tierras expropiadas durante este Gobierno, hasta 1973, casi duplicaron la superficie expropiada con anterioridad. A septiembre de 1973, al momento del golpe de Estado, más del 40% de las tierras agrícolas del país habían sido expropiadas (Araya & Campos, 1976: 1-3; Long & Roberts, 2000: 310; Santana, 2006: 191-243).
La literatura sobre la reforma agraria chilena es abundante, con algunos enfoques preferentemente institucionales (Garrido et al., 1988), otros centrados en el proceso político, económico y social (Huerta, 1989; Santana, 2006; Bellisario, 2007a; 2007b; y 2013), y otros, en consideraciones étnicas (Correa et al., 2005) y de género (Valdés, 2007; Tinsman, 2009).
Respecto al periodo posterior a 1973, predominan los estudios relacionados con el impacto de las políticas neoliberales (Silva, 1987; Jarvis, 1992; Murray, 2002b). Se habla de las “dos caras” de la modernización. Por un lado, un aumento de la producción, especialmente para la exportación, por otro, la pobreza de los campesinos (Bengoa, 1983; Crispi, 1983; Gómez & Echenique, 1988). Los estudios dedicados a la decadencia de la economía campesina, que empezaron en los años ochenta, han continuado (Kay, 1996; 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002a; y 2006). Todos ellos concluyen que ha habido un fortalecimiento de la agricultura comercial, en desmedro de la campesina, la que se encuentra camino a desaparecer.
Además, se ha estudiado el trabajo agrícola, especialmente el “temporero”, caracterizado por la precariedad y sobreexplotación (Riffo, 1999; Caro, 2011). Queda en evidencia que ha habido cambios profundos en la composición de la fuerza laboral silvoagropecuaria, la que crecientemente va de la ciudad y pueblos al campo, como mano de obra estacional. Muchos de ellos, campesinos que perdieron sus tierras. También, no es menor el aporte de los propios campesinos, entre ellos los parceleros, como asalariados temporales, para complementar sus ingresos (Kay, 1994; Riffo, 1999: 148). Asimismo, ha sido reconocido el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo agrícola temporero (Campaña, 1984; Caro, 2011; Valdés et al., 2014).
Muchos de esos estudios otorgan una visión nacional, o concentran su atención en Chile Central, descuidando la realidad del sur, el corazón silvoagropecuario nacional. Este capítulo se inscribe dentro del debate sobre las transformaciones del agro chileno a partir de 1973, por la implementación de las políticas neoliberales, y, particularmente, en los cambios que experimenta la economía campesina, estudiando la situación de los parceleros. No se asume una posición “campesinista”, que pone el acento en la preservación del campesinado a pesar del avance de las relaciones capitalistas, ni una “descampesinista”, predominante en los estudios agrarios, que ve una desaparición del campesinado, ya por su proletarización o por su conversión, excepcional, en pequeño empresario (Hernández, 1994). Ambas visiones, que han animado muchos estudios desde los años setenta en América Latina, y Chile no es la excepción, no dan cuenta adecuadamente de la complejidad histórica de los campesinos. Si bien ha habido una decadencia del campesinado, no observamos que ello sea parte de un proceso de desaparición, sino que el campesinado, aunque debilitado y subordinado, contribuye a la existencia de las propias actividades comerciales, capitalistas, con su mano de obra o su producción para el mercado nacional, y, últimamente, también para el internacional (Rubio, 2003).
Volvamos al problema estudiado. Inmediatamente formada la Junta Militar, en septiembre de 1973, se dio una nueva orientación a la reforma agraria, que en los años anteriores había removido profundamente la tenencia de la tierra, llegándose a expropiar cerca de 10 millones de hectáreas (Silva, 1987: 69; Huerta, 1989). Ninguna tierra más volvió a ser expropiada.
En diciembre de 1973, el Gobierno militar definió los requisitos para ser favorecido como propietario en el sector reformado, entre los que estaba no haber ocupado de forma violenta el predio expropiado7. Asimismo, estas disposiciones establecieron la posibilidad que quienes no fueran campesinos optaran a parcelas (Silva, 1987: 171).
