del lenguaje jurídico y administrativo, una descripción de las principales iniciativas puestas en marcha en la región, un pormenorizado catálogo de estrategias discursivas para alcanzar ese objetivo y una colección de herramientas concretas para poner en práctica estrategias de clarificación discursiva.
Otra riqueza del libro está relacionada con la pluralidad de puntos de vista. La argumentación jurídica se amalgama con el análisis lingüístico y con la descripción de contextos históricos, sociales, políticos e institucionales para elaborar un abordaje interdisciplinario de la cuestión.
Por todo ello, este volumen está llamado a convertirse en una herramienta vital para el desarrollo del movimiento del lenguaje claro en la región; cuyo objetivo es extirpar de la escritura jurídica y administrativa aquellos elementos que enrarecen innecesariamente los textos. Dicho de otra manera, el lenguaje claro supone remover los procedimientos y las costumbres que hacen más opaco al discurso legal y que amplían la distancia entre el enunciador legítimo y el resto de la comunidad. Solo así se podrá devolver a los textos legales su condición de dispositivos de comunicación, es decir, que puedan explicar a las personas aquellas decisiones que afectan sus vidas, sus bienes y su libertad.
En concordancia con lo anterior, el trabajo que llevan adelante las personas y las instituciones que promueven el esclarecimiento de la redacción jurídico-administrativa siempre supone, en una primera instancia, generar conciencia del problema; remarcar que si una persona no comprende la ley (y todos los textos que se desprenden de su aplicación) no puede ejercer sus derechos de forma integral y, por lo tanto, sufre una grave discriminación.
Durante años, las administraciones públicas y muchas organizaciones privadas han elaborado sus documentos sin considerar a sus destinatarios concretos. Ponían el énfasis en la creación de un efecto de imparcialidad en los textos, trataron de dotarlos de mayor precisión terminológica y buscaron vincularlos estilísticamente con los discursos fundadores. Sin embargo, en este proceso —que hasta cierto punto era razonable—, se perdió de vista al lector o, por lo menos, al destinatario lego de los documentos legales; aquel que no tiene una formación especializada en la materia, pero que debe soportar —para bien o para mal— las consecuencias de las decisiones judiciales o administrativas.
Para evitar que el lenguaje legal se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos, en lugar de posibilitar su divulgación, no queda más alternativa que poner nuevamente en el centro de las preocupaciones a la comunidad, a los ciudadanos comunes y corrientes, a las personas de carne y hueso. En esta tarea, los profesionales encargados de elaborar este tipo de textos tienen una función imprescindible: volver a pensar en los lectores específicos de los escritos legales, poner en práctica estrategias discursivas que faciliten la comprensión y dejar de lado de una vez por todas aquellos elementos que solo generan confusión y distancia.
Por supuesto, esto no significa que los documentos jurídicos y administrativos tengan que vulgarizarse ni que la imparcialidad y la precisión técnica deban considerarse batallas perdidas. Eso provocaría un daño tan severo como el que pretende subsanarse. La claridad no se opone a la precisión; por el contrario, la favorece. Tampoco pretende ocultar la dimensión institucional de los textos legales.
Busca incorporar elementos discursivos que faciliten la comprensión de aquellos lectores sin formación específica y, paralelamente, despojar a los enunciados legales de los rasgos que únicamente aportan opacidad como los arcaísmos, la sintaxis barroca, la alteración del orden natural de la oración, el empleo anárquico de marcas gráficas, entre otros procedimientos descritos con gran precisión en los artículos que conforman este volumen.
Insisto en que una de las principales virtudes del presente libro reside en la diversidad de perspectivas. No solo se desarrollan argumentos jurídicos para fundamentar el derecho a comprender que tienen todas las personas, también se proponen líneas de acción específicas para que los enunciadores legítimos puedan adecuar sus producciones a las competencias discursivas medias de la ciudadanía. Asimismo, se deja en claro que no solo hay que concretar un trabajo sobre el nivel lingüístico de los enunciados, sino sobre todas las materias significantes que componen los documentos e, incluso, sobre la forma en que los escritos llegan a la gente.
El desafío no es menor, porque dotar de mayor claridad a los documentos implica cambiar prácticas de escritura arraigadas durante muchos años, introducir criterios de diseño innovadores y replantear los modos de circulación de los mensajes. No obstante, a diferencia de otras reformas que están pendientes en la región, la clarificación del discurso legal no requiere grandes inversiones económicas, sino más bien un cambio en la actitud personal e institucional hacia los usuarios de los sistemas jurídicos.
Cada persona desde su espacio profesional y personal puede hacer algo para favorecer la comprensión mutua que, en definitiva, es la clave de una vida social pacífica, democrática y justa.
Leonardo Altamirano
Córdoba, Argentina
31 de enero de 2021
Para un efectivo ejercicio de la democracia, los ciudadanos necesitamos entender las leyes y demás comunicados del Estado. Así, requerimos claridad en los textos que recibimos de las empresas —tanto públicas como privadas— para la adecuada defensa de nuestros derechos y el cumplimiento de los deberes. Contrario a esto, es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios.
El presente libro cuenta cómo un grupo de personas y organizaciones se han preocupado por la falta de claridad en el lenguaje y han actuado para contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender, con la consecuente responsabilidad para todas las entidades de hacerse comprensibles.
Ante la ya existencia de iniciativas mundiales de lenguaje claro, esas personas y organizaciones provenientes de la sociedad civil, la academia y los sectores público y privado se unieron tras considerar que la cooperación facilita el trabajo y permite lograr mejores y mayores resultados.
Fue así como surgió la Red de Lenguaje Claro de Colombia, creada oficialmente el 18 de octubre de 2018 bajo el liderazgo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, cuya pretensión es difundir y promover el lenguaje claro para mejorar la comunicación principalmente entre el Estado y la sociedad. Las seis entidades fundadoras de la Red1, en las que laboran los autores de los capítulos, son: el Departamento Nacional de Planeación, la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Icesi, la Universidad Eafit y, por supuesto, la Universidad de los Andes. En esta obra, figura como autora invitada Claudia Poblete Olmedo, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e integrante de la Red de Lenguaje Claro de Chile, quien ha acompañado el proceso de creación, desarrollo y fortalecimiento de la red colombiana.
Dada la diversidad de entidades que hacen parte de la Red, este es un libro de reflexión sobre discusiones teóricas y experiencias de intervención. También incluye resultados de investigaciones, así como propuestas de pautas para la escritura jurídica y para elaborar material pedagógico. De este modo, el libro reúne trece capítulos con el objetivo común de generar conciencia sobre el tema y contribuir en la transformación de imaginarios culturales sobre el uso del lenguaje (especialmente el jurídico).
Para empezar, el primer capítulo analiza las definiciones que han surgido sobre el lenguaje claro y las cuestiona para plantear una propuesta que podría tener mayor utilidad práctica. Aunque esa definición fue discutida en una reunión de la Red y eso llevó a
