de frecuentación a eventos de alta cultura, como también en visitas a museos, usos y dotaciones de bibliotecas, visitas a elementos patrimoniales o en la realización de viajes motivados por razones culturales. Las ganancias se limitan a una mayor asistencia en el caso de la música clásica debido a la tradición bandística valenciana. También se apuntan los éxitos derivados de una mayor potenciación de la ciudad de Valencia y el incremento del número de turistas.8 Para Rausell (2007b), todo ello lleva a la conclusión de que el liderazgo del sector público en el ámbito de las políticas públicas culturales ilustra la descompensación evidente del desarrollo de la política cultural reciente. Así, junto a la incontinencia ocurrencial de la política cultural valenciana se ubica el manifiesto desinterés, por parte de los responsables, en tratar de averiguar cuáles son los efectos de sus intervenciones, cuales son las características de los sectores culturales sobre los que se interviene, cómo se articulan, qué relaciones establecen con las demandas, etc. Y esto ha sucedido así porque una parte importante de las políticas culturales en España no son propiamente política públicas en el sentido estricto de la palabra, ya que en el fondo no pretenden transformar la realidad sobre la que actúan, sino que se convierten en caros abalorios para vestir y decorar la acción política. O como demuestra el caso valenciano, la política cultural aparece casi siempre supeditada a los intereses políticos partidarios, de modo que no existe un verdadero interés por ella, a no ser que sirva instrumentalmente a propósitos de control político.
Por otra parte hay que tener muy en cuenta que la política cultural en el País Valenciano viene directa o indirectamente influida por el papel que ha tenido la cultura en el conflicto identitario valenciano, al que hemos hecho referencia, y que se desarrolló justamente en el período de la transición a la democracia, si bien se ha prolongado hasta la actualidad.9 Como indica Piqueras (1996: 41-42):
Así las cosas, la identidad valenciana se nos presenta como un fenómeno escurridizo, complejo y con multitud de aristas y vértices no todos ellos precisamente reconciliables. Una identidad donde la indefinición parece haberse asentado, y un país donde la ambigüedad se diría que ha quedado incardinada en su devenir, impregnando tanto el carácter colectivo como el conjunto de la dinámica social valenciana.
Bajo estas coordenadas deben valorarse también las políticas culturales de los diferentes gobiernos autonómicos, en la medida que han representado a grupos y partidos políticos alineados a uno y otro lado en el conflicto identitario valenciano, que ha marcado definitivamente la historia reciente del País Valenciano y la propia manera de «ser valencianos» (Mira, 1997). Un conflicto básicamente articulado por la cultura, y más explícitamente, por el contenido que había que dar a la «cultura valenciana» o al «valencianismo cultural». En este sentido, el PSPV-PSOE se habría situado, aunque tibiamente, en el campo de la potenciación de una cultura valenciana más acorde con el universo intelectual nacionalista-progresista representado por la herencia cultural e ideológica del ensayista Joan Fuster (padre del moderno nacionalismo progresista valenciano, a partir de los años sesenta) y ello se habría plasmado singularmente en el campo simbólico y muy especialmente en el ámbito de la política lingüística (defensa de las tesis de la unidad de la lengua catalano-valenciana frente a las tesis del secesionismo lingüístico). Por el contrario el Partido Popular, que entre 1991 y 1995 compartió gobierno autonómico con Unió Valenciana (partido que encarnaba los ideales del anticatalanismo y antifusterianismo cultural y del regionalismo valenciano, contrario a la unidad de la lengua y partidario del secesionismo lingüístico –el valenciano como lengua independiente del catalán–) se habría situado en la otra orilla, la de la defensa de la españolidad de Valencia y de sus especificidades culturales locales o regionales, opuestas a las catalanas y con un especial énfasis en la defensa de los elementos más folklorizantes de la cultura. Con todo, estas diferencias de fondo parece ser que no habrían sido decisivas a la hora de optar por determinados modelos de políticas culturales que significaran una apuesta por la modernidad y por la globalidad, si bien el elemento de conflictividad identitaria se mantiene como un telón de fondo que no debe ser pasado por alto, en la medida que está siempre presente en los debates sobre la política cultural valenciana.
