El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio. Julio César Moreno Correa

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El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio - Julio César Moreno Correa

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      tarde para construir una utopía que

      nos permita compartir la tierra.

      Gabriel García Márquez

      Este apartado le presenta al lector unos elementos históricos que lo van a ubicar en tiempo y espacio de unos colombianos habitantes en una región nominada Magdalena Medio que agrupa varios departamentos: Boyacá, Santander, Antioquia y Cesar. Como se ha enunciado en acápites anteriores, Puerto Boyacá (Boyacá), Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar) fueron seleccionados para el trabajo de investigación, ya que tienen en común actividades económicas basadas en la explotación del petróleo, zonas agrícola y pecuaria; tienen puertos fluviales en el gran río Magdalena y comparten historias entrelazadas del conflicto armado.

      En el presente capítulo, primero, se presenta una panorámica del conflicto armado que tiene como epicentro la tierra y la respuesta por parte del Estado a través de reformas agrarias; el et, con una revisión sobre los conceptos tierra, territorio y et; un último tema como es la agenda pública y con ella la agenda territorial.

      Es necesario aclarar que, para los autores de la presente obra, se está empleando el término sobreviviente, como un constructo social que denota una perspectiva de temporalidad situacional, en vez de la etiqueta víctima del conflicto armado como lo plantea la visión jurídica (temporalidad de condición y permanencia) (Moreno-Correa, Salas-Picón y Valenzuela-Bonilla, 2019). Sin embargo, se ha respetado el empleo del término víctima en aquellos párrafos que corresponden a citas textuales y leyes. De igual manera, se encontrará que se hace referencia al posacuerdo, como es expresado por Nieto, Espinosa y Dávila (2017), al firmado entre el Gobierno nacional y las farc, uno de los grupos guerrilleros más grandes y longevos de la historia de Colombia, pues el conflicto armado, como tal, no ha desaparecido, dado que persisten problemas económicos, sociales y políticos y “se da inicio a un proceso de reincorporación a la vida social por parte de pobladores rurales, familias campesinas y exguerrilleros que fueron de una u otra forma afectados por la guerra” (p. 117).

      Un último apunte es sobre el corpus textual (respuestas de los participantes de la investigación) sobre los temas de competencia de este capítulo: territorio, identificación de problemas, agendas territoriales de paz, que al igual que el proceso del posacuerdo, son experiencias que evidencian un trabajo de madurez comunitario-organizativo que se plantean como acciones en los nuevos territorios de paz de Colombia.

      Este subtítulo probablemente genere una primera apreciación de encontrar en estas líneas un recorrido histórico sobre la tenencia de la tierra en Colombia, lo cual sería más apropiado para todo un documento de estudio desde épocas prerrepublicanas hasta esta fase denominada posacuerdo, que para un capítulo resultado de una investigación social.

      Para los investigadores, los autores Tirado (1979) y Machado (2003 y 2004), estudiosos del tema y referentes de muchos artículos y discusiones sobre la tierra en Colombia presentan la relación de esta con el conflicto armado interno, los cambios que se han suscitado en el transcurso de sesenta o hasta más años atrás; como lo expresan tanto Tirado como Machado, desde la época en que llegaron los españoles, la posterior colonia, y pasando por el periodo de formación de la república, los históricos años del reconocido conflicto interno, hasta el día de hoy, sobre el cual, Machado (2003) indica que se vislumbra un esquema medieval:

      [...] donde los señores de la guerra dominan territorios con base en súbditos que pagan tributos, unos, y cuidan las propiedades, otros —basados en la fuerza de las armas—, y donde se hace un proceso selectivo de las personas que manejan las propiedades o pueden trabajar en ellas. (p. 134)

