política gubernamental”11. De hecho, para muchos intelectuales que participaron del proceso de autocrítica posterior al golpe de Estado, esta característica habría operado como uno de los factores incidentes en el quiebre de la democracia chilena. Sin embargo, más allá de esta valoración que formó parte de los debates políticos de los años ochenta, lo cierto es que se articularon formas de concebir las prácticas, las funciones y las relaciones entre ciencia y política que la dictadura se ocupó de desarmar a través de la intervención de las instituciones universitarias, represión, exoneración y clausura de la opinión pública. Tal como consignó Pinochet en 1976, “el pluralismo ideológico irrestricto y absoluto debe entenderse como definitivamente abolido”12.
Quiebre democrático y rearticulación del campo intelectual en la oposición a la dictadura
Con el golpe de Estado se inició un proceso de redefinición entre ciencia y política que supuso la necesidad estratégica de una diferenciación plena y eficaz entre ambas. Dado que “se responsabilizó a la universidad de haber alimentado a los grupos de izquierda radicalizados y se le acusó de haber experimentado un crecimiento artificial, un verdadero desborde que le restaba su tradicional función de élite y de conformación de la cultura superior de la nación”13, las instituciones de enseñanza superior fueron duramente intervenidas en pos de la eliminación de la ideología y de la racionalización de su gestión.
El campo de las ciencias sociales fue uno de los más intervenidos. Según consigna Puryear, al producirse el golpe militar, “había en Santiago más cientistas sociales que en cualquier otra capital latinoamericana”14. Por ello, se suspendieron los ingresos a carreras en el área, se exoneró a los académicos vinculados a posiciones de izquierda, se redefinieron los claustros y las currículas formativas, con el objetivo de desterrar (en palabras de la junta militar) la “politiquería y el marxismo”.
El otrora centro regional de pensamiento, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren), que había alojado a importantes académicos intelectuales extranjeros, quedó despoblado. Entre 1973 y 1975 el espacio para los intelectuales de las ciencias sociales se eliminó. Preocupados por la sobrevivencia en las duras condiciones que generaba la represión, el debate fue casi inexistente. Con todo, es importante destacar que a “diferencia de la crítica política, el análisis académico no era constitutivo de delito; los académicos exonerados podían seguir en su profesión, siempre y cuando tuvieran una institución que los acogiera y no llamaran mucho la atención”15.
De manera incipiente, dos iniciativas fueron relevantes en la posibilidad de reconstrucción del campo intelectual. En primer lugar, la creación de Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (Icheh), primera institución de intelectuales que hizo una fuerte crítica a las drásticas restricciones del pensamiento y el debate opositor, precursor de los centros privados de investigación16 que se consolidaron en la década de los ochenta. En segundo lugar, la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, institución vinculada a la Iglesia católica, que por iniciativa del cardenal Silva Henríquez configuró un espacio para el pensamiento democrático y de oposición a la dictadura.
A través de varios círculos de estudio (mujer, trabajo, mundo rural, entre otros), la Academia de Humanismo Cristiano se constituyó en un espacio de sociabilidad, de reflexión y de inserción profesional para variados cientistas sociales que poblaban el mundo de la oposición política, muchos de los cuales participaban activamente en la Vicaría de la Solidaridad.
La Vicaría, a través de sus distintos centros zonales, se había convertido en una importante red de apoyo social al mundo popular y de sectores medios, fuertemente violentados en sus derechos humanos fundamentales. Así, promoviendo una cultura de defensa de estos, la Vicaría fue articulándose como un espacio de intervención social que permitió la participación de cientistas sociales, especialmente abogados, trabajadores sociales, sociólogos, entre otros, que encontraron allí un lugar para hacer oposición y generar reflexiones críticas.
