El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio. Julio César Moreno Correa

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El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio - Julio César Moreno Correa

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Equivaldría a un hara-kiri económico que no se van a hacer. (p. 352)

      Por eso, lastimosamente, la reforma agraria que hicieron fue la que los benefició como clase dominante. Machado (2003), economista reconocido, quien desde la academia ha explicado el complejo proceso de la tenencia de la tierra en Colombia. En los siguientes párrafos se apreciará el pensamiento y el trasegar del tema en mención. Desde los años sesenta, se han estado aplicando reformas agrarias que no han solucionado los problemas en torno a la tenencia de la tierra, se ha iniciado un nuevo siglo sin resolver lo relacionado con la propiedad y la tenencia que es desigual y bimodal, haciendo más complicado el proceso, en la medida en que se dan los cambios políticos, económicos y sociales, además de los internacionales como son la dinámica de los mercados, la tecnología y la globalización.

      En el periodo de 1960-1970, la reforma agraria de la época no impactó en la estructura de la propiedad; el Incora entregó predios baldíos y de compra directa, se dio un crecimiento moderado de la superficie sometida al régimen y la concentración de la propiedad y la disminución de predios. Entre 1970 y 1984, aparecieron los cultivos ilícitos en la costa atlántica con la llamada “Bonanza Marimbera” y el surgimiento de una clase social con el dinero para comprar tierras y lavado de activos, crecimiento de la superficie y de los predios, expansión de zonas para la ganadería, descomposición de la propiedad y la consolidación de la mediana propiedad.

      En los años noventa se presentó una nueva dinámica con la compra de tierras por parte de los narcotraficantes, que fueron destinadas a ganadería extensiva como una forma de mostrar el dominio territorial; se englobaron los terrenos y aparecieron los neolatifundios como expresión del poderío de los traficantes, en tanto la pequeña propiedad se fragmentó y desapareció la mediana, se mantuvo la estructura agraria bimodal. Los pequeños y medianos propietarios, así como agricultores sin opciones de ascender económica y socialmente; los controles territoriales por parte de grupos armados y el despojo violento de tierra del que fueron objeto los medianos y pequeños propietarios.

      Machado (2003) señala los conflictos sociales generados alrededor de la tenencia y la propiedad sobre la tierra:

      Dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños y mediados propietarios, poca generación de empleo en una ganadería extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación predial por el poder político de los propietarios en los municipios, en especial de los ganaderos, y por tanto, poca capacidad de los municipios para tener recursos propios que les permita invertir y promover el desarrollo rural. A lo anterior se agrega que la presión sobre la tierra se ha trasladado hacia las zonas de expansión de la frontera por la debilidad de la democratización de la propiedad en el interior y el mal uso de la tierra. Ello tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente en zonas de gran fragilidad ecológica, y para las familias que se ven envueltas en los conflictos generados alrededor de los cultivos ilícitos en esas áreas. En los últimos 15 años la frontera agrícola ha sido colonizada por campesinos dedicados más al cultivo de la coca y la amapola (zonas altas del interior) con un grave daño ecológico, y son utilizados por los empresarios del narcotráfico. (p. 127)

      Adicionalmente, sobre el fenómeno del paramilitarismo, Machado (2003) dice:

      […] existe una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en una sociedad y ambiente capitalista que se enmarca en un proceso de globalización y de lucha por la modernidad. (p. 128)

      Según Berry (2014), algunos grupos de paramilitares, llamados autodefensas, se financiaron con dinero de los narcotraficantes para combatir los secuestros, repeler a la guerrilla y controlar el territorio y así poder manejar el negocio de la droga, de esta manera se asesinaron líderes campesinos, se cometieron masacres y desplazamientos.