Por supuesto, estas medidas estaban relacionadas con los cambios que la dictadura militar comenzaba a realizar en los propósitos y funciones del Estado y eran parte esencial de las transformaciones económicas, sociales y culturales que se impondrían (Silva, 1987; Santana, 2006).
La Junta Militar, antes de asumir en bloque los planteamientos económicos neoliberales, tuvo una orientación general claramente desestatista (del tipo de Estado de compromiso existente), economicista, pro empresarial, productivista y de vinculación a la economía internacional. Ya en mayo de 1974, se concentraba en reducir el gasto público y cedía el espacio económico a los privados8. En el caso de la agricultura, ya tenía claro que había que impedir futuras expropiaciones de propiedades; que había que establecer una política de precios sujetos al mercado internacional, como en el caso del trigo; que debía promover la subdivisión de la tierra (sector reformado), evitando la concentración de la tierra y el minifundio, así como favorecer el arriendo. En octubre de 1974, estableció la inexpropiabilidad de los predios menores de 40 hectáreas de riego básico (HRB) y de aquellos entre 40 y 80 HRB que estuvieran bien explotados9.
Se definió una nueva reforma agraria, haciendo desaparecer los asentamientos y debilitando las cooperativas y otras formas de organización productiva campesina. Asimismo, se estableció la propiedad privada de la tierra como eje estructurador del mundo rural. Nótese que el Estado había llegado a ser dueño de cerca de la mitad de las tierras agrícolas10. Por otro lado, estaba la decisión de disolver las comunidades indígenas, de marzo de 1979, mediante la entrega de títulos de propiedad individuales (Silva, 1987: 152 y 191-193)11.
Hay diferencias entre los estudiosos de la reforma agraria, de cómo llamarle a lo realizado por la dictadura militar. Para Silva (1987: 179-194), no hay una restauración del orden anterior (contrarreforma) en la política agraria de la dictadura, sino una modernización capitalista. Por su parte, Riesco (1989) habla de una reforma agraria que consolida el capitalismo. Sin embargo, muchos autores usan el término “contrarreforma”: Murray (2002b: 428), Santana (2006: 255), Jarvis (1992: 190), Kay (2002: 470), Bengoa (1983: 165), entre otros. Belllisario (2007a: 25-28; y 2013: 182-185), ha rechazado el uso de la expresión por las mismas razones que Silva, aunque propone hablar de una “contrarreforma parcial”; observa una discontinuidad, pero también una continuidad en las políticas de la dictadura respecto al proceso anterior a 1973. En ningún caso, lo realizado por la dictadura sería la “consolidación de la reforma agraria” (Garrido et al., 1988: 181-182).
A lo hecho por la dictadura le cabe bien el concepto acuñado por Schumpeter (1952), retomado por Harvey (2004: 25-55 y 375-377), a propósito del capitalismo, “destrucción creadora”. En este sentido, hablar de contrarreforma impide reconocer lo “creativo” que hubo en la reforma agraria realizada por la dictadura. Asimismo, si se considera tanto la propia definición de reforma agraria dada en la época, como las diferencias que hubo en su aplicación y resultados en América Latina, es posible hablar de una reforma agraria que favorece la modernización capitalista y la propiedad privada de la tierra12.
En toda América Latina, el objetivo de ellas fue, en los años sesenta y setenta, la modernización económica y social, con el fin de acabar con la pobreza rural y generar mayor eficiencia productiva, para favorecer el consumo urbano y las exportaciones. En general, todas redujeron la gran propiedad rural y permitieron el desarrollo de propiedades medianas (Long & Roberts, 2000: 308-325). Si bien las reformas agrarias latinoamericanas modificaron la tenencia de la tierra, pues de ellas dependía el reemplazo de las estructuras sociales y la modernización del agro, nunca hubo certeza de cuál era el mejor sistema de tenencia de la tierra (Dorner, 1974: 67; Kay, 1998b).
Por todo ello, calificamos de nueva reforma agraria, y no de contrarreforma, lo realizado por la dictadura militar, pues si bien se dio un giro completo al proceso de reforma anterior, no fue en un sentido reactivo y retroactivo. Se definieron propósitos que impusieron una verdadera reforma de la reforma que se había desarrollado hasta 1973.
Como indicaba el subsecretario de Agricultura, en agosto de 1975, el objetivo de la política agraria era:
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