la misma fecha se formaron el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE, 1977), Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (Ceneca, 1977), el Programa de Economía del Trabajo (PET, 1978), SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR, 1979), Educación y Comunicaciones (ECO, 1980) y el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, 1981), por nombrar a algunos de los más conocidos. Así, recién iniciada la década de los ochenta, se dibuja el nuevo campo intelectual de oposición a la dictadura.
Estos centros se orientaron a la comprensión de las transformaciones profundas que experimentaba la sociedad chilena a propósito de las políticas implementadas por la dictadura. La reestructuración de una economía primaria exportadora, la desindustrialización acelerada, la cesantía y la inflación incidieron en las nuevas preocupaciones por el mundo del trabajo, los pobladores y el sindicalismo. De forma similar, se expandió el debate sobre los cambios en la educación, sus efectos en la sociedad civil y las posibilidades de visiones emancipadoras. Así, preocupados de descifrar, comprender, analizar y potenciar una crítica fundamentada, el mundo de las ONG se fue tornando en un hábitat común para los intelectuales y académicos opositores.
En este libro hemos centrado nuestra atención en aquellas organizaciones que enfatizaron sus estudios en las distintas vertientes del movimiento popular y opositor a la dictadura y que tejieron lazos con las organizaciones populares que se rearticularon o que surgieron en esta etapa. Algunas de las organizaciones estudiadas dieron continuidad e innovaron sobre temáticas que se venían trabajando desde antes del golpe, especialmente en el campo de la educación, las comunicaciones y el mundo agrario; otras, en cambio, abrieron y constituyeron campos nuevos, con menor tradición, como sería el caso de la educación popular, la economía popular y el movimiento social de mujeres, que vivieron prácticamente una etapa refundacional en los años ochenta.
En todos los casos, estas organizaciones se vieron enfrentadas a una realidad nueva, que se caracterizaba no solo por la represión, el silenciamiento y el cierre de espacios para el debate público, sino también por la necesidad de comprender el nuevo cuadro social, económico, político y cultural que se había constituido con la dictadura y, a la vez, procesar la experiencia de la derrota del proyecto de la Unidad Popular, que, además de política y social, comprometía el campo de los saberes.
Gabriel Salazar a mediados de los años ochenta escribió: “La ruptura histórica de 1973 quebró la espina dorsal de varias tendencias históricas que había cobijado el desarrollo del primer movimiento popular chileno. Eso implicó la modificación del basamento fundamental sobre el que se construyeron los sistemas teóricos de la fase 1948-73”19. Más tarde, en un ensayo sobre la historiografía chilena en dictadura, en 1990, agregó: “La violencia de la derrota político-militar de 1973 erosionó todas las capas y articulaciones de los paradigmas ideológicos del 38 y del 68, terminando por descalabrar la misma intimidad cultural y emocional de esas generaciones de militantes e intelectuales”20. En uno y otro caso, Salazar llamaba la atención sobre la ruptura en el campo del pensamiento y los basamentos de la producción intelectual chilena con posterioridad al golpe de Estado. La afirmación parece indiscutible; sin embargo, el proceso de modificación de paradigmas y de la teoría social tomó tiempo y se dio en condiciones francamente desfavorables para los intelectuales y militantes que habían perdido sus fuentes de trabajo (expulsados de la universidad o por el cierre de diversos centros de estudio) o que sufrieron directamente la represión política (muchos de ellos encarcelados, torturados, hechos desaparecer o que debieron tomar el camino del exilio).
En rigor, el golpe de Estado impactó tan profundamente a los chilenos que se vieron comprometidas no solo las elaboraciones teóricas y políticas acerca de la sociedad y la política, sino que se interpeló la propia “conciencia histórica nacional” que se podía dar por aceptada entre los chilenos hasta antes del golpe de Estado. El terrorismo de Estado, además, no solo provocaba miedo, sino que tenía un efecto perturbador en el conjunto de la vida social. La perplejidad ante el quiebre democrático y la nueva sociedad que emergía al alero de las transformaciones que implementaba el régimen militar fueron tiñendo gran parte de las interrogantes que formularon los cientistas sociales de oposición.
