Historia de la República de Chile. Juan Eduardo Vargas Cariola
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De las industrias alimentarias, la más importante era la refinería de azúcar de Viña del Mar, organizada por Julio Bernstein e inaugurada en 1873. A solicitud del empresario, el Congreso aprobó una ley para eximir de derechos la internación de la maquinaria requerida y la exportación de metales para pagarlas677. Sin embargo, más interesante fue la fijación, en 1872, de aranceles de importación diferenciados: 25 por ciento para el azúcar refinada y 15 por ciento para el azúcar prieta, sin refinar. Esta protección duró poco, porque en 1878, en medio de una crisis de las finanzas estatales, se igualó el derecho sobre esta última, quedando todas en 25 por ciento, y al año siguiente los aranceles para ambas subieron a 35 por ciento. La falta de protección colocó a la industria en una situación difícil, pero un nuevo arancel posterior que fijaba derechos diferenciados conforme al porcentaje de azúcar pura del producto internado restableció la competitividad de la industria678.
La cerveza fue otro sector industrial de importancia. Dejando de lado algunas cervecerías artesanales, las primeras fábricas propiamente tales datan de mediados del siglo XIX. Siguieron la tradición germana, con procedimientos de fermentación en frío; debido a ello, iban aparejadas al negocio de la venta de hielo. En 1850, Valentín Koch y Andrés Ebner establecieron una cervecería en la ribera norte del río Mapocho en Santiago, la cual pronto quedó en manos de este último, que amplió el negocio. Un año antes, Joaquín C. Plagemann había fundado una cervecería en Valparaíso, reputada la primera en su género en el país. En 1857 el número de cervecerías en el puerto había aumentado a cinco, tres de ellas de propiedad de alemanes y dos de italianos. La fábrica de Plagemann fue creciendo en los años siguientes, y para 1877 su producción alcanzaba a dos millones y medio de litros de cerveza al año de diversos tipos, la que se vendía tanto en barriles como embotellada679. Sin embargo, la cervecería más importante del país fue la fundada en 1851 por Karl o Carlos Anwandter en Valdivia. En sus comienzos, la producción estaba destinada al consumo local, pero a poco andar levantó una nueva fábrica en la isla Teja, importando desde Alemania diversos equipos. En 1858, Anwandter traspasó el negocio a sus hijos, dos de los cuales habían obtenido su licencia de maestros cerveceros en Baviera. En 1871 la producción era estimada en 700 mil litros anuales. Las inversiones continuaron, lo que permitió a los Anwandter duplicar la producción a fines del decenio, modernizar los procesos de fabricación y consolidar su posición en el mercado nacional, pese a la distancia de los principales centros de consumo680.
La industria mecánica se concentraba en la fabricación de arados y otros implementos para la agricultura y la vendimia, aserradoras de madera, piezas para reparar maquinaria diversa y para atender las necesidades de los ferrocarriles. Era el caso de la maestranza de Limache constituida en 1860 que, además, podía fabricar armamentos de diversas clases, y realizaba trabajos tanto para los particulares como para el Estado681. De ese mismo año es otra maestranza fundada por Richard Lever en Valparaíso, que más tarde pasó a denominarse Lever, Murphy & Cía., propietaria de un establecimiento levantado en Caleta Abarca, en Viña del Mar, junto a la línea del ferrocarril, en 1883682.
LOS PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS
Uno de los medios utilizados por el gobierno chileno para promover la instalación de industrias en el país fue el otorgamiento de privilegios exclusivos, que concedían al beneficiario el monopolio de la fabricación de ciertos productos o el empleo de ciertas maquinarias o procesos industriales por un plazo determinado.
