Por el derecho comprender. Henrik López Sterup
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Los capítulos segundo al quinto ayudan a sustentar la importancia del lenguaje claro para ejercer la ciudadanía democrática. El segundo capítulo cuenta la razón de la existencia del movimiento internacional del lenguaje claro. El tercero argumenta cómo la claridad en el lenguaje genera inclusión social. El cuarto explora de qué manera el lenguaje claro es un instrumento de gestión pública adecuado para establecer relaciones más horizontales entre autoridades y personas. El quinto analiza si existe un deber de lenguaje claro en la prestación del servicio de asistencia jurídica.
Los capítulos sexto al noveno proporcionan los fundamentos del lenguaje claro para comprender la filosofía, el significado, los alcances y los desafíos de este concepto a partir de la práctica institucional. De esta manera, el sexto capítulo brinda un panorama sobre las actitudes lingüísticas que distancian a los sujetos de las instituciones. El séptimo explora el sentido del lenguaje en la vida del hombre principalmente en su relación con el Estado. El octavo propone estándares de claridad para la redacción jurídica. El noveno caracteriza el nivel de lenguaje claro de la escritura investigativa en el derecho.
Para finalizar, los capítulos décimo al décimo tercero presentan experiencias concretas de intervenciones realizadas en facultades de derecho para diagnosticar y mejorar la comunicación de los abogados con la sociedad. En este sentido, el décimo capítulo hace un análisis de textos jurídicos producidos por estudiantes de últimos semestres de la carrera, con el fin de evaluar su claridad. El onceavo propone a los profesores de derecho unos ejercicios didácticos para desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita en lenguaje claro. El doceavo narra una experiencia de intervención en un Consultorio Jurídico para promover el lenguaje claro en la atención a usuarios. El último describe el diseño e implementación de estrategias pedagógicas de lenguaje claro en un curso de derecho comercial.
Los capítulos podrían estar organizados de muchas otras maneras, pues en todos ellos hay reflexiones producto de las experiencias en el desarrollo de estrategias para promover el lenguaje claro. Como los presentamos en este libro, buscamos —luego de una comprensión común del término— llamar la atención del lector sobre la conveniencia para la democracia de lograr una comunicación en lenguaje claro. Una vez reconocido su valor, esperamos que los lectores tengan interés en conocer mejor las bases conceptuales y los alcances del lenguaje claro. Por último, quienes estén interesados en promover el lenguaje claro podrán tomar ideas prácticas para aportar en la formación jurídica.
Agradecemos a los estudiantes, egresados, profesores, administrativos, directivos, funcionarios, familiares y ciudadanos en general que con su entusiasmo y cariño nos han animado constantemente a seguir creyendo en las potencialidades del lenguaje para mejorar las condiciones de vida en nuestro país.
Betsy Perafán Liévano
Notas
1 A la fecha de abril de 2021, se han adherido a la Red otras seis entidades: la Universidad del Norte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la firma de abogados Peña Delgado & García, la Veeduría Distrital y el Consejo de Estado (Sección Quinta).
LA DEFINICIÓN DE LENGUAJE CLARO A PARTIR DE UNAS BREVES CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS 1
Daniel Eduardo Bejarano Bejarano
Julio Alexander Bernal Chávez
Este capítulo realiza una revisión sobre distintos materiales como guías, manuales de redacción o páginas web, elaborados por instituciones u organizaciones de todo el mundo en el marco del Movimiento del Lenguaje Claro. Discute los potenciales problemas que resultan de no contar con una definición unívoca del concepto, aporta una propuesta de definición que se basa en el uso y la variabilidad natural del lenguaje y atiende a cinco elementos centrales: ¿qué es el lenguaje claro?, ¿a qué se aplica?, ¿qué busca?, ¿qué lo caracteriza? y ¿a quién está dirigido? El texto se propone como una contribución del Instituto Caro y Cuervo para la consolidación de una definición propia del lenguaje claro que aporte a los propósitos de la Red de Lenguaje Claro – Colombia.
1. ANTECEDENTES SOBRE EL LENGUAJE CLARO
Las primeras remisiones al concepto de lenguaje claro (LC)
aparecieron en el siglo XIX en el Reino Unido. Para entonces, ya se consideraba la necesidad de contar con reglas o estrategias a seguir para la buena escritura en los entes oficiales, tomando ejemplos de mala redacción y concentrándose más en la precisión del lenguaje que en su simplicidad2.
Apenas en la década de los 40, el primer ministro inglés Winston Churchill volvió a abordar el tema cuando solicitó, en un memorando de gabinete de guerra, mayor brevedad en la documentación, pues alegaba que su trabajo requería la lectura de muchos documentos demasiado extensos y eso suponía un gasto de tiempo considerable3. Cerca de treinta años después y en el ámbito civil, iniciaron algunas movilizaciones sociales, generalmente de consumidores que solicitaban entender lo que el gobierno, los bancos e instituciones en general comunicaban. Un hecho trascendental para el nacimiento del LC como movimiento ocurrió en Inglaterra cuando Chrissie Maher, miembro del Consejo Nacional del Consumidor, se percató de la complejidad para diligenciar los formatos para acceder a beneficios sociales, se dedicó a reescribir algunos y a exponer el problema ante el gobierno. La falta de una respuesta pronta la motivó a crear la Plain English Campaign en 19794.
El LC apareció en 1975 en Estados Unidos por la iniciativa de Citibank de redactar claramente los documentos relacionados con créditos para sus clientes5. En 1978 y 1979, el presidente Jimmy Carter aprobó las órdenes ejecutivas 12.044 y 12.174 que invitaban a la claridad en el lenguaje y estableció que los reglamentos y órdenes elaboradas por las instituciones públicas debían ser tan sencillas como fuera posible6. Un año más tarde, se ratificó la New York Plain English Law, el primer caso de legislación en favor del LC en el país7. Casi 20 años después, en 1998, Bill Clinton hizo público un memorando en donde sugirió el uso de LC en textos provenientes del gobierno8 y, ese mismo año, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos lanzó un documento guía para la redacción en LC con grandes repercusiones en los ámbitos comercial y legal: A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents9. Finalmente, en el año 2010, Barack Obama aprobó el Plain Writing Act, un acta que busca oficializar la necesidad de redactar en LC en las agencias federales; aunque aún no se reglamenta ni ejecuta10.
En otros países de habla inglesa como Australia y Nueva Zelanda también se ha trabajado en favor del LC. En el primero, se cuenta con un documento del gobierno que ofrece consejos y orientaciones para la redacción en LC: el Plain English Manual11; mientras el segundo organiza premiaciones como los Plain English Awards12 y dispone de organizaciones de consultoría que ofrecen servicios de capacitación, redacción y acreditación en LC como Write13 y Write Mark14. Por otra parte, la Unión Europea tiene una publicación en distintas lenguas sobre pautas para escribir en LC, denominada How to Write Clearly15 y se encuentra disponible en línea a través de la página web de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Un caso importante es el de Suecia donde, desde las décadas de los 60 y 70, se trabaja en LC. Este país posee una política para que toda la legislación nacional sea escrita paulatina y sistemáticamente en un código simple y comprensible para los ciudadanos. Según Strandvik16 la comunicación efectiva, clara y comprensible con las personas por parte del Estado es fundamental para la consolidación de