Johnson, op. cit., pp. 16-19.
768 Manuel Valdés Vijil, Recopilación de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones de Policía vijentes en el Departamento de Santiago, Imprenta de “El Independiente”, Santiago, 1870, p. 65.
769 Johnson, op. cit., pp. 19-26.
770 Ibídem. pp. 28-40.
771 Ibídem, pp. 39-46 y 50
772 Johnson, op. cit., pp. 85-87; Reglamento Jeneral para la administración de los Telégrafos del Estado, de 31 de enero de 1872 en BLDG, 1872, I, pp. 38-64.
773 Citado por Victor M. Berthold, History of the Telephone and Telegraph in Chile, s.p.d.i., Nueva York, 1924, pp. 17-18.
774 Jorma Ahvenainen, The European Cable Companies in South America before the First World War, The Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki, 2004, p. 34.
775 Santiago Marín Vicuña, Los Hermanos Clark, Santiago, Establecimientos Gráficos Balcells & Co., Santiago, 1929, pp. 61-63.
776 Ahvenainen, op. cit., p. 34.
777 Johnson, op. cit., pp. 99-109 y 35.
778 Ahvenainen, op. cit., pp. 35, 72-76 y 95-96.
779 Ahvenainen, op. cit., pp 96-102; Johnson, op. cit., p. 111.
780 Decreto de 31 de enero de 1874 en Aníbal Echeverría y Reyes y Abraham del Río, Disposiciones Vigentes sobre Correos y Telégrafos 21 de mayo de 1888, Santiago, Imprenta Nacional, 1888, pp. 234-235; Johnson, op. cit., p. 111.
781 Decreto de 18 de diciembre de 1875 en Aníbal Echeverría y Reyes y Abraham del Río, Disposiciones Vigentes sobre Correos y Telégrafos 21 de mayo de 1888, Santiago, Imprenta Nacional, 1888, p. 236.
782 Ahvenainen, op. cit., pp. 102-104; Berthold, op. cit., p. 18
783 Johnson, op. cit., p. 114; K. C. Beaglehole, A century of Service. A brief history of Cable and Wireless Ltd. 1868-1968, London, Cable & Wireless, Ltd, 1969, cuadro entre pp. 46 y 47.
784 Ahvenainen, op. cit., pp. 106, 110-112.
785 Beaglehole, op. cit., p. 7.
CAPÍTULO VI
LAS IDEAS ECONÓMICAS 1826-1880
RENÉ MILLAR CARVACHO*
LOS ANTECEDENTES COLONIALES
En las décadas finales del siglo XVIII es posible encontrar referencias y reflexiones sobre la economía del reino de Chile entre funcionarios y comerciantes. Ellas reflejaban las inquietudes propias de los hombres de la Ilustración. Los animaban ideales reformistas que pretendían originar cambios significativos en las condiciones económicas y sociales. Por lo general, tenían una visión crítica de la situación económica y ponían énfasis en las limitaciones que en su desarrollo experimentaban los diversos sectores económicos.
En el Tribunal del Consulado, que agrupaba a los comerciantes, se generaron debates y se expresaron opiniones en materias económicas que muestran el sentir del gremio ante el estado de su actividad y del reino en general. Al mismo tiempo, de esa institución surgieron propuestas para superar las dificultades y deficiencias que limitaban el progreso. Por otra parte, tras esos planteamientos es posible apreciar criterios e ideas económicas producto de la práctica de los negocios y también de las lecturas de obras especializadas en ese campo.
Las repercusiones de las reformas al comercio americano llevadas a cabo por los Borbones fueron el punto de partida de los debates y proposiciones que se expresaron sobre el comercio y la economía del reino desde el último tercio del siglo XVIII en adelante. El reglamento de libre comercio entre España y las Indias de 1778 generó las mayores controversias, y la opinión mayoritaria del gremio y de los funcionarios locales fue bastante crítica respecto de sus implicaciones. A la vista de los efectos que estaba causando la aplicación de esa norma, se escribieron diversos informes en que se exponían los problemas que sufrían los comerciantes y las actividades manufactureras locales786. Más allá de las quejas específicas, predominaba un punto de vista proteccionista, que, junto con hacer notar los trastornos derivados de la apertura comercial, solicitaba apoyo oficial y estímulos especiales a las actividades mercantiles y productivas. Pero también hubo opiniones que defendieron el establecimiento del Tribunal del Consulado y las demás reformas borbónicas, como la del comerciante José de Cos Iriberri, que las veía formando parte de un “nuevo sistema de protección y libertad”787. Este mismo comerciante mostró una especial preocupación por la agricultura y su importancia para el desarrollo económico general, lo que trasuntaría concepciones fisiócratas.
También es posible apreciar la vigencia de las ideas mercantilistas, lo que queda de manifiesto en la especial preocupación que mostraban algunos miembros del Consulado por la fuga de metales preciosos, como consecuencia del déficit de la balanza comercial. En la medida en que el oro y la plata, a partir de aquellas ideas, eran asimilados a la riqueza, su escasez no solo originaba preocupación, sino que se la consideraba como una expresión de pobreza y atraso. Ahí se encontraba otra razón para criticar las consecuencias del reglamento de libre comercio, que había generado el desequilibrio en la balanza comercial cubierto con la exportación de metales preciosos, desequilibrio que, además, originaba una contracción del circulante. Pero, en forma paralela, era posible encontrar en esa misma institución a más de alguno que se identificaba con los principios del liberalismo económico, como ocurre con Anselmo de la Cruz, quien afirmaba que “todo lo que sea restringir la libertad del comercio es introducir una epidemia en el cuerpo político del Estado”788. En todo caso, pareciera que la mayoría de los comerciantes y funcionarios, como el síndico del Consulado, Manuel de Salas, se inclinaba por apoyar soluciones de índole proteccionista para fomentar el desarrollo de las diversas actividades productivas y comerciales789. La influencia del neomercantilismo, en su vertiente hispana, sería la fuente inspiradora de aquellas posturas790.
LA EMANCIPACIÓN: ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?
El proceso de la emancipación, más allá de los cambios políticos, también trajo consigo novedades en el campo de las ideas económicas, aunque lo cierto es que más bien tendieron a predominar las continuidades. Una medida económica importante adoptada al fragor del nuevo orden de cosas fue el decreto de libre comercio de 1811, dictado por la primera Junta de Gobierno, con el que se abrieron los principales puertos del país al tráfico con las naciones extranjeras aliadas de España y también con las neutrales. De esa manera se ponía término al monopolio comercial que legalmente había regido desde el siglo XVI. Podría suponerse que esta medida respondía a las ideas económicas liberales que gozaban de gran crédito en Europa. Sin embargo, ese no fue el caso, pues el decreto respondió a criterios claramente políticos. Lo que les interesaba a los miembros más radicales de la Junta era poder abastecerse de pertrechos de guerra ante las eventualidades futuras y facilitar la introducción de propaganda política favorable a sus ideas791.
Independientemente de lo anterior, es evidente que a la zaga del proceso emancipador se difundieron, en círculos muy estrechos, por cierto, las ideas y los escritos de los autores del liberalismo clásico. Ya en 1813 en un plan de estudios del Instituto
