fiabilidad, se refiere al chequeo de esta información por parte de agencias o auditores con establecimiento de estándares; y finalmente, cuando se habla de calidad se alude a una información completa y consistente32 (Kaufmann & Vishwanath, 2008).
La principal debilidad en relación con el vínculo entre la transparencia y el proceso de rendición de cuentas es la ausencia de marcos conceptuales precisos que permitan entender los diversos caminos causales, a través de los cuales ciertas reformas en pro del derecho a la información logran influir en el comportamiento de instituciones. A pesar de esto, es pertinente resaltar que para que se cumpla el poder de la ciudadanía en el régimen democrático, la población necesita estar en permanente comunicación con todas las instancias políticas vinculadas al gobierno, pues desde el punto de vista institucional, la gran mayoría de las reformas carecen del suficiente respaldo para ser obligatorias, aplicar sanciones, brindar protección y ofrecer compensaciones, quedando en la práctica y estando supeditadas a la buena disposición de los actores involucrados (Fox, 2008, p.13). Además, se ha constatado que a pesar de establecer marcos jurídicos avanzados y el derecho de acceso a la información, los gobiernos todavía cuentan con un margen de acción para imposibilitar su efectividad como derecho humano (Bustamante y Meyer, 2016, p.17); por esto son necesarios esfuerzos para mejorar la calidad de la gestión pública (Cunill et al., 2006, p.167), traducidos en costos indirectos a los organismos obligados, retos en la toma de resoluciones, cambios en mecanismos y estructuras instaladas que vienen desde hace ya mucho tiempo, y ajustes en los perfiles de liderazgos que signifiquen movimientos en las estructuras de poder. A pesar de esto, es pertinente resaltar que para que se cumpla el poder de la ciudadanía en el régimen democrático, la población necesita estar en permanente comunicación con todas las instancias políticas vinculadas al gobierno, pues desde el punto de vista institucional, la gran mayoría de las reformas carecen del suficiente respaldo para ser obligatorias, aplicar sanciones, brindar protección y ofrecer compensaciones, quedando en la práctica y estando supeditadas a la buena disposición de los actores involucrados (Fox, 2008, p.13). Además, se ha constatado que a pesar de establecer marcos jurídicos avanzados y el derecho de acceso a la información, los gobiernos todavía cuentan con un margen de acción para imposibilitar su efectividad como derecho humano (Bustamante y Meyer, 2016, p.17); por esto son necesarios esfuerzos para mejorar la calidad de la gestión pública (Cunill et al., 2006, p.167), traducidos en costos indirectos a los organismos obligados, retos en la toma de resoluciones, cambios en mecanismos y estructuras instaladas que vienen desde hace ya mucho tiempo, y ajustes en los perfiles de liderazgos que signifiquen movimientos en las estructuras de poder.
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la estructura y organización actual de los portales gubernamentales de tipo “data.gov” en Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido, ha dejado algunas observaciones relevantes al medirlos con una serie de estándares previamente construidos: calidad basada en la validez, consistencia y confiabilidad; exhaustividad, facilidad de acceso y visibilidad; facilidad de uso, legibilidad y pertinencia temporal. De esta forma, la observación más importante es que la mayoría de los portales todavía tienen carencias importantes en su organización, siendo las principales debilidades: la dificultad de lograr la publicación de todos los datos señalados como relevantes; la especificación de la entidad a la cual hacen referencia, el periodo y el autor; los inconvenientes para identificar datos claramente relacionados a la rendición de cuentas como la fecha de publicación, última actualización y nivel de precisión, e incluso la falta de mecanismos de navegación, descripciones o definiciones de los conceptos manejados. Así, la principal preocupación del estudio señalado es que los portales funcionan como simples bancos de datos y no como herramientas de empoderamiento ciudadano (Lourenço, 2015).
Otros estudios recientes señalan costos indirectos para los organismos en el cumplimiento de la normativa de aspectos organizacionales (Yupan Bo, 2018). El primer aspecto señalado, es un valor intangible: el cambio de cultura organizacional. Cuando los funcionarios presentan bajo nivel de concientización sobre el valor de la información para el ciudadano, organizarla, clasificarla y publicarla de forma periódica puede no solo tornarse en un sinsentido sino en una pérdida de poder. Por otra parte, dada su cuantía, la producción de datos abiertos para la implementación de los sistemas de carga requiere de trabajo extra para los organismos, por lo cual se vuelve imprescindible destinar tiempo y presupuesto específico para la tarea. Un tercer aspecto organizacional tiene que ver con las estructuras y su nivel de burocratización de los procedimientos: cuanto menos flexibles y centralizados son, se transforman en un riesgo para el funcionario, quien pierde el entusiasmo para la generación y circulación de información; finalmente, un último aspecto a destacar es el rol de los líderes como principales impulsores de estos programas.
Así, puede afirmarse que se reconoce el derecho de acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para incrementar la calidad de la democracia y para afirmar la capacidad de control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público. Retomando los dilemas o actuales tensiones entre transparencia y rendición de cuentas, podemos afirmar que
