para incentivar una mayor inversión y capitalización del campo chileno y estimular la eficiencia en el uso de los recursos productivos13.
En el sur, la Araucanía es un buen ejemplo del carácter político-militar que asumió la defensa del derecho de propiedad privada de la tierra (Correa et al., 2005). Allí, un Comité Ejecutivo Agrario (CEA), dependiente de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), comenzó a devolver propiedades en manos del Estado a sus antiguos dueños. El CEA, dirigido por un militar, en un breve plazo después del Golpe procedió a entregar una parte significativa de los predios, sin atender las disposiciones legales vigentes. Argumentos como la seguridad, la recuperación productiva de los terrenos y la normalización, fueron utilizados para revertir las expropiaciones realizadas.
En todo el país, de cerca de 10 millones de hectáreas expropiadas, a diciembre de 1979 casi 3 millones habían sido devueltas a sus antiguos propietarios (revocaciones totales o parciales) y unos 2 millones de hectáreas se habían entregado como propiedad individual a los asentados en el sector reformado (Garrido et al., 1988: 184). Además, un poco más de 1,6 millones de hectáreas fueron transferidas a instituciones o rematadas. El resto, cerca de 1,8 millones estaba en proceso de asignación o remate14.
Mapa Nº 1
Chile Central y Sur, 1975
La devolución de tierras expropiadas, la formación de parcelas con propietarios individuales y el posterior remate de propiedades, a veces de considerables dimensiones, como los predios forestales, tenían claramente un propósito común, imponer una racionalización capitalista en el mundo rural (Santana, 2006). Junto con ello, se evitó restablecer el latifundio anterior, predominando propiedades de un tamaño menor, excepto en los predios forestales y costeros (Bengoa, 1983; Kay, 2002). En particular, también estaba el propósito de debilitar las organizaciones y el sindicalismo campesino, fomentando el valor de la propiedad privada entre los trabajadores agrícolas (Silva, 1992).
La entrega de propiedades individuales a los asentados fue una decisión que se impuso tempranamente15. Para la asignación de la tierra, se procedió a dividir los predios expropiados en Unidades Agrícolas Familiares (UAF), los que hasta ese momento funcionaban como asentamientos (propiedades colectivas) o cooperativas (explotación conjunta). Mediante un estudio técnico de la CORA, se definían tantas UAF como fuera posible (Bellisario, 2007b: 158-163). Después se realizaba un estudio de selección, de quiénes serían los propietarios de esas parcelas, un número siempre inferior al total de ocupantes, según edad, permanencia en el predio, años trabajados, estudios, oficio, ocupación, etc.
Entre los postulantes, la reglamentación favorecía antes de 1975 a los campesinos y otros trabajadores asentados. Desde mayo de 1975, un nuevo reglamento dio un trato similar a los asentados y no asentados, así como aumentó la puntuación dada a la capacidad de trabajo, un aspecto subjetivo16. De este modo, se terminó privilegiando a las personas mejor calificadas (según oficio) y más educadas, con lo que hubo un sesgo socio-económico significativo, que perjudicó el acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores agrícolas más pobres. Además, se favoreció a hombres principalmente entre 30 y 50 años, casados y con familias numerosas.
Respecto a la disposición de diciembre de 1973, que excluía de la asignación de tierras a quienes hubieran ocupado con violencia el predio en que estaban asentados, su aplicación fue estricta en los primeros años del proceso de entrega de parcelas. Según memorándum del director del Instituto de investigación y Capacitación en Reforma Agraria (ICIRA), de diciembre de 1975, en la Araucanía se estaba aplicando de forma indiscriminada esta exclusión. Habían sido a esa fecha objetados cerca de un 14% de los postulantes en la provincia de Cautín.
A diciembre de 1975, a nivel nacional, de 14.371 postulantes, 5.398 no habían sido elegidos por similar razón, casi el 38% (Silva, 1987: 173-174).