Tal como lo plantea Mario Garcés en su artículo en este libro, la Vicaría promovió espacios de sociabilidad que permitieron la creación de comedores infantiles, comedores familiares, bolsas de cesantes, grupos de salud, centros de apoyo escolar. Estos, junto con actuar sobre la emergencia, posibilitaron la re-elaboración de una vida comunitaria que, aunque precaria y reprimida por las fuerzas del gobierno, fue clave para la organización de la sociedad civil. Hacia 1980, la Vicaría había logrado ejecutar programas que beneficiaron a 153.998 pobladores, una amplia red que serviría de base para las conexiones que establecerían los intelectuales de las ONG.
Junto con estas actividades, en 1977 la Vicaría convocó a un seminario de “Ciencias Sociales y realidad nacional” que permitió la reunión de actores académicos y políticos en el espacio protegido que brindaba la Iglesia católica y su numerosa red vinculada al mundo popular. En 1978, sin embargo, la institución comienza a vivir un giro pastoral que reorienta la actividad de la Vicaría y el rótulo de oposición política con el que permanentemente la fustigaba la dictadura militar. Estas transformaciones, en forma más global, también estuvieron relacionadas con los cambios en la jerarquía eclesiástica impulsados desde el Vaticano. Así, la opción por los pobres pierde presencia significativa y se consolida un giro hacia un neoconservadurismo encabezado por Juan Pablo II en 1981, cuyos efectos más visibles se expresarán durante los años noventa.
Pese a estos esfuerzos, los años que se extienden entre 1973 y 1980 estuvieron caracterizados más por la sobrevivencia, la denuncia de violaciones a los derechos humanos e incipientes intentos de rearticulación de la asociatividad popular, que por la generación de una reflexión sistemática que tuviera como objetivo restituir el campo intelectual.
En 1977, la dictadura daba a conocer su proyecto de modernizaciones que buscaba consolidar una economía de libre mercado, un estado subsidiario y una futura democracia protegida. La propuesta de institucionalización del régimen fue tomando cuerpo en la generación de una nueva Constitución Política que reemplazaría la carta de 1925.
Este contexto fue un escenario propicio para la aparición de la primera crítica político-académica que circuló en una todavía restringida opinión pública, que veía aparecer las primeras revistas de oposición al régimen. APSI y posteriormente Análisis, junto con la revista Hoy, cierran la década de los setenta y se convierten en espacios de difusión para el pensamiento opositor.
En 1978, un grupo de juristas y cientistas sociales se reúnen para dar cuerpo al Grupo de Estudios Constitucionales, formado por 24 hombres con trayectorias académicas y políticas destacadas, dados a la labor de criticar la propuesta constitucional que buscaba institucionalizar al régimen militar. Se trató de una iniciativa de académicos y políticos de cierto renombre, entre los que se contaban Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Raúl Rettig, Jaime Castillo Velasco y el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Manuel Sanhueza. Tal como rescatamos en este libro, el grupo surgió para contrastar las propuestas que emergían de la dictadura para elaborar una nueva Constitución Política del Estado. Junto con el análisis estrictamente académico, era evidente que el Grupo de los 24 se proponía abrir el debate político en medio de la dictadura. Sus temas fueron la democracia, la soberanía popular, la nueva constitución, los partidos políticos, la sociedad civil, la necesidad de una Asamblea Constituyente y un plebiscito para aprobar una nueva constitución política.
Se buscaba rivalizar con las orientaciones que proponía la dictadura a través de la Comisión Ortúzar17, y en este sentido, más allá del plebiscito organizado por la dictadura para hacer aprobar la Constitución de 1980, el Grupo los 24 operó como un referente de la oposición política a la dictadura. Según Edgardo Boeninger, uno de sus miembros más destacados, el Grupo de los 24 constituyó el “primer caso en que figuras de la oposición se valieron de la investigación académica como pretexto para reunirse públicamente a tratar temas políticos”, lo que habría sentado un primer gran “precedente para la nueva y compleja relación entre intelectuales y políticos que
