violentas, conllevando dolor y sufrimiento, y que es causado principalmente por la corrupción, que se expresa en la vulneración de los derechos (pp. 421-422)
Jiménez Bautista (2009) define la paz a través de categorías:
En términos históricos, se han dado tres maneras de estudiar el concepto de paz. Paz como paz negativa (ausencia de violencia directa); paz positiva (ausencia de violencia estructural o indirecta: propia de las estructuras sociales que soportan algún tipo de desigualdad social —económica y política— o militar). La investigación para la paz, con un sentido de paz positiva, relacionada con la creación del término de justicia social, como satisfacción de las necesidades básicas. Y, en últimas fechas, se menciona la paz neutra (ausencia de violencia cultural y/o simbólica). (p. 146)
Antes de abordar algunos elementos del et es necesario tener una noción sobre lo que representa su base, el territorio:
En la coyuntura, se puede decir, que el territorio se entiende desde una perspectiva conceptual y cognitiva, dividida en un factor natural, individual y otro espacial. El factor natural es el encargado de justificar las guerras con finalidades de conquista como imperativo funcional; el individual explica su concepción desde un punto de vista cultural; y el espacial lo ve como un conjunto de relaciones sociales proyectadas en el espacio. (Savério-Sposito, 2003, citado en Carvajal-Lombana, 2017, p. 64)
En el orden conceptual y cognitivo, Manzanal, Lattuada y Neiman (2006) proponen que el et
[…] es el encargado de explicar dinámicas económicas, históricas, culturales y socioeconómicas, y sirve como componente esencial y permanente del desarrollo mientras que el denominado enfoque territorial es permeable a nociones de gobernabilidad, permitiendo que la participación adquiera un estatus, un rol primordial para determinar el nuevo papel de las organizaciones sociales e instituciones locales (Pecqueuer, 1992, p. 455). Así las cosas, es de anotar, que el enfoque territorial está centrado directamente en el tema del desarrollo, desarrollo que solo se puede lograr mediante acciones articuladas con miras a producir cambios socioeconómicos, ambientales y la redirección de las políticas públicas. (p. 446; citado en Carvajal-Lombana, 2017, p. 65)
Ahora bien, Carvajal-Lombana (2017) indica que el et plantea una metodología de trabajo participativa cuyo fin es generar espacios de articulación entre comunidad, empresa y Estado, con miras a identificar las necesidades del territorio y cómo estas se transforman —al igual que un cambio de visión de territorio— mediante el establecimiento de puentes dialógicos y de interacción entre lo político, lo económico, lo social, lo institucional y lo ambiental. A partir de lo anterior se fomenta la autonomía a través de los planes de desarrollo territorial y el redireccionamiento de las políticas públicas. Lo expuesto ya se ha implementado en la Unión Europea, México y Canadá.
Carvajal-Lombana (2017) también identifica los componentes que estructuran el modelo et y los planes de desarrollo territorial (pdt) en grandes nodos: multidimensionalidad, multiculturalidad, capitalización humana, natural y social, articulación entre lo urbano y lo rural, territorial y diferenciación territorial.
[…] (i) la multidimensionalidad que se debe entender como la capacidad de interacción entre lo político, lo ambiental, lo económico, lo social y lo institucional en el territorio; (ii) la multiculturalidad como un conjunto de zonas en donde la población desarrolla distintas actividades que definen su estilo de vida (agricultores, pescadores, comerciantes, etc.); (iii) la capitalización humana, natural y social que tiene en cuenta tres cosas; la capacidad de las personas, las relaciones que facilitan la gobernabilidad y el capital natural, léase recursos naturales; (iv) la articulación entre lo Urbano y lo Rural, que expone la necesidad de articular culturas, enfocándose en las políticas de ordenamiento territorial y en el fortalecimiento de la autonomía y la autogestión como complemento de políticas de descentralización y de participación ciudadana; (v) el valor agregado territorial que resalta la importancia de una economía multisectorial para alcanzar múltiples objetivos propuestos para reformar el territorio; y la (vi) diferenciación territorial que permite identificar los recursos con los que cuenta cada territorio para su producción, proceso en el cual interactúan las instituciones públicas y privadas. (Carvajal-Lombana, 2017, p. 66)
Tres retos para un enfoque territorial
El et como condición y característica para el logro de lo acordado ha de superar unos obstáculos, derivados de condiciones históricas, que han acompañado la manifestación armada y la forma en que se ha hecho el ejercicio del poder centralizado: la descentralización administrativa, la priorización de los municipios y los departamentos en la toma de decisiones sobre sus comunidades, y el cambio de visión respecto de cómo alcanzar el acuerdo.