Dadas las circunstancias de creciente endeudamiento de la administración pública autonómica –a finales de 2013 la deuda pública de la Generalitat Valenciana ascendía a 29.643 millones de euros, que suponía el 29,8% del PIB regional, la más alta de España (El País, 13 de diciembre de 2013)– la Generalitat Valenciana procedió en 2012 a remodelar toda el área de Cultura, y lo hizo creando una entidad denominada Culturarts, todo ello en el marco del Decreto-ley 7/2012 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. Se trataba de crear un consorcio cultural que ahorrara dinero a las arcas públicas, que fusionaba organismos tan dispersos como los vinculados a la música, la restauración, las artes escénicas o el audiovisual, y que en principio suponía la extinción de la Fundación Palau de les Arts, el Proyecto Cultural Castellón S.A. y la Fundación La Llum de les Imatges. También se incorporaban al consorcio tres institutos: el de Cinematografía Muñoz Suay (IVAC), conocido como la Filmoteca; el de la Música (IVM) y el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El IVAM, que en principio parecía destinado a formar parte del consorcio, mantenía su identidad como entidad de derecho público. Quedaban excluidos los museos y el propio Consorcio de Museos. Teatres de la Generalitat también se incorporó a Culturarts, la nueva entidad instaurada sin ningún tipo de diálogo previo con los sectores afectados, que aglutinaba a todos los demás organismos. Todo ello provocó mucho malestar en los sectores afectados, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, por las consecuencias que la reestructuración podía tener para los trabajadores del sector (despidos a través de diversos ERE) y la propia gestión de la política cultural valenciana, que podría implicar la progresiva desnaturalización de los distintos proyectos culturales ya consolidados.10
Pero mucho mayor impacto político, social, cultural e informativo tuvo el anuncio y posterior ejecución, por parte del Gobierno valenciano, del cierre de RTVV, que desde 1989 constituía el medio público por excelencia en valenciano, con la misión añadida de estimular y desarrollar el sector audiovisual propio. El 5 de noviembre de 2013 el Gobierno valenciano anunció en un comunicado su decisión de cerrar RTVV, siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a un millar de empleados, al estimar que los gastos de la readmisión lo hacían «inviable». Un día después el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ostentaba el cargo al haber dimitido Francisco Camps en verano de 2011 debido al escándalo Gürtel, comparecía ante los medios de comunicación para afirmar que el cierre era «innegociable», con el argumento de que no iba cerrar colegios u hospitales por mantener la radiotelevisión pública. Y ello pese a que los trabajadores aseguraban que la empresa era viable. Como respuesta estos pidieron negociar y se hicieron cargo de una programación especial en la que reivindicaban su continuidad, admitían errores del pasado, especialmente la manipulación informativa por parte del Gobierno valenciano, y recababan apoyos con el lema «RTVV no es tanca» («RTVV no se cierra»). Acto seguido dimitió la directora de RTVV, Rosa Vidal, alegando por falta de confianza en el Consell y también lo hicieron los otros cuatro miembros del Consejo de administración propuestos por el PP, con lo que ese órgano quedaba en manos de los cuatro consejeros de la oposición.
El 7 de noviembre el Gobierno valenciano, reunido de urgencia, modificó por decreto la ley de RTVV para poder nombrar, sin esperar a su elección parlamentaria, al nuevo director general –Ernesto Moreno, a la sazón director de Culturarts– y a cuatro nuevos consejeros, con el fin de hacer frente a la «ingobernabilidad» en la empresa. Un día más tarde el RTVV presentó en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la disolución y liquidación de RTVV. Sin embargo el 9 noviembre miles de ciudadanos salieron a la calle en diversas ciudades valencianas, convocados por el comité de empresa de RTVV, para reclamar que no