      Tirado (1979) señala que en la Nueva Granada había ganadería extensiva, algunas plantaciones, grandes haciendas y gran cantidad de resguardos; sin embargo, lo más sobresaliente era la concentración territorial en manos de una reducida oligarquía. Entre las razones que suscitaron los cambios en la propiedad de la tierra estuvieron dadas por las guerras de Independencia, los beneficiarios fueron antiguos terratenientes que se hicieron al lado de los vencedores, militares republicanos que obtuvieron la paga de los servicios con tierras, los comerciantes, terratenientes y militares que acapararon tierras bajo la denominación de bonos de deuda pública. En el Congreso de Angosturas (1819) fueron otorgadas tierras a través de una ley que premiaba a los militares y los soldados, estos últimos se vieron obligados a vender los bonos de la deuda pública (las tierras) por un valor inferior e incluso recibieron el pago en especie. Lo anterior propició más concentración de tierras en manos de comerciantes y terratenientes.

      En el Congreso de Cúcuta (1821) se ordenó la repartición de los resguardos; en 1832, se volvió a ordenar el repartimiento de los resguardos, en 1843 se extendió la prohibición de enajenar tierras de los resguardos y en 1850, con la Ley 22 se autorizó disponer la libre enajenación de los resguardos. Dicha ley elevaba a todos los colombianos a ciudadanos iguales con los mismos derechos y obligaciones; con ello, los resguardos se repartían entre los indígenas y estos contaban con libre disposición sobre los predios adjudicados. Las presiones llegaron y los indígenas terminaron vendiendo, por lo tanto, quedaron libres de toda propiedad sobre la tierra. Esto llevó a que los indígenas se vincularan como mano de obra libre en las haciendas a través de una paga, lo cual permitió que ante la pérdida de los resguardos se ampliaran los latifundios y la mano de obra esclava se volviera antieconómica y se viese la necesidad de suprimirla. La excepción se dio al sur, en lo que hoy es Nariño y Cauca, donde sobrevivieron los resguardos porque el desarrollo capitalista fue menor, carencia de vías de comunicación y con ello la no exportación de productos.

      Finalmente, con el Decreto-Ley 1421 de 1940, las clases dominantes amparadas por el Estado extinguieron los resguardos en esa apartada región. La forma arbitraria de desalojo se procedió con la exigencia de la titulación y el registro, por supuesto inexistente, por lo tanto, el resguardo dejaba de existir, con ello, se consideraban baldías y los indígenas simples ocupantes o colonos a quienes se les reconocía lo cultivado y la mejora.

      Otros territorios que se vieron afectados fueron los ejidos, herencia de España. Los monarcas españoles dispusieron por Real Cédula del 29 de mayo de 1525 que cada población debía dejar terreno (solares) a los vecinos. Los ejidos eran una porción de terreno de uso público en el cual se podía pastar ganado, pero no cultivar, así como emplear a futuro en la medida en que el pueblo creciera. Con el tiempo, los terratenientes se apropiaron de esas tierras ampliando cercados y agrandando sus propiedades, los ejidos fueron acaparados e impidió que la población pobre los utilizara.

      En los episodios de 1850, los terratenientes eran reconocidos políticamente como conservadores y los liberales encarnaban los intereses de la clase comerciante interesados en reformas económicas que los beneficiaran. La Reforma Agraria de 1850, Ley 30, eliminó el censo, que era un impuesto sobre las propiedades territoriales tanto urbanas como rústicas, dicho impuesto frenaba el desarrollo de la agricultura. En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera declaró la desamortización de bienes de manos muertas, como otra medida de la reforma; el resultado fue pasar del latifundio eclesial al laico, lo cual trajo como consecuencia que los conservadores y los liberales se fortalecieran como una oligarquía comerciantes-terratenientes. En resumen, esta reforma no eliminó el latifundio y las medidas implementadas favorecieron a los latifundistas al eliminar el pago de impuestos.

      La colonización antioqueña dio nacimiento a la mediana propiedad campesina y familiar. A mediados del siglo xix se presentó la colonización de zonas deshabitadas al occidente del país, la región sur de Antioquia, como son hoy los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, asimismo, se extendió al Valle del Cauca y norte del Tolima; en ese periodo los colonos fundaron muchas poblaciones. Una de las razones de salir a colonizar estaba en la calidad de las tierras, la concentración de propiedades

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