Para el caso colombiano, la adopción del et como eje articulador del acuerdo de paz y su concepción como camino para alcanzar la paz en el territorio se convierte en un reto, dadas las transformaciones estructurales que se deben realizar en el Estado y en los ciudadanos, en general, desde las subjetividades y las pluralidades que impone aspectos como la geografía y lo social. El primer reto es la descentralización administrativa propuesta en el artículo 1.° de la Constitución Política de Colombia; en la realidad, lo que se evidencia es la desconcentración de poder, de autonomía —lejos de la descentralización— (Penagos, 2003), debido a la dependencia en términos económicos, políticos-administrativos del gobierno central y las competencias limitadas en la toma de decisiones en las regiones. Al respecto, Carvajal-Lombana (2017) manifiesta que las limitantes de un sistema desconcentrado ponen en riesgo la finalidad del acuerdo de paz y la base del et; asimismo, indica:
Si la problemática continua, difícil será materializar las ideas que se tienen proyectadas, e inevitablemente ocurrirá lo expresado por el dnp, esto es, el debilitamiento del acuerdo de paz, si no se empieza con su ejecución durante el primer año inmediatamente posterior de su entrada en rigor.
[…] esta problemática puede anular los demás beneficios que trae consigo la proyección de la reforma, pues de nada sirve que se creen espacios que posibiliten la participación, la priorización de zonas más afectadas por el conflicto, la adquisición de subsidios, el fortalecimiento de la educación y la erradicación de violencia si las instituciones encargadas de ejecutar la tarea no cuentan con la fuerza suficiente para determinar el giro común de las actividades que se emprendan para consolidar de forma exitosa y provechosa los beneficios ofertados por el concepto de enfoque territorial o sencillamente se fugan los esfuerzos en una estructura paquidérmica que termina por desangrar los logros que a mediana escala son alcanzados. (p. 72)
En relación con lo planteado, Castro (2002) propone:
Con una recta aplicación de la descentralización se construye la paz social, pero no puede existir esa paz sin la autonomía de las entidades territoriales, lo que deja una laguna, un futuro incierto sobre la viabilidad de lo propuesto. La improvisación, la incompetencia, la malversación, los peculados y la corrupción han deteriorado el mal llamado poder administrativo territorial, la soberbia cómo se maneja el erario público en ocasiones ha desfigurado la descentralización territorial por falta de credibilidad y soporte democrático. (p. 33)
La materialización del et se realiza a través de los pdt7, los cuales, a su vez, se plantean como los instrumentos que les dan vida a los principios del et. De acuerdo con Carvajal-Lombana (2017), una de las características que posee el et en los acuerdos de paz es priorizar las zonas del país con mayor necesidad y un limitado desarrollo, producto del conflicto armado; no obstante, “el panorama no es claro, y las medidas prioritarias no están definidas” (Carvajal-Lombana, 2017, p. 62). En este punto es importante indicar que, aunque el conflicto armado tuvo impacto en todo el territorio colombiano, solo se priorizaron 170 municipios agrupados en 16 subregiones; tal como lo indica Restrepo (2018), “se convinieron 170 municipios prioritarios para la implementación de dieciséis programas acordados. La lista resulta de la combinación de cuatro características
