o están en el programa y que, en este caso, se desconocen más antecedentes de lo que pasó.
Un mes después de la renuncia de María Carreño, el 9 de diciembre de 2016, Emerson, junto con la hermana de V., se involucró en un portonazo. Tras escapar de una persecución de carabineros, el auto en el que iba chocó contra una camioneta. Después de ser operado, quedó parapléjico, en silla de ruedas, sin movilidad de la cintura para abajo y sin posibilidad de volver a caminar.
El 10 de diciembre, al otro día del accidente, Carola Ortiz se enteró de lo ocurrido con su hijo y que estaba internado en el Hospital Roberto del Río. La madre cuenta que intentó saber cómo estaba, pero al no ser su tutora legal le prohibieron el ingreso. Ese día, asegura Ortiz, igual ingresó hasta la habitación de Emerson. “Estaba lleno de máquinas y de cabros, todos cuidándolo. Me gritó, me dijo que me fuera. Tenía mucha rabia, no era el mismo de siempre. Al final, llegaron los guardias y me sacaron”, recuerda.
Según el registro de una trabajadora social del hospital, “a Emerson le hacen compañía, durante el día, diferentes adultos y jóvenes, pero se percibía que solo estaban ahí para realizar
acompañamiento, para que Emerson no pueda tener mayores interacciones con otras personas”.
El 11 de enero de 2017, Emerson ingresó al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Al estar en un programa permanente e intensivo, dejó la casa de V. y se mudó al instituto que también asumió su tuición.
El accidente que sufrió Emerson, al estar bajo los cuidados de V., fue investigado por el Centro de Medidas Cautelares del tribunal de familia. El 1 de marzo de 2017, un consejero técnico informó sobre la situación de V. y evidenció que solo visitó dos veces al menor, por lo tanto, “esto podría estar relacionado con la sospecha de que utilizaba al joven en actividades delictuales y ahora que Emerson no puede realizar las mismas actividades de antes, lo abandona con excusas respecto a la imposibilidad de visitarlo, lo que afecta emocionalmente al joven”.
—La V. ya no quería estar con mi hijo, porque ahora había que bañarlo, mudarlo, transportarlo; se desligó. Pero él se dio cuenta de eso, de que lo habían abandonado. Él me pidió perdón —agrega Carola Ortiz.
En esa ocasión, el consejero del tribunal de familia también recomendó prohibir que la tutora legal del menor se acercara al adolescente, lo que terminó con la suspensión de todas las visitas de V. y se le prohibió estar a menos de 200 metros del menor. Ese proceso, por parte del tribunal de familia, demoró cerca de dos semanas. En ese tiempo, Emerson se escapó del instituto de rehabilitación, pero regresó la misma noche porque olvidó sus medicamentos. “Llega en pésimas condiciones de higiene, con compras realizadas. Se detecta que tenía en su poder bastante dinero, el que según refiere fue adquirido mediante la venta de ropa”, detalla la constancia del instituto.
Luego, la jueza Constanza Feliú, la misma que autorizó la orden de alejamiento de V., citó a la madre para estipular las visitas del menor a su casa los fines de semana. Según el registro de la audiencia, los profesionales declararon que Emerson estaba de alta, que era independiente en su vida diaria y que había cumplido con las metas establecidas de rehabilitación física. También se aclaró que incluir a su madre en el proceso, marcó un antes y un después. Ella cumplió con todas las visitas estipuladas: día por medio y en las tardes ayudaba a Emerson en la nivelación escolar, pero para eso debió abandonar un trabajo de guardia que había conseguido hace poco. Con los avances de Ortiz, la magistrada Feliú autorizó a la madre a estar con Emerson de viernes a domingo.
Pero en la semana, cuando el menor regresaba al instituto de rehabilitación, se volvía agresivo con el personal, lo que terminó con su expulsión del lugar y su regreso, de forma permanente, a la casa de su madre y al lado de V. Ahí se movía en silla de ruedas.
—Él tenía mucha rabia, se llenó de amargura. Me decía que se quería morir. Tenía mucha pena porque tomó malas decisiones. Se dio cuenta de cómo había quedado. A veces, cuando veía a la V., le gritaba: “¡Mira cómo me dejaste!” —recuerda su madre.
