las denuncias realizadas por los programas de protección y descubrió que, desde 2015, se han informado otros diez casos más de niños y adolescentes usados como “soldados” en La Pincoya, todos reclutados por la supuesta traficante.
Magistrada: Lo que les pase a los hijos es responsabilidad de los padres. Si el día de mañana tengo una hija drogadicta, va a ser porque yo no he sabido tener las herramientas suficientes, o lo que sea, para poder alejarla de las drogas. No puedo echarles la culpa a los demás.
Carola Ortiz: ¿De esa manera cuidaba a mi hijo esa mujer?
Magistrada: Pero si la que tiene que cuidar a sus hijos es usted. ¿Por qué no lo sacó de las mechas y se lo llevó a su casa?
Carola Ortiz: Porque la magistrada estaba al medio. Le dio la tuición…
Magistrada: No, no, no. ¿Qué tiene que ver la magistrada? Si yo tengo un hijo y veo que le pegan, me meto en la noche, vestida de negro, a punta y codo, lo saco y me lo llevo para mi casa.
Carola Ortiz: Saca pistola...
Mamá de Carola Ortiz: Ya, hija. Tranquila, no diga nada.
Magistrada: ¿Qué cosa?
Carola Ortiz: Ella saca pistola. Son narcotraficantes.
Ese 10 de abril del 2017, al salir de la audiencia, Carola Ortiz lloró.
—Me sentí tonta, ignorante. Yo no sé defenderme en un juicio —dice hoy a Sábado al recordar ese día.
Carola Ortiz baja el tono de su voz. Susurra. La mujer de 45 años se encuentra en su casa, en la población La Pincoya. Dice que allí, en el segundo piso, su vecina, V., la mujer a la que los tribunales de justicia le dieron la tuición de su hijo, no puede escucharla.
—Yo vivo al lado de ellos, están en la casa de la derecha —relata al teléfono.
Carola Ortiz es vendedora ambulante y madre de nueve hijos. Ninguna de las cinco parejas con las que estuvo asumió la paternidad económica ni de crianza. Ortiz, para mantener a su familia, vende envases de plásticos, escobas y palas en los alrededores de la población.
—Acá venden droga, pero está todo cerrado. Hay piedras, plantas y una cama elástica al medio de la calle para que ningún auto pueda subir o bajar. Ellos tienen dominado aquí. Ahora, con menos fiscalización, se paran hasta en la esquina, se hacen colas para comprarles drogas a los niños que venden.
—¿Quién domina esa calle?
—La V., mi vecina. Ella y su familia toman a los niños para salir a robar, para traficar. Muchos llegan a su casa buscando droga o para ser reclutados. También he visto que llegan otras mamás como yo, alegando por sus hijos. Ellos les hacen daño a muchos niños.
A los 17 años, Carola Ortiz fue mamá por primera vez, cuando recién había completado la enseñanza básica. En 2001 tuvo a Emerson. Con 26 años y cuatro hijos más, Ortiz le pidió a su abuela materna que se hiciera cargo del menor. Cuando ella falleció, Carola Ortiz retomó el cuidado y la relación con Emerson en 2009. Él tenía ocho años.
—Siempre andaba con amigos, era loco por el fútbol. Pero después cambió —relata.
La historia de Carola Ortiz y los tribunales de familia comenzó en 2011, cuando cuatro de sus hijos robaban y pedían dinero en el mall Plaza Norte: K., de seis años; Y., de ocho; J., de nueve; y Emerson, de diez. Además, el grupo de niños también solía deambular, en la madrugada, cerca de la autopista Américo Vespucio. En más de una ocasión, Carabineros los trasladó hasta su casa.
A raíz de esas conductas, que se repitieron durante años, Ortiz fue acusada de vulneración de derechos a sus hijos. Como sanción, el Centro de Medidas Cautelares —área del tribunal de familia que se enfoca en causas de violencia intrafamiliar y medidas de protección a menores— dictaminó cumplir con diversos programas que ayudarían a reparar y reinsertar a la madre y a los menores.