Por otra parte, los sectores populares se vieron enfrentados a dos situaciones francamente críticas: la represión y el empobrecimiento. La represión se desencadenó inmediatamente después del ataque a La Moneda, cuando se multiplicaron los allanamientos en “fábricas y poblaciones” –dos lugares emblemáticos de la vida social del pueblo–, los que iban acompañados de detenciones, abusos y ejecuciones. El empobrecimiento fue un proceso que tomó forma a corto plazo por efectos de la inflación y del desempleo (miles de despedidos de fábricas y del sector público) y alcanzó perfiles más extremos cuando se impuso una política de ajuste estructural, o de shock como se denominó en la época, con los Chicago Boys instalados en el gobierno, desde 1975. Comenzaba el ensayo neoliberal chileno.
Sin embargo, a pesar de la represión y del empobrecimiento, los sectores populares se fueron reagrupando lentamente, dando lugar a nuevas prácticas, a la emergencia de debates antiguos y otros contingentes, así como a nuevos actores: se reorganizaron algunos grupos de dirigentes sindicales, surgieron las primeras agrupaciones para defensa de los derechos humanos, grupos de estudio y luego un inédito movimiento de mujeres, pero por sobre todo afloró lo que se denominó “reconstitución del tejido social” en las poblaciones.
El contexto dictatorial permitió la configuración de una primera identidad opositora en estas nuevas instituciones, cuyos integrantes habían sido formados en unas ciencias sociales en expansión, con nuevas tradiciones epistemológicas y de reforma a la estructura universitaria, junto con la lucha por su democratización. Antes del golpe ya se habían creado las “condiciones institucionales y culturales para que un gran contingente de profesionales se formara en estas áreas de trabajo, se inspirara en las corrientes metodológicas del desarrollo de la comunidad y pudiera realizar cierta práctica desde la Iglesia o los aparatos del Estado”21.
Según las cifras que entrega J. Puryear, hacia 1988 se podían identificar 49 centros privados, que empleaban a 664 profesionales, 134 de ellos posgraduados en Europa o Estados Unidos, y más de 20 revistas académicas o boletines”22. Los debates, no muy estridentes por cierto, se trasladaron desde el espacio universitario hacia estos centros académicos que integraban “la familia de las llamadas organizaciones no gubernamentales, cuyo estatuto está reconocido internacionalmente y cuya personería es suficiente para captar fondos en el mercado internacional de la cooperación”23.
Estas ONG estaban guiadas por un principio básico, “el desconocimiento de la legitimidad de los regímenes de facto y, consecuentemente, un reconocimiento del pueblo como origen de la soberanía y fundamento del ejercicio legítimo del poder”24. De diverso tamaño y con distintos énfasis, estas instituciones fueron el espacio donde se reestructuró el campo intelectual, que en conjunto con habilitar debates políticos, produjo investigación e intervención social y trató de revincular a las ciencias sociales con la sociedad. La producción de análisis sociales, lejos de separarse de la política, configuró una nueva relación, en la que esta última experimentó un notable aumento de la intelectualización. Así, las ONG se convirtieron en catalizadores, en convocantes de los debates políticos, reuniendo en “talleres, seminarios y cursos” a actores intelectuales y políticos, a sindicalistas y feministas, a pobladores y jóvenes para reconquistar la democracia y debatir la democratización. Dado que la intelectualidad dominaba uno de los pocos espacios abiertos a la disidencia, se articularon relaciones con el mundo político partidario, que muchas veces se traslapaba con las adhesiones militantes de los intelectuales. Sin embargo, hasta 1983 el público fue restringido y se expandió a pulso por quienes habitaban el campo de las ONG, básicamente una élite profesional vinculada a la oposición. Según Puryear, “nadie, salvo la clase política, conocía o leía lo que la intelectualidad chilena producía, menos dentro del país”25. Y aunque esto nos parezca discutible, nos interesa resaltar la casi inexistencia de un espacio público, por lo que el esfuerzo por difundir las experiencias y nuevos conocimientos tuvo un notable y resignificado