Ortiz asegura que su hijo comenzó a escaparse de la casa. Se perdía por días y luego regresaba en malas condiciones de salud e higiene. “Salía a buscarlo, pero no lo encontraba. A veces, unos tíos de La Vega me llamaban y me decían dónde estaba. Me daba mucha pena, lloraba con él”.
En mayo de 2019, carabineros de la Comisaría de Recoleta encontraron a Emerson viviendo en la calle. Llevaba varios días fuera de su casa, durmiendo en el suelo sobre unos cartones. Con una frazada tapaba las escaras que se habían formado en su espalda y glúteos. El adolescente quedó internado en el Hospital San José, donde falleció un mes después por una úlcera sobreinfectada, lo que le produjo un shock séptico.
En su casa, Carola Ortiz realizó el velorio de su hijo Emerson, de 17 años. Ese día, mientras fumaba un cigarro afuera de su hogar, recuerda que V. se le acercó. Paradas en la calle, ambas se enfrentaron a gritos. De esa discusión, la madre dice que aún siente impotencia por la frase que le gritó V.: “No vayan a decir ahora que nosotros lo matamos”.
Tras la muerte de Emerson, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Niños y Niñas —que pertenece a la Municipalidad de Huechuraba—, le informó a su equipo sobre lo ocurrido con el menor. Al escuchar la noticia, Paulina, una funcionaria de la oficina, no supo cómo reaccionar. Ella pidió cambiar su nombre real para este reportaje y dice que en más de una ocasión informó a los tribunales de familia sobre la situación de V. y Emerson, al que conocía desde hace un año.
Paulina, tras revisar los documentos de Emerson, cuenta que recordó otro caso similar: el de un padre, que en julio de 2016, denunció que S., su hijo de 13 años, había sido reclutado por su vecina, quien resultó ser V. Según documentos de la OPD de Huechuraba, compañeros del colegio de S. declararon que él “conducía una moto pequeña con la que trabaja como soldado para una red de narcotráfico que opera en el sector”. Ese año, Paulina asegura que se reunió con el Centro de Medidas Cautelares, con el Ministerio Público y el Sename. En las oficinas del tribunal de familia, realizó formalmente la denuncia sobre la situación de S. y la sospecha de otros casos más. En esa oportunidad, dice que vio cómo se firmó un oficio para ser enviado al Ministerio Público.
—Pero nunca encontré vestigios de esa denuncia. Le pregunté a compañeros y fiscales si podían buscar algo relacionado a V., pero no dimos con nada. No existía esa denuncia. No está dentro del sistema. No sé qué pasó —relata Paulina.
La última denuncia realizada al Ministerio Público sobre el caso de Emerson y nuevos jóvenes reclutados, ocurrió en diciembre del año pasado. La jueza Pilar Villarroel, del Centro de Medidas Cautelares, presentó la información a la Fiscalía Centro Norte. Pero ella dice a Sábado que no conoció el caso de Emerson por las denuncias de los programas de protección, sino que fue a través de otro hijo de Carola Ortiz: J. El menor, después de acudir a los funcionarios de la OPD de Huechuraba, se reunió con la magistrada en los tribunales de familia. Villarroel accedió a escucharlo por dos razones:
—En mis 18 años de experiencia en causas familiares o con menores relacionados a delitos, en solo dos oportunidades ha llegado un joven espontáneamente al tribunal y ha pedido hablar conmigo. J. fue uno de ellos. Pero nunca me habían solicitado ser ingresado a un hogar del Sename y menos que no fuera visitado por su propia familia. Él estaba desesperado, me dijo: “Métame al Sename, estoy cansado de lo que estoy viviendo” —asegura la magistrada.
Pilar Villarroel relata que J. le solicitó salir de su casa porque estaba siendo obligado a delinquir por sus hermanos. “Lo golpearon tanto que J. denunció en Carabineros, pero, según su relato, no lo tomaron en cuenta, porque los policías sabían que su familia tenía problemas con