El propio Pinochet ordenó al ministro de Agricultura, en diciembre de 1975, reemplazar como causal de eliminación de postulantes la frase “por orden de la autoridad militar”, agregando el fundamento legal correspondiente17. Asimismo, señala que había numerosas denuncias hechas a los intendentes, pues en la entrega de tierras se desplazaba a campesinos y favorecía “a personas que nunca trabajaron la tierra” (empleados, comerciantes, camioneros). Finalmente, le pide corregir esas “injusticias”.
La orden presidencial estaba relacionada con una carta del obispo de Chillán, de 5 de noviembre de 1975, quien denunció los problemas que se estaban produciendo en la asignación de parcelas individuales18. Especialmente, la situación de los campesinos que eran excluidos por haber participado en la toma del predio.
En respuesta, el dictador ordenó al ministro de Agricultura, a fines de diciembre de 1975, que se enviase un oficio a las autoridades regionales y provinciales, para que se excluyera de la asignación de tierras solo a quienes dirigieron las tomas19. Por su parte, el ministro ya había instruido lo mismo a la CORA.
En esa línea, en enero de 1976, el ministro del Interior ordenó a los intendentes y gobernadores que, para que la CORA cumpliera lo indicado, en un plazo de 30 días debían revisar la información enviada a este organismo, con los nombres de todos los que participaron en tomas de predios, destacando aquellos que habían sido dirigentes o activistas en la ocupación de los fundos20.
De este modo, la selección de parceleros por la CORA estaba supeditada al veto político de las autoridades regionales y provinciales. Otro tanto realizaban otras autoridades, como el subsecretario de Agricultura, quien en octubre de 1976 pidió a CORA que excluyera de la asignación en un predio de Traiguén a dos activistas. La fuente de información era confidencial21.
La exclusión de postulantes hecha por CORA, por “informes de seguridad” sobre algunos postulantes u otra razón desconocida, llevó a la Confederación Nacional Sindical Campesina “Libertad” a pedir al Gobierno, en julio de 1976, que hubiera una apelación a estas decisiones22.
En noviembre de 1976, se dispuso que los excluidos podrían apelar en un plazo de treinta días, ante el Ministerio de Agricultura23. En la práctica, el ministerio sancionaba lo que resolvía una comisión formada por la CORA y militares delegados por el Gobierno provincial. La mayoría de las apelaciones que conocemos fueron rechazadas, por estar fuera de plazo o por no haber demostrado la falsedad de los informes en su contra24. En todo caso, estos reclamos eran tardíos, pues en muchas provincias del país la mayor parte de la tierra ya estaba repartida (Silva, 1987: 175-176).
El proceso de entrega de tierras a nivel nacional se realizó rápidamente, entre 1974 y 1978, cuando finalmente se disolvió la CORA y se creó la Oficina de Normalización Agraria, la que completó lo que quedó pendiente.
Por abril de 1979, se habían entregado 37.508 UAF. Sumando algunas asignaciones que estaban pendientes se llegaba a una cifra de 40 mil asignatarios. Ellos habían recibido un poco más de 2 millones de hectáreas, la cuarta parte del suelo agrícola entre Coquimbo y Llanquihue. De acuerdo a una encuesta hecha por ICIRA, en junio de 1978, cerca de 421 mil personas vivían en esas parcelas, un 19% de la población rural estimada para 197825.
Estas parcelas no fueron entregadas de forma gratuita, sino que debían pagarse a la CORA en 28 años de plazo, a partir del tercer año de recibida (Silva, 1987: 170).
Aquellos que no obtuvieron parcelas fueron un porcentaje significativo, llegando a un 50% del total de asentados. La mayor parte de ellos permanecería viviendo en el campo (Silva, 1987: 174-176).
La política de asignación de tierras fue motivo de varias críticas. Ya a comienzos de 1974, Victoriano Zenteno, presidente de la Confederación Triunfo Campesino, se opuso a la asignación individual
