Tierra y colonos. José Ramón Modesto Alapont
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[8] La venta de los patrimonios debía ser compensada por la posesión de deuda pública intransferible. Pero hasta 1864 los ingresos por los intereses de la deuda no alcanzaron una cantidad que pudiera restituir al menos en parte las rentas perdidas. Véase Fernando Díez (1993).
[9] Ambos autores sitúan a la beneficencia como el primer gasto en importancia en el presupuesto provincial a partir de 1861.
[10] El Hospital General cobraba desde 1755 los derechos dominicales del lugar de Benicalaf de les Valls. Este incluía proporciones variables de las diferentes cosechas, un horno de pan, la almazara y prensas de aceite, la carnicería, la tienda, la panadería, la taberna, nueve horas de agua, las casas de la señoría y censos enfitéuticos con luísmo, reluísmo y quindemio sobre 72 hanegadas en el lugar. Se arrendaban en plazos de cuatro o seis años y su producto puede seguirse en José Ramón Modesto (1998a y 2004).
[11] Una versión sintética de este proceso se trata en Manuel Ardit (1993) y Mariano Peset y Vicente Graullera (1986). Los casos más conocidos quizá sean los de la catedral, Sant Joan del Mercat y el del Colegio del Patriarca. Véase Fernando Andrés (1987) y Javier Palao (1993). Para una revisión de los problemas del crédito en la crisis del Antiguo Régimen, véase Enric Tello (2001).
[12] En la contabilidad del quinquenio 1848-1853 se destacaba la eficacia obtenida en el cobro de los censos: «la renta de censos se ha elevado a una renta fabulosa durante esta administración, mientras que según el antiguo método de cobranza rendía muy poco». ADPV. Hospital General. VI 4.3. Caja 3.
[13] En palabras del administrador en 1853: «Los capitales de censos enfitéuticos y aún consignativos son insignificantes; de modo que tenemos de aquellos hasta de 4 rs. ¿y por qué ha de molestarse a todo un tribunal, al abogado de la casa y demás curiales a formular y seguir una demanda de tan corta cantidad si el pago de aquella aún entendida en sello de pobre vale mucho más que el derecho reclamado?». ADPV. Hospital General. VI 4.3. Caja 5.
[14] En el caso de la catedral y de Sant Joan del Mercat también parece que la rentabilidad de las propiedades urbanas superó a la de la tierra. Véase Javier Palao (1993).
[15] Uno de los párrafos finales de los contratos decía: «Y ambas partes dan el poder que se requiere a los señores Jueces y Justicias de su Majestad que les sean competentes, y en especial a los de esta Ciudad de Valencia a cuya jurisdicción se someten, renunciando todas las leyes, fueros y privilegios a su favor».
II. EL HOSPITAL COMO PROPIETARIO DE TIERRAS
El Hospital General era, a finales del siglo XVIII, uno de los propietarios de tierras más importantes de todo el País Valenciano. Sabemos que en 1828 era el quinto propietario de la Particular Contribución de Valencia (Hernández y Romero, 1980). Si tenemos en cuenta que en esas fechas sólo un tercio de su patrimonio se ubicaba en la comarca de l’Horta, podemos plantear que sería probablemente uno de los mayores propietarios del Reino de Valencia. Además, como veremos a continuación, la institución incrementó de forma considerable su patrimonio hasta que la desamortización de Madoz provocó a partir de 1858 la completa enajenación de sus propiedades. El volumen y diversidad de su patrimonio y el carácter estrictamente rentista de su gestión lo convierten en una fuente privilegiada para el estudio de la agricultura valenciana en el tránsito entre los dos siglos. El primer paso en nuestro estudio será intentar conocer su patrimonio, analizar cómo evolucionó e intentar entrever cuál pudo ser la lógica de esta trayectoria.
1. ORIGEN DEL PATRIMONIO Y VÍAS DE ACUMULACIÓN Y PÉRDIDA
Hay que tener en cuenta al analizar el patrimonio del Hospital el carácter institucional de los bienes. El hecho de tratarse de una institución permitía una mayor capacidad de acumulación y estabilidad, al no estar sometido a las fluctuaciones que los patrimonios familiares o individuales sufren por razones biológicas (división por herencia, nupcialidad, etc.). Además se trataba de una institución en la que diferentes intereses sociales quedaban implicados, lo que tendrá importantes repercusiones en su salud económica.
De entrada, el Hospital obtuvo desde su fundación el privilegio de amortización de sus tierras, que impedía que estas pudiesen ser enajenadas. Consecuentemente estuvo, también, afectado por las medidas antiamortizadoras que intentaron limitar la acumulación de tierras por parte de los grandes patrimonios. Desde la época foral se establecieron fuertes limitaciones a su capacidad de movimiento, que sin embargo tenían una efectividad vacilante y contradictoria a causa fundamentalmente de las penurias económicas de la hacienda pública (Palao, 1993; Brines, 1974). La situación del Hospital era peculiar. Mientras las instituciones eclesiásticas normalmente eran vigiladas y penalizadas, a menudo de forma infructuosa, por los juzgados de amortización para que no ampliaran su patrimonio, en el caso del Hospital las medidas más importantes fueron las establecidas por la corona para evitar la venta de propiedades. La Junta del Hospital tenía capacidad para gestionar a su voluntad los bienes, pero no podía vender ni permutar ninguno sin la adecuada autorización, inicialmente del rey y luego del ministerio de Gobernación.
La realidad fue en la práctica diferente y durante su larga existencia las penurias económicas obligaron con frecuencia a la institución a la venta de propiedades como forma de reducir sus constantes déficits. El cuidado de los enfermos, locos y expósitos era un pozo sin fondo, que impedía obtener beneficios y minimizaba su capacidad de inversión. Por ello, su crecimiento patrimonial no fue el resultado del beneficio generado por sí mismo, sino de la incorporación de tierras a través de diferentes mecanismos en los que frecuentemente estuvieron implicados elementos ideológicos y el favor de las instituciones que lo apoyaban. Su evolución patrimonial fue fundamentalmente el resultado de los intereses y comportamientos de los sectores sociales e instituciones que le daban consistencia y apoyo, tanto durante el Antiguo Régimen como en la época del liberalismo: la Iglesia, los sectores acomodados, la corona y las autoridades civiles. Esto explica también las peculiares vías de incorporación de sus bienes rústicos. Por otro lado, no parece que la institución siguiera en el crecimiento de su patrimonio una estrategia trazada con anterioridad. Aunque, cuando tuvo capacidad para orientar la adquisición de tierras, utilizó algunos criterios claros.
El patrimonio rústico del Hospital tuvo un origen variado. Cuatro son las principales vías a través de las cuales las tierras acababan en sus manos. La primera y más importante era la donación o la herencia. A lo largo del XVIII y la primera mitad del XIX fue muy frecuente que los grandes propietarios y notables del reino hicieran donaciones de tierras a instituciones benéficas en el momento de su muerte, o estipularan en los testamentos cláusulas para que en caso de que ellos o sus herederos quedaran sin descendencia sus patrimonios pasaran a manos de este tipo de instituciones. Esta acción caritativa se incentivaba mediante una bula papal que concedía indulgencias a todos aquellos que ayudaran económicamente al Hospital. Este procedimiento fue el más importante en su crecimiento patrimonial. De las tierras que tenía en 1850, aproximadamente el 70 % era fruto de las herencias o donaciones.[1] Pese a que la legislación desamortizadora destinaba en 1855 claramente sus tierras a la subasta pública, podemos detectar que el flujo de donaciones continuó hasta el momento mismo de