solo con los votos del PP, la proposición de ley para liquidar RTVV y pone en marcha el proceso para la elección del director general y los cuatro consejeros. El 15 noviembre el Consell aprobó el criterio favorable a la proposición de ley para liquidar RTVV. Seis días después, el 21 noviembre, el pleno de las Cortes Valencianas eligió en segunda vuelta, gracias a los votos del PP, a Ernesto Moreno, como director general de RTVV y a los cuatro consejeros nombrados por el partido del Gobierno.
Los acontecimientos se precipitaron y el 25 noviembre el comité de empresa entregó al Consell su propuesta para garantizar la viabilidad de RTVV durante dos años a un coste inferior al del cierre, mediante la reestructuración de la plantilla, sacrificios salariales y suspensiones temporales de empleo. Tan solo un día después el Gobierno valenciano rechazó la propuesta del comité de empresa. El 27 noviembre el pleno de las Cortes Valencianas aprobó, solo con los votos del PP, la ley de liquidación de RTVV, que la oposición ya anunciaba que llevaría a los tribunales. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba en una edición vespertina la ley.
El 28 noviembre entró en vigor la ley de liquidación de RTVV. Mientras, el Gobierno valenciano se reunía de urgencia y nombraba a los liquidadores de RTVV. Una edición nocturna del DOCV dictaba el cese de las emisiones de RTVV por cualquier medio o canal de difusión. Poco antes de la medianoche, Ràdio Nou dejaba de emitir. El 29 noviembre, ya pasada la medianoche, el informativo de TVV, que seguía emitiendo autogestionadamente, informaba del corte de las emisiones radiofónicas y explicaba que la policía había rodeado las instalaciones de RTVV en Burjassot. Aunque hubo resistencia de los trabajadores, que emitían un programa en directo, con asistencia de los líderes de la oposición progresista, finalmente acudió la policía con una orden judicial y procedió al cierre de las emisiones de RTVV, que fue retransmitido en directo hacia el mediodía del 29 de noviembre. Rápidamente se convocó una multitudinaria manifestación en Valencia en contra del cierre, que tuvo sus réplicas a menor escala en otras ciudades valencianas, y en la cual se pedía la convocatoria de elecciones anticipadas. Las repercusiones del cierre de RTVV eran realmente graves, con especial incidencia en el sector audiovisual valenciano, así como en el sector de las artes escénicas, además de limitar enormemente a promoción y difusión del valenciano y de la cultura propia, que de esta manera desaparecía prácticamente de los medios de comunicación.
Unos días antes un informe del Consell Valencià de Cultura (CVC) hablaba de «una situación crítica de los sectores profesionales de la Cultura» y de un «descenso de la demanda cultural que está llevando al hecho cultural a una situación de difícil subsistencia» y de que «los recortes públicos en inversiones culturales, unidos al aumento del IVA, amenazan la capacidad de creación y de expresión, así como el uso y disfrute por parte de los ciudadanos». El estudio recogía que
el descenso de la renta de los ciudadanos, producido por la falta de empleo, sumado a la subida de los precios de los bienes y servicios culturales, junto con los recortes de presupuestos públicos y el aumento del IVA al 21%, son las causas de un descenso de la demanda cultural.
El informe, no obstante, hizo suyos datos ofrecidos por el Anuario de la SGAE, como que las artes escénicas sufren un «varapalo» con la caída de espectadores de cerca del 30% entre el 2008 y 2012 o como que la danza «se encuentra en trance de desaparición» con una caída del 43% de representaciones (Las Provincias, 21 de noviembre de 2013).
Con todo, el Gobierno valenciano ya estaba intentando, en paralelo, el recorte de personal y funciones de otras instituciones emblemáticas de la cultura valenciana, siempre amparándose en la necesidad de reducir el déficit de las arcas públicas autonómicas. Así, ya en octubre de 2013 el PP había rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Compromís y EUPV –el PSPV había retirado la suya antes del debate– para pedir la devolución al Consell del proyecto de ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con la que se pretendía reducir a la mitad –de 21 a 11– sus miembros y cambiar a sus académicos. Desde la oposición se había advertido de que se trataba de una modificación que podía resultar inconstitucional porque la actual ley prevé la «inamovilidad» de los académicos. Ante las críticas el conseller de Justicia y Gobernación, Serafín Castellano, había explicado que la sustitución de la ley de creación de la AVL –como la de las otras instituciones consultivas de la Generalitat– «nace como respuesta del Consell de adecuarlas a criterios de austeridad por la crisis» (El Mundo, 20 de octubre de 2013).
Pero el afán de recortes no se detenía, y a finales de ese mismo mes de noviembre de 2013 se debatían en comisión parlamentaria los proyectos de ley para reducir el número de miembros de la AVL, el Comité Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el CVC. (Levante-EMV, 26 noviembre 2013). Concretamente, y respecto a este último, el 26 de noviembre el Butlletí Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el Projecte de Llei de Reforma del CVC, y en él se indicaba que:
En la actual situación de prolongada crisis económica, cuando se está pidiendo a la ciudadanía que realice importantes sacrificios para lograr una significativa reducción del déficit público que permita a España afianzar su credibilidad en los mercados internacionales y retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo, las administraciones públicas han de ser parte activa a la hora de alcanzar tales logros y deben contribuir, cada una en la medida de sus posibilidades, a la consecución de los objetivos marcados.
En realidad, tras todas estas medidas del Gobierno autonómico valenciano se ocultaban algunas importantes cuestiones de fondo, como la puesta en marcha de todo un proceso, a escala española, de recentralización estatal y de devolución de competencias autonómicas, también en materia cultural, ligado a la aplicación de la agenda política neoliberal de reducción y privatización del sector público, especialmente con la excusa del impacto de la crisis en el incremento de la deuda pública de las comunidades autónomas, especialmente en el caso del País Valenciano.
A todo ello debe añadirse que la antes mencionada crisis presupuestaria de la Generalitat Valenciana se ha llevado por delante los «sueños rotos de grandeza de la cultura valenciana» (El País, 8 de enero de 2014). Lo que ha supuesto la paralización del proyecto de la Ciudad de la Luz (del cine) en Alicante, el progresivo deterioro del Palau de les Arts (con amenaza de ERE incluida a sus empleados), el abandono de la Ciutat de les Arts Escèniques a construir en Sagunt, la reducción a la mitad del presupuesto de un cada vez más desprestigiado IVAM, la no implementación del plan de promoción de la lectura o las dificultades para llevar a cabo la ampliación del Museo San Pío V. Como ha señalado acertadamente algún autor (Castillo, 2013), esta situación de desmoronamiento no se puede entender sin considerar el hecho del despilfarro de recursos públicos que la Generalitat Valenciana ha cometido en los últimos veinte años, que podría ascender a una cifra aproximada, debido a las dificultades para obtener datos fiables dados el secretismo y ocultismo practicados por la administración autonómica, de 12.500 millones de euros (el presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2013 era de 13.940 millones de euros). Unas cifras del despilfarro absolutamente inseparables, por otra parte, de los grandes casos de corrupción que han salpicado a las administraciones públicas valencianas (casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Bankia, Nóos, Fabra, CAM…) (Castillo, 2013).
1Pese a que el País Valenciano era una nacionalidad histórica que solo dejó de obtener el Estatuto de Autonomía debido al estallido de la Guerra Civil, se escogió la vía estrecha del artículo 143, junto a trece comunidades autónomas más, para la obtención de la autonomía durante la transición. Mientras, Cataluña, Euskadi y Galicia lo hacían por la vía privilegiada y con más competencias (recogida en la disposición transitoria segunda), y Andalucía lo haría por la vía amplia del artículo 151.
2Datos procedentes de la Encuesta de Población Activa del INE (EPA del tercer trimestre de 2012).
