resolver que no corresponde formular una determinada acusación sino con respecto a actos posteriores a la vigencia de la ley dictada para su funcionamiento”22.
Una de las primeras “leyes de amarre”, como las llamaba la oposición, estaba elaborada desde antes, pero la Junta no la había promulgado. Después del plebiscito de 1988, cuando fue claro para el gobierno que la oposición iba a asumir el próximo gobierno, el ministro de Justicia Hugo Rosende presionó para apresurarla.
Fue la Ley 18.805, del 17 de junio de 1989. Estableció indemnizaciones millonarias para los jueces de la Corte Suprema que jubilaran antes del 15 de septiembre de 1989.
En su primer artículo fijó una indemnización para estos magistrados de la remuneración total del grado y demás beneficios pecuniarios vigentes a la fecha del retiro, con un máximo de 28 mensualidades. El mismo beneficio estableció en su artículo segundo para las viudas de aquellos que fallecieron entre diciembre de 1987 y la fecha de dictación de la Ley 18.80523.
La oposición la bautizó como la “ley caramelo” y la criticó con vigor.
La defendieron los partidos y la prensa oficialistas.
Su efecto fue nítido: buena parte de los ministros más antiguos se retiraron y Rosende llenó los cupos vacantes con aquellos jueces que creía más proclives a la dictadura.
Rosende quería una Suprema dócil, una suerte de “seguro” para evitar riesgos a las autoridades salientes. El tema que más le preocupaba era garantizar que continuara la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 para impedir juicios por los atropellos a los derechos humanos cometidos antes de esa fecha.
El ministro Rosende logró que 12 de los 17 jueces de la Corte Suprema con que comenzó la democracia el 11 de marzo de 1990 fueran nombrados por él.
El máximo tribunal, que en dictadura rechazó miles de recursos de amparo por los detenidos, quedó en el reinicio de la democracia con facultades como nunca tuvo antes. El presidente de la entidad quedó con un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, que elegía a los cuatro senadores designados: tres excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y un ex general director de Carabineros. Además, la Corte Suprema nombraba directamente tres senadores designados –en comparación, por ejemplo, los votantes de la región Metropolitana elegían cuatro senadores–, dos de ellos exministros de este tribunal y un ex contralor general de la República24.
Un examen del Diario Oficial de los últimos meses refleja la premura y desprolijidad con que se actuó. Varias leyes recién publicadas experimentaron modificaciones a los pocos días, incluso antes que terminara la dictadura. Algunos cambios fueron para rectificar errores generados por la prisa legislativa y, en general, buscaron ampliar el alcance de las normas.
Hubo también “perdonazos” varios.
La Ley 18.942, del 22 de febrero de 1990, condonó saldos de deudas al Fisco y sus respectivos intereses para las personas naturales que compraron inmuebles con destino habitacional a través del Ministerio de Bienes Nacionales, cuyas escrituras se suscribieron antes del 1 de enero de 1987. El monto máximo de condonación fue de 200 UF.
Otra de las normas finales fue la Ley 18.919, que el 1 de febrero perdonó las deudas de soluciones habitacionales adquiridas a través de la Fundación CEMA Chile.
Otras dos iniciativas del epílogo fueron publicadas el mismo día.
El 13 de febrero de 1989 se conoció la Ley 18.944, que derogó el decreto ley 50, de 1973, el cual impuso desde ese año los rectores delegados en las universidades. Esta ley implicó que las casas de estudios superiores pudieron volver a gobernarse por sí mismas y recuperar su autonomía.
También ese día se disolvió la Central Nacional de Informaciones (CNI). A través de la Ley 18.943 los recursos, bienes, patrimonio y obligaciones de la CNI se traspasaron al Ejército y quedaron en manos de la Dirección de Inteligencia de esta rama castrense (DINE). La norma incluyó al personal, dando garantías a quienes se desempeñaron en ese órgano represivo de que los años de trabajo se les reconocieran como “tiempo servido en el Ejército”.
Fue una retribución a los exagentes.
Otras leyes finales autorizaron la existencia de casinos en Iquique, Pucón y Puerto Natales (18.936), crearon el Consejo Nacional de Televisión (18.838) y autorizaron a las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI a comprar y vender bienes raíces (18.872).
Enrique Correa recuerda que, durante el proceso de traspaso, el general Ballerino, entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, “nos dijo a Boeninger y a mí que nos iba a mantener informados de las actividades legislativas de la Junta”.
Hoy cree que esa fue una “trampa de Ballerino”. Pero esa idea no la tuvo entonces.
Como la Concertación había ganado las elecciones, “naturalmente pensamos que [la promulgación de leyes] iba ser una actividad restringida”, dice. La envergadura y número de proyectos sorprendió a las futuras autoridades.
Asegura Correa:
–Ballerino nunca nos dijo ni nosotros habríamos aceptado esas leyes. Nosotros no podíamos dar opinión sobre las leyes que generara un cuerpo legislativo tan sui generis como los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, además que teníamos un Congreso electo. Boeninger iba recibiendo las llamadas de Ballerino y a medida que avanzaba el tiempo, nos dimos cuenta de la envergadura de lo que se estaba aprobando.
Boeninger resumió su percepción de cómo operaron las leyes de amarre: “El régimen saliente se esmeró en preservar, en la medida de lo posible, su modelo de democracia protegida, en base a una estrategia combinada de imposición y consenso, procurando asegurar mayoría parlamentaria para la derecha y autonomía plena y rol tutelar efectivo para las Fuerzas Armadas y el predominio por largo tiempo de la cultura conservadora en el ámbito judicial –Corte Suprema y Tribunal Constitucional– mediante la designación del mayor número posible de adherentes en los cargos pertinentes. De este modo se pretendía asegurar que la inevitable entrega del gobierno no significara una real transferencia del poder25.
Tal como ocurrió muchos años después, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), para la aprobación de la reforma tributaria, la residencia del senador DC Andrés Zaldívar en calle Espoz, en la comuna de Vitacura, fue en 1990, en la alborada democrática, el escenario de negociaciones clave.
Como la Concertación estaba en minoría en el Senado considerando los parlamentarios designados, la presidencia de esta cámara iba a quedar en manos de la derecha.
El problema era importante.
En el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) participaban ocho personas, cuatro civiles y cuatro uniformados, según las reformas constitucionales de 1989, y sus decisiones eran por mayoría de sus miembros. Por tanto, se requería de cuando menos cinco votos.
De los cuatro civiles, dos representaban el poder político y eran elegidos por votación (Presidente de la República y presidente del Senado); dos encarnaban el poder jurídico (presidente de la Corte Suprema y contralor general de la República) y cuatro al poder militar (uno por cada rama de las FF.AA. y otro de Carabineros).
Que el presidente del Senado fuera concertacionista evitaba que los uniformados tuvieran mayoría automática en un Cosena que podía “hacer presente” a cualquier autoridad algún hecho o materia que atentara contra la institucionalidad26.
“Nos
