de un régimen de libertades democráticas y la construcción del Estado de las Autonomías, estrechamente ligado a la reivindicación y promoción de las culturas de las diversas comunidades autónomas. En ese sentido, las políticas culturales de la era democrática aparecen nítidamente definidas por el paradigma de las políticas de democratización cultural, que el ministro de Cultura francés André Malraux pusiera en marcha en 1959.
Sin embargo, como destaca Ariño, en España no se ha producido un periodo dilatado de implantación y desarrollo intenso de las políticas de democratización cultural (redistribución), con la consiguiente creación de infraestructuras, equipamientos, cuerpos de expertos, instrumentos de impulso a la participación y programas de dinamización (Ariño, 2010: 126-127). Más bien han predominado unas acciones fragmentarias, tímidas e inmaduras, sin demasiada articulación interna, que además se han visto desbordadas tanto por las específicas políticas de democracia cultural (reconocimiento) generadas en el marco de la consolidación del Estado autonómico como por el desplazamiento hacia la cultura orientada por el desarrollo económico y la espectacularización, como demuestra, en este último extremo, el caso valenciano (Cucó, 2013).
En España es cierto que, entre 1978 y 2009, ha habido un significativo crecimiento en la mayoría de los campos de actividad cultural, hasta el punto de que han llegado a generalizarse prácticas antaño minoritarias. No obstante, para que haya democratización cultural absoluta es imprescindible que exista tanto un incremento del volumen de los practicantes por aumento de la tasa de penetración (participación cultural) como una reducción de las diferencias existentes entre categorías. Así pues, si se entiende el concepto de democratización cultural en su sentido más básico y generalizado de ampliación del volumen de público, es cierto que en España se ha dado una auténtica revolución cultural en las últimas tres décadas, que ha afectado a todas las prácticas culturales, democratizándolas. Pero cuando se realiza un balance más ajustado de dicha democratización se obtiene que no se ha producido una significativa atenuación o desaparición de los sesgos participativos de signo sociodemográfico (de género, edad, nivel educativo u ocupación), e incluso es posible apreciar que en algunos casos dichos sesgos se mantienen o acentúan. Es más, no solo nos encontramos ante políticas de democratización cultural insuficientes,
sino que éstas han sido desbordadas por políticas dispersas de reconocimiento (democracia cultural) de las comunidades autónomas, y todas ellas por las ya referidas políticas de subordinación de la cultura a los enfoques económicos (desarrollo cultural, flujos turísticos, rentabilidad inmediata de los equipamientos culturales) y a los intereses políticos (singularización y espectacularización) (Ariño, 2010: 222).
Un diagnóstico a tener muy en cuenta a la hora de abordar el desarrollo de las políticas culturales valencianas, en la medida en que están muy influidas por el modelo español, hasta el punto de que algún rasgo destacado, como la tendencia a la espectacularización, aparece muy desarrollado en el caso valenciano, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del trabajo.
3.DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1975-1995)
En el País Valenciano, como en el resto de España, no existía en los inicios del nuevo sistema democrático nada que se pudiera equiparar a una política cultural contemporánea. Como ha señalado Sirera (2008):
En 1975, la situación de la cultura valenciana desde el punto de vista de sus infraestructuras era poco menos que catastrófica: escasas y en precario, como fruto de una desidia sistemática por parte de las autoridades franquistas, tanto de las centrales como de las de ámbito local. Las carencias, pues, eran enormes: faltaban dotaciones tan básicas como bibliotecas o polideportivos. Y no eran menos acentuadas las carencias en otros ámbitos: el musical, el teatral o el de las artes plásticas (p. 12).
Pero, como el mismo autor indica,
en menos de treinta años el panorama cultural valenciano se ha visto profundamente alterado por las inversiones que en materia cultural se han venido haciendo (p. 13).
Para Sirera, la política cultural autonómica de los años ochenta (en lo que a dotaciones se refiere) se desarrolló en dos direcciones. La primera, la creación de centros que diesen apoyo, y coordinasen, infraestructuras ya existentes o en curso de realización. La segunda, la construcción de edificios emblemáticos. Posteriormente, el triunfo del PP en las elecciones autonómicas de 1995 (precedido por el obtenido en las municipales de la capital valenciana, 1991), tras algunos meses de indefinición, cuajó en el terreno cