pueden distinguir tres períodos: el primero entre 1985 y 1988, fase de normalización de la transferencia de competencias desde el gobierno central, que en el País Valenciano supone una reducción del peso específico de los gastos culturales por el crecimiento considerable de otras partidas; la segunda fase se da entre 1989 y 1992, y está marcadas por el «síndrome 92». En el País Valenciano tiene lugar el evento Música 92, lo que implica un crecimiento en las partidas destinadas a cultura; en la tercera fase, a partir de 1992, se produce una recesión, al tiempo que se agota el primer impulso para las grandes inversiones en equipamientos y empiezan los ajustes presupuestarios que afectan especialmente a las partidas culturales. Tomando todo el período 1985-1994 se aprecia como en el País Valenciano el gasto en cultura (situado entre los 5.000 y los 11.000 millones de pesetas constantes de 1994), se va elevando lentamente a partir de 1987, alcanzando una meseta entre 1991 y 1992, para descender también suavemente a partir de 1993. Como señala Rausell (1999), en este período es posible detectar dos cuestiones relevantes: por una parte la escasa importancia presupuestaria de los gastos en cultura, con unos políticos encargados de la gestión cultural que no son los más relevantes en sus respectivos partidos y que gozan de cierta autonomía en sus políticas, menos dependientes de las líneas programáticas de los partidos; por otra parte la importante función simbólica de la política cultural, especialmente en los «momentos conmemorativos», lo que implica que su importancia para la imagen colectiva del gobierno es mayor de lo que refleja su importancia presupuestaria:
Así tenemos unos políticos culturales que controlan poca cantidad del presupuesto y que proviene de los sectores menos relevantes de los aparatos de los partidos, pero que en momentos concretos son los «constructores» de la imagen colectiva del gobierno y por extensión del partido gobernante (p. 357).
Asimismo se evidencia la elevada dependencia entre el gasto en cultura y el ciclo económico, lo que demuestra la «excepcionalidad» de los gastos en cultura, que no generan corrientes de gastos (ni estructuras o instituciones) estables y permanentes: se trata de políticas puntuales, no normalizadas y muy prescindibles cuando existen restricciones presupuestarias. Es el caso de la situación producida por el impacto de la crisis económica desatada en 2008, que ha provocado sucesivos y drásticos recortes en todos los sectores de las administraciones públicas, siendo aquellos especialmente drásticos en los presupuestos de cultura, como se ha evidenciado especialmente a partir de 2010.
En 1990 el Consell Valencià de Cultura (CVC) encargó un estudio sociológico sobre el estado de los sistemas culturales básicos del País Valenciano, que se entregó en 1991. Se trata de un estudio muy valioso, pues nos proporciona una radiografía de las infraestructuras culturales valencianas de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.3 Del trabajo realizado se desprenden una serie de conclusiones de alcance general, referentes al ámbito de la infraestructura de información, a su relación con el entorno social y a las necesidades de planificación para la política cultural en las áreas consideradas. El estado de los equipamientos culturales del País Valenciano en 1991 se caracteriza, desde el ángulo de la oferta, por un proceso de cambio en el sentido de la democratización y modernización de la cultura, dentro del contexto de las transformaciones de distinto orden operadas en el último cuarto de siglo, y en el marco concreto de las nuevas instituciones políticas. No cabía duda, para los autores del informe, de que este proceso había partido de unos niveles de oferta altamente deficitarios o inadecuados a las necesidades y expectativas sociales vinculadas a dicho proceso de cambio.
El proceso de democratización cultural se manifestaba de manera muy profunda en los nuevos ámbitos de producción y de cobertura de los medios de comunicación (autonómica, comarcal, municipal), en el desarrollo cultural a través de la vertebración de la vida asociativa, en la nueva consideración de que han de ser objeto formas de expresión propias como las manifestaciones populares y el folklore, en la exigencia de replanteamientos en otras áreas de conservación y defensa del patrimonio cultural, que integran el patrimonio histórico en los distintos aspectos, etc. Todo ello tenía que llevar, en opinión de los redactores del informe, a un planteamiento del propio concepto de cultura en una orientación capaz de superar la visión restrictiva clásica, de carácter elitista y, a su vez, por de trascender todo intento de apropiación, o etiquetación ideológica de sus contenidos.
En general, se diagnosticaba una insuficiencia de infraestructura informativa sobre el estado de infraestructuras, dotaciones y actividades culturales. También se constataba la necesidad de definir y consolidar un espacio comunicativo valenciano, y si bien en el caso de las bibliotecas se valoraba su desarrollo como adecuado, no sucedía lo mismo con los archivos. En materia museística, en conjunto, la provincia de Valencia aparecía, en relación con su población, menos equipada, manteniendo un nivel medio la provincia de Alicante y un nivel alto la provincia de Castellón, si bien destacaba la alta concentración de museos en Valencia como capital de provincia, contrariamente a las provincias de Alicante y Castellón. En cuanto a los equipamientos, se hacía de nuevo patente la necesidad de una ordenación jurídica que regulara sus funciones, organización y depósito de fondos. Asimismo se proponía la creación de una Red Comarcal de Museos. En cuanto al patrimonio no declarado o incoado, ni todavía sujeto a protección normativa, se le veía como cuantitativamente muy importante pero mal conocido.
Las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a los ayuntamientos y relacionadas en el Informe, ponían de manifiesto el gran nivel de disparidad existente a nivel municipal en cuanto a información, consideración legal y proyecto de conservación de los elementos de propio patrimonio cultural. Tampoco se había realizado ningún censo de salas y auditorios que pudiera servir de base para la valoración de la oferta. Por otra parte, se constataba que tanto las casas de cultura (de titularidad municipal) como las aulas de cultura (dependientes de la obra social de las cajas de ahorro), presentaban la dificultad del conocimiento exacto de la programación de actividades efectuadas. Se contaba con información respecto a la existencia o inexistencia de casas de cultura acerca de 163 municipios valencianos. En 1991 disponían de este equipamiento 113 municipios (69,3%): 27 en la provincia de Alicante (71,1% respecto al subtotal provincial), 17 en la de Castellón (47,2%) y 69 en la de Valencia (77,5%). Por otro lado, se constataba una falta de coordinación o de relativo aislamiento entre las casas de cultura, al margen de su proximidad geográfica. Esta falta de coordinación dificultaba, según los autores del informe, una optimización de los recursos la infrautilización de los servicios, a la vez que se producía una desconexión y empobrecimiento de la actividad cultural. En el tema de las competencias, la duplicidad de funciones de la Diputación Provincial y de la Conselleria de Cultura se convertía en un factor desfavorable para la racionalización del sistema de recursos de información y financiación. Debe enfatizarse que se trata de unas apreciaciones que hemos podido también constatar en nuestras entrevistas, como se verá en capítulos ulteriores.
Siguiendo con el repaso de las políticas culturales entre 1985 y 1994, y por lo que respecta a la composición del gasto público en cultura, se aprecia que en las comunidades autónomas con políticas culturales más estables y consolidadas, como es el caso del País Valenciano, existe una consolidación y profesionalización de los equipos humanos responsables de la gestión cultural, suponiendo un coste por unidad de gasto cada vez menor. En la evolución del gasto total en cultura, ordenado por funciones, se advierte al comienzo del período una elevada proporción de actuaciones sobre el patrimonio cultural; seguidamente se produce la eclosión de los programas de promoción cultural (básicamente programación propia, transferencias y subvenciones), pues a medida que se han consolidado los equipos humanos se diseñan los grandes proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos culturales, con una mayor cantidad de recursos destinados a museos, teatros o auditorios y equipamientos municipales, para acto seguido acentuar la provisión propia de bienes y servicios culturales. A partir de 1992, por la presión de la recesión se produce una reducción del nivel general de gastos en esas mismas partidas. Por su parte, tanto los servicios centrales como los museos, archivos, bibliotecas y patrimonio han generado ya unas infraestructuras estables que obligan a mantener los niveles de gasto, de forma que la reducción