Las razones para su otorgamiento fueron expuestas por Manuel Montt en un dictamen de 1839, quien afirmó que “semejante concesión [era] el estímulo más poderoso y eficaz para acelerar los progresos de la industria y remover las dificultades que siempre presenta toda innovación, y últimamente para vencer el fuerte apego que todos tienen a lo usado y practicado”683. De otra parte, existía conciencia de los perjuicios que ellas ocasionaban para la actividad empresarial de terceros y la posibilidad que ofrecían para asegurarse un monopolio injustificado.
Estas concesiones se venían otorgando desde el gobierno de Bernardo O’Higgins, pero solamente a finales de la administración de José Joaquín Prieto se aprobó la ley de 4 de septiembre de 1840 que reglamentó la materia684. Conforme a la misma, el “autor o inventor de un arte, manufactura, máquina, instrumento, preparación de materias o cualquiera mejora en ellas”, debía presentar una solicitud al Ministerio del Interior con una descripción de su invento acompañada de los correspondientes modelos, dibujos y demás. Esta obra o invención sería examinada por una comisión de expertos que informarían sobre la originalidad de la misma. En el caso de un dictamen favorable, el presidente concedería el privilegio exclusivo por un plazo máximo de 10 años, no sin que antes el solicitante pagara un derecho de 50 pesos y depositara los mencionados antecedentes de su invento en el Museo Nacional685. El informe de los peritos no solo debía considerar la utilidad de la innovación que sería beneficiada, sino también “los inconvenientes que del otorgamiento del privilegio que se solicita pudieran resultar a la industria o al comercio para graduar en vista de ellos el tiempo porque deba concedérseles”. Del mismo modo, se debía especificar si se trataba real-mente de un invento o solo de una novedad introducida al país686.
Los privilegios exclusivos se concedían a las invenciones y descubrimientos originales, procesos técnicos de fabricación e introducción de maquinaria desconocida en el país, y también se otorgaban para nuevas industrias que usaran maquinarias y procedimientos conocidos, pero cuya puesta en marcha requería de costosas inversiones, por lo cual se buscaba mitigar el riesgo mediante su empleo exclusivo. Es, asimismo, el caso de algunas concesiones para construir ferrocarriles, como ya se ha mencionado, y para establecer servicios de navegación687.
Como ha indicado Gilberto Harris, a fin de justificar el privilegio los solicitantes ponían énfasis en las presentaciones en la provisión del mercado interno con productos de mejor calidad y precios más económicos, en la incorporación de operarios calificados y en los fuertes desembolsos que significaba traer la maquinaria. Por su parte, las oposiciones a los pedimentos solían observar que no se trataban de verdaderos inventos sino de la aplicación de métodos conocidos, o bien que ya existía una industria establecida en el país688.
El número de solicitudes fue en aumento. En los primeros 10 años de vigencia de la ley, fueron aprobadas 68 solicitudes, de las cuales casi la mitad estaban relacionadas con la minería, como fue el caso de los cuatro privilegios concedidos al empresario Carlos Lambert. En la década de 1850 el número de concesiones aumentó a 87, subió a 116 en la de 1860 y alcanzó a 209 en la de 1870. Al mismo tiempo creció el número de privilegios exclusivos para manufacturar bienes de consumo masivo, lo que guarda relación con el desarrollo del sector fabril689.
Originalmente, la ley extendía este beneficio a la introducción de “artes, industrias o máquinas” inventadas en otras naciones, pero desconocidas en el país, otorgándoseles un plazo más corto de hasta ocho años. Esta franquicia propendía más a la protección de fabricantes de maquinaria en el extranjero, impidiendo la introducción de una nueva tecnología o de un medio mecánico similar, y no buscaba el fomento industrial, por lo que fue derogada en 1872690.
Cabe dudar de si las invenciones y procesos industriales patentados dieron origen a nuevas industrias o si funcionaron de manera efectiva. Puede resultar ilustrativo el caso de los privilegios otorgados a Pedro Gamboni por los gobiernos de Perú (1866 y 1873), Bolivia (1873) y Chile (1883) para un procedimiento de extracción del yodo. Conforme al estudio de Ronald Crozier