mientras que solo el 19,6% había participado en un curso en los últimos años38.
En general, la situación de los parceleros, y la venta de sus tierras, está relacionada con la decadencia que experimentó la agricultura campesina a lo largo de la dictadura militar, y particularmente desde fines de la década de los setenta.
Como destaca Silva (1987: 96), todo lo que ocurre después de 1975, ya asumidas las políticas neoliberales, no puede entenderse fuera del modelo económico. Toda la política estatal se estructura en torno a ello. A los neoliberales les importaba poco lo que ocurriera con los parceleros. Sabían que no lograrían mantenerse como propietarios. Les interesaba introducir eficiencia y movilidad en el mercado de la tierra (Silva, 1987: 158-164).
Ya en noviembre de 1976, un decreto gubernamental regulaba la venta de parcelas, disponiendo que las enajenaciones debían contar con la autorización de la CORA (Silva, 1987, 183-184).
A fines de 1978, la aplicación de la política neoliberal se expresaba en una reducción en la cantidad y en el valor de la producción de cultivos tradicionales. La producción de cereales se redujo ese año un 15% y la de cultivos industriales en 25%, lo que afectó directamente a la zona sur de Chile39. Para ICIRA, según un estudio de junio de 1978, desde 1976 hubo una disminución de la superficie cultivada en las parcelas40.
Incluso con mayor asistencia estatal, era difícil creer que los pequeños propietarios pudieran tener mejores rendimientos y rentabilidad. La tendencia era la concentración de la tierra y una escala de negocios apropiada para grandes empresas agrícolas, que pudieran adecuarse a las demandas del mercado externo y a los bajos precios agrícolas internos.
Hacia fines de la dictadura, la agricultura campesina enfrentaba condiciones que prácticamente hacían imposible su permanencia. No por nada, en la década de los noventa se observaba la desaparición del campesinado, concebido como pequeña agricultura familiar (Sotomayor, 1994; Kay, 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002b: 432-433).
Por otro lado, junto al menor apoyo a las organizaciones campesinas, el costo de los créditos bancarios y la escasa asistencia técnica del Estado, estaba la falta de capital y las deudas que tenían los asignatarios (Gómez, 1982: 65; Echenique & Rolando, 1991: 15 y 22-23; Jarvis, 1992; Santana, 2006: 258; Ffrench-Davis, 2001: 69-70).
Ya en febrero de 1974, un informe de ICIRA planteaba que la asignación de parcelas requería la corrección de algunos obstáculos, como los altos intereses de los créditos y los bajos precios que recibían por sus productos, lo que no les permitía obtener ninguna ganancia. Además, advertía que los parceleros requerirían asesoría y capacitación para el manejo de sus tierras, de lo contrario: “…pierden todo interés por la propiedad individual. La gran mayoría de los asentados preferirían en este caso ser inquilinos bien pagados que empresarios en quiebra”41. Por otro lado, a los asentados les preocupaba el pago de la tierra y no tenían seguridad de su capacidad para enfrentar esta responsabilidad42.
Una parte importante de los favorecidos con parcelas no tenían ninguna posibilidad de gestionar adecuadamente sus propiedades, lo que terminó provocando la venta en los primeros años de buena parte de las parcelas. Ya en julio de 1974, un informe de ICIRA señalaba que para la mayoría de las autoridades zonales de los organismos del Estado, más de la mitad de los asentados perderían sus tierras por incapacidad para desenvolverse en el nuevo sistema43. Carecían de las cualidades personales para desempeñarse como empresarios eficientes.
Si, en promedio, menos de la mitad de los parceleros al final de la dictadura militar conservaban las parcelas asignadas, sin contar la responsabilidad que tuvieron las políticas estatales, hay que considerar como explicación en primer lugar la incapacidad de quienes recibieron las propiedades para poder desempeñar una actividad agrícola que les permitiera una mínima rentabilidad (Gómez, 1982: 64-65).
Un asentado de Angol reclamaba en abril de 1976, que a pesar de tener todos los requisitos, incluso había sido presidente del asentamiento, él no fue favorecido con una parcela, recibiendo la tierra quienes no tenían el conocimiento ni la capacidad de trabajo requerida. Resultado; el campo estaba abandonado y con baja producción44.
No fue fácil para los parceleros asumir la responsabilidad de organizar la explotación de su propiedad de forma individual, mientras paralelamente se debilitaban los vínculos colectivos surgidos desde la ocupación del predio, de tal modo de poder hacer frente a los pagos que debían realizar ante la CORA, desde el tercer año de recibidas las propiedades.
Según otro estudio de ICIRA, de agosto de 1977, analizando la situación de las 21.254 parcelas entregadas hasta diciembre de 1975, todos exasentamientos, en la mayoría de las casi 500 parcelas estudiadas, el 87% eran explotadas individualmente y el resto, a través de sociedades. Solo en la Araucanía había un porcentaje mayor de sociedades45. Además, un 20,4% de las parcelas habían perdido parte o totalmente la maquinaria, por deuda o devolución a CORA. Por otro lado, la mitad pertenecía a una sociedad de cooperación agrícola (SOCA), las que habían sido creadas en julio de 197546. Las SOCA fueron disueltas en 1981 (Gómez, 1991: 25-26).
Respecto al nivel de cultivos, en el año 1976-1977 solo la mitad de las parcelas tenía más cultivos que en el último año del asentamiento47. En cuanto a disponibilidad de animales, en la Región de la Araucanía, había un promedio de 8,8 vacas por parcela y en la Región de Los Lagos, 20,7. Estos promedios eran los más altos del país y lejos sobre la media nacional, de 4,94 vacas. Por otro lado, la mayoría de ellas vendía un 50% o más de su producción. Un 4,3% estaba en un nivel de subsistencia. Además, un tercio de los parceleros había recibido asistencia técnica el año agrícola 1976-1977, la que minoritariamente fue hecha por organismos estatales (SAG). También, menos de un tercio indicó haber tenido cursos de capacitación. Por otro lado, apenas un tercio conocía el monto anual que debía pagar por la tierra. Asimismo, un número creciente reconocía que tendría dificultades para pagar; un tercio de los que llevaban tres años como asignatarios. En general, un 56,7% declaraba tener algunas dificultades de tipo económico.
Asimismo, para muchos parceleros fue un obstáculo insalvable tener que enfrentar una deuda por la tierra recibida. El temor de no poder pagar, de perder la tierra sin nada a cambio, de terminar en la cárcel por deudas, hizo fuerza en los parceleros para vender y deshacerse de un potencial problema (Bravo Möll, 2014; Ubilla Carrasco, 2014; Vargas González, 2014).
La tierra se entregó previo pago de una cuota al contado (pago simbólico del 1% del valor adeudado) y el resto en 28 años, después de dos años de gracia. A pesar de que las condiciones de pago parecían favorables, en la práctica la mayoría de los campesinos no podía hacer frente a esa deuda, dado los escasos ingresos que tenían48.
Según un dirigente agrícola de la zona central, las deudas con la ex-CORA por las parcelas entregadas subieron en la provincia de Cachapoal un 700% respecto a su valor original, muy por sobre la inflación, que calculaba en 163% para el periodo 1977-198149. Creía que esa alza desmedida era la que obligaba a los campesinos a vender sus tierras. Por si fuera poco, además esas parcelas debían pagar un impuesto territorial.
Las deudas por las parcelas entregadas se incrementaron significativamente desde 1978 en adelante. Hasta esa fecha, según disposición de diciembre de 1973, las cuotas anuales no se reajustaban, y solo pagaban intereses por mora. Considerando la situación económica nacional, descrita más atrás, las cuotas por pagar habían perdido rápidamente su valor real debido a la alta inflación. Sin embargo, en diciembre de 1978 se estableció que las cuotas serían reajustadas anualmente (100% del IPC), más intereses. A ello había que sumar las multas por atrasos en los pagos. De allí hasta 1984 las deudas se incrementaron significativamente. Este es el periodo en que la venta de parcelas fue mayor. Predominaba la morosidad entre los parceleros, por lo que en diciembre de 1984 se extendió el plazo para pagar hasta 30 años, a contar de 1985 y se condonaron
