El organismo encargado del control del LC en Suecia es la Secretaría General del Gobierno, un grupo integrado por juristas y lingüistas que, desde 1976, se encargan de revisar las leyes y determinar su calidad de redacción. Como apoyo a su labor, en 2009, fue aprobada y adoptada la Ley Lingüística que propone lograr que el lenguaje administrativo proferido por las instituciones sea cuidado, sencillo y se pueda comprender17.
Finlandia es otro de los países interesados en involucrar el LC en material legal. En 2011, el Instituto para las Lenguas de ese país adelantó una encuesta para conocer la opinión del pueblo sobre quiénes eran los responsables de implementar un lenguaje más sencillo en la administración pública. Los resultados reflejaron que, para la gran mayoría de ciudadanos, los servidores públicos son responsables de hacer de la comunicación pública y sus textos algo más comprensible18. De acuerdo con esto, se han intentado crear estatutos que obligan a las instituciones públicas a usar un lenguaje administrativo claro; pero estas iniciativas han encontrado dificultades para su ejecución, teniendo en cuenta que Finlandia es un país bilingüe y, por ende, se requeriría legislar en cada una de sus lenguas oficiales. No obstante, se dio un avance en 2017 con la publicación del Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli19, un extenso manual para la redacción en LC en sueco.
En los países de habla hispana, el trabajo con el LC ha sido relativamente reciente y se ha adelantado más en algunos países que en otros. El primer caso reconocido es el de España en donde se creó el Manual de estilo del lenguaje administrativo, desarrollado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1990. El texto expone algunas orientaciones sobre redacción y presentación de la información. En 2009, el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, encargada de coordinar trabajos de campo en distintas áreas como el discurso escrito para poder analizar documentos y proponer alternativas de mejora. Como producto de esta labor, se elaboró el Informe sobre el discurso jurídico escrito español, una serie de recomendaciones generales para la redacción de documentos judiciales en un lenguaje más sencillo. Posteriormente y sumando los trabajos adelantados en otras áreas, se publicó el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que ofrece recomendaciones para acercar la justicia a la ciudadanía20. Adicionalmente, en el país, existe una organización denominada Lectura Fácil cuyo fin consiste en promover el acceso a la información escrita por la oficialidad por parte de los ciudadanos, pero se concentra en poblaciones en riesgo como adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros.
Otro país con trabajo en el campo es México, donde se utiliza el concepto Lenguaje Ciudadano y se remite específicamente al área administrativa. En el año 2006, la Secretaría de la Función Pública adelantó una iniciativa para escribir toda la documentación de los organismos de la administración pública en un lenguaje sencillo. Gracias a esto, se publicó el Manual de Lenguaje Ciudadano21 como guía para la redacción y se iniciaron capacitaciones a servidores públicos con el fin de motivarlos a adelantar una redacción comprensible para las personas. Las preocupaciones en torno al lenguaje fueron impulsadas con la idea de que su simplificación y clarificación impactaría sobre la reducción de los índices de corrupción. No obstante, con el cambio de gobierno, estas iniciativas perdieron su lugar y fueron desapareciendo de la práctica de los funcionarios. Actualmente, algunas aún se mantienen en espacios como la academia o en organizaciones de carácter privado, tal es el caso del grupo Contexto, que se especializa en escritura y sigue algunas de las pautas dictadas por la Secretaría de la Función Pública. En 2007, se lanzó el Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala22. Este no constituyó una guía de LC en sí mismo, pero recogió sus motivaciones en tanto buscó atender a la claridad y a la transparencia como características de un texto que podría ser leído por cualquier persona. Más adelante, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey publicó el Manual para la elaboración de sentencias23 con el ánimo de transformar este tipo de textos tradicionales en un código más sencillo para los interesados.
En Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió adelantar acciones para mejorar el conocimiento de las leyes, los derechos y las obligaciones por parte de los ciudadanos mediante su buena comprensión. La principal iniciativa desarrollada se denomina Derecho fácil24, un sitio web en el que se describen distintos servicios puestos a disposición de la población. Entre esta oferta se destacan: Ley Simple, que busca que el ciudadano entienda las leyes más importantes o aquellas que lo involucran de alguna manera, siguiendo un ejercicio de preguntas y respuestas; Lectura Fácil simplifica documentos oficiales para su mejor consulta por parte de la población vulnerable; Justicia cerca propone ejemplos de la vida real para que los usuarios entiendan la manera como deben enfrentarlos conforme al marco legal; y Wiki Ius, un servicio web con lógica de wiki, consiste en un glosario de términos jurídicos y su respectiva explicación en LC de forma colaborativa entre especialistas e interesados particulares. En el año 2016, se publicó el Manual SAIJ de lenguaje claro25 con pautas para la redacción de información jurídica de forma sencilla, sin expresiones demasiado técnicas y con un estilo directo; todo amparado por el derecho a entender que involucra, entre otros, el derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la justicia. Finalmente, en septiembre de 2017, se desarrollaron las Primeras Jornadas de Lenguaje Claro en Buenos Aires y allí se dio origen a la Red de Lenguaje Claro-Argentina. La Red agrupa en un mismo espacio todas las iniciativas surgidas en el campo para producir materiales y capacitar personal.
El caso de Chile se remonta a 2008, cuando surgió la iniciativa Ley Fácil como una propuesta para la clarificación de la ley o hacerla más comprensible para la ciudadanía. Logró consolidarse con su exposición en el congreso Plain en Estados Unidos durante el mismo año y se mantiene vigente hasta hoy26. En 2014, el Poder Judicial de Chile publicó un Glosario de términos legales definidos en un lenguaje sencillo de entender para el lector27. En 2015, empezaron a agruparse distintas instituciones preocupadas por la claridad del lenguaje de los textos administrativos, con el propósito de generar una red. Estos esfuerzos se consumaron en el Acuerdo de Lenguaje Claro cuyos propósitos se resumen en la consolidación de la Red de Lenguaje Claro Chile, en el uso de LC en los documentos que puedan surgir de las instituciones adscritas a dicha Red, la promoción del LC en las instituciones involucradas y demás del orden general y la creación de estándares a seguir para la redacción de documentación pública.
En Perú, existe un antecedente del año 2014 relacionado con el LC. Luego del aviso de Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, quien sugirió que las sentencias dejarían de ser complejas y se dirigirían en un lenguaje comprensible para los ciudadanos, se publicó el Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos28. El Manual presenta las reglas para la utilización de un lenguaje más sencillo de forma que permita la comunicación con el poder judicial en el país.
El caso de Uruguay es otro con una única iniciativa conocida. Esta la lleva a cabo el Centro de Información Oficial IMPO (antes Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) y se denomina Lenguaje Ciudadano: La ley en tu lenguaje. Con ella, se busca fomentar el conocimiento de la normatividad del país a través de su adaptación a un código sencillo y se entiende que esta es la manera como la población puede llegar a tener una plena comprensión de sus obligaciones y así, queda facultada para ejecutarlas efectivamente29.
En el caso de Colombia, es necesario mencionar la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana, las políticas del “Buen Gobierno” implementadas bajo el mandato de Juan Manuel Santos, el lanzamiento de la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia y el Curso Virtual de Lenguaje Claro.
En el año 2011, la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública crearon la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana30, un documento que presenta una breve definición del concepto, plantea las necesidades de usar el Lenguaje Ciudadano en el ámbito de lo público, comenta los medios para exponerlo y