Los cuatro niños también acumulaban varias inasistencias y tenían un significativo desnivel en sus etapas escolares, ya que algunos aún no pasaban de primero básico, cuando en realidad tenían que estar en quinto. Muchas de esas ausencias se debían a conflictos con otros alumnos, ya que eran molestados por su higiene y vestimenta.
—Les decían “Los bacterias”, porque siempre andaban sucios y pidiendo plata. Ellos tenían un rollo con una conocida traficante del sector, siempre robaban o amenazaban a los otros profesores
—recuerda un docente que conoció a los menores y que prefirió no revelar su nombre.
En más de una ocasión, Carola Ortiz pidió que sus hijos fueran internados en el Sename. Al no tener un trabajo estable, dice que era difícil ejercer la maternidad de sus nueve hijos.
—Estuve bien mal, no tenía los recursos, no podía cuidarlos. Quería que los internaran, porque se portaban mal, salían a robar. Yo tenía que ir a trabajar y nadie me ayudaba. Se me fueron de las manos, nomás. Perdí el control de ellos. Perdí al Emerson. Como no iba al colegio, comenzó a reunirse con otros jóvenes, los que se pasaban el día afuera de la casa de mi vecina. Todos menores de edad. Él consumía marihuana, se volaba. Después, la vecina lo invitó a dormir en su casa. Le dije que no quería que pasara tiempo allí, pero como eran traficantes, venían todos a intimidarnos.
En diciembre de 2014, en la tarde del día de Navidad, Emerson, por voluntad propia, se mudó a la casa de su vecina. Sin zapatos y en la reja de entrada, pidió ser invitado a la cena, a lo que V. accedió. Según el propio relato de Emerson, incluido en informes del caso, ese día le regalaron un par de zapatillas nuevas. No serían los únicos regalos que le darían, recuerda su madre.
—V. le dijo a la magistrada que mi hijo había llegado muerto de hambre y sin zapatillas a su casa. El Emerson le siguió el juego, pero también mintió porque la Navidad sí la pasamos juntos. Le regalé unas zapatillas Nike. El problema es que no le gustaron porque eran de su hermano mayor. No podía regalarle unas nuevas, siempre le compré usadas, pero eran buenas igual —agrega Carola Ortiz.
En abril de 2015, el tribunal de familia recibió un informe sobre los avances de Carola Ortiz, en relación a la vulneración de derechos de sus hijos. En este se evidenciaba un cambio y un compromiso por haberlos matriculado en el colegio, lo que benefició a los menores, excepto a uno: Emerson.
“Durante enero y febrero no asiste a las actividades ni al colegio (…), tampoco ha sido posible tomar contacto con él, en el contexto de visita domiciliaria, debido a que el joven se encontraría viviendo con una vecina, la cual se dedica al tráfico de drogas. La madre da cuenta de que ella ha intentado ir a buscar al joven, sin mayores resultados”, consigna el informe.
Dos meses después, el 16 de junio de 2015, Emerson y V. asistieron voluntariamente al tribunal de familia. Según el acta de la audiencia no programada del Centro de Medidas Cautelares, V. contó que le dio un hogar al menor y que vivía con ella. También explicó que no podía mandarlo al colegio porque no era su apoderada. Allí V. solicitó el cuidado provisorio de Emerson. Él declaró estar de acuerdo y bien con su vecina. Frente a la jueza Paulina Roncagliolo, ambos negaron el consumo y venta de drogas en el domicilio.
Según un informe social, en ese momento V. tenía 25 años, era madre de tres niños y había cursado hasta segundo medio. En su casa vivía con los menores, más tres adultos, hogar que mantenía como vendedora en un puesto de flores y con su pareja, que trabajaba como taxista. Pero esa versión