      Tibble (2017) entrevista a Absalón Machado, quien, al referirse a las reformas agrarias en Colombia, hace un conciso resumen y las califica de tímidos intentos y experiencias fracasadas: “las reformas no han contado con apoyo político y decisiones serias de la sociedad para transformar las estructuras agrarias, sumiendo al sector rural en una situación de conflicto, atraso y pobreza” (p. 8), calificándolas de normas inútiles, injustas o progresistas que nunca se cumplen.

      El Estado ha obstaculizado el modelo agrícola que Colombia requiere —la inversión en el campo en todo el recorrido histórico en este capítulo así lo muestra—. Adicionalmente, el sector urbano no lo ha sentido como propio y necesario, en términos muy coloquiales, le ha dado la espalda aun dependiendo de los productos del sector rural. El campesino, no solo excluido, sino también invisibilizado tanto para el Estado, como ante los ojos del país todavía está esperando respuestas.

      A continuación, se presenta un compilado de las reformas agrarias de los siglos xx y xxi. Las últimas son respuestas de Gobierno de acuerdo con la visión particular del contexto por intervenir.

      Tabla 2. Compilado sobre las reformas agrarias o relacionadas con la propiedad o tenencia de la tierra

LeyComentarios
Ley 200 del 16 de diciembre de 1936.“Sobre régimen de tierras”.Compromiso político con los terratenientes.Figura jurídica de “extinción de dominio”.
Ley 100 del 31 de diciembre de 1944.Conocida con ley de aparcería.Mantuvo la explotación agraria.Amplió el plazo de extinción de dominio entre 10 a 15 años.Contrato de arrendamiento y aparcería como utilidad pública.
Ley 135 del 13 de diciembre de 1961.Reforma social agraria.Respuesta del Frente Nacional.Compromiso de las élites liberales y conservadoras para frenar el movimiento campesino de la violencia partidista (1948).Respuesta a la Revolución Cubana (1959) con impulso de la Alianza para el Progreso del presidente americano, Kennedy.Se pretendía presionar a los propietarios agrícolas para modernizar la producción y uso adecuado de los suelos.Se crean:Comité Nacional Agrario.Consejo Nacional Agrario.Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).Fondo Nacional Agrario (fna).Figura de los procuradores agrarios.
Ley 1ª del 26 de enero de 1968Reforma las leyes de 1944 y 1961.Será conocida como ley de Arrendatarios y Aparceros, regula los arrendamientos agrarios y protección al arrendatario campesino.Se crea la Unidad Agrícola Familiar (uaf) para proteger, regular la tenencia y explotación, asignadas individualmente a los campesinos beneficiarios.
Ley 4ª del 3 de marzo de 1973.Nace del Pacto de Chicoral (realizado en Tolima en enero de 1972) ante la creciente lucha campesina liderada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Acnur) y para calmar a empresarios y propietarios de tierra ante la posibilidad de expropiación.El Pacto se realizó entre gremios, partidos políticos y Gobierno.La ley benefició a los terratenientes al obstaculizar la expropiación de latifundios y bajar impuestos a los predios rurales.Se debilitó al Incora.En este gobierno se inició la representación de los latifundistas en el Congreso.
Ley 5ª del 29 de marzo de 1973.Mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través del Fondo Financiero Agropecuario, Fondos Ganaderos, Banco Ganadero, asistencia técnica, deducciones y exenciones tributarias.
Ley 6ª del 10 de enero de 1975.Reformó la Ley 1ª de 1968.Se impulsó el programa Desarrollo Rural Integrado.
Ley 35 del 19 de noviembre de 1982.Conocida también como Ley de Amnistía, el Incora fue encargado de la dotación de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas.Se vendieron muchas tierras improductivas en el tráfico de influencias y compras entre terratenientes y altos funcionarios.Agilizó los trámites para la entrega de tierras en zonas de conflicto a través del Programa Nacional de Rehabilitación (pnr).
Ley 30 del 18 de marzo de 1988.En términos generales, fijó como lineamientos: lograr una acción más coordinada de las instituciones gubernamentales;

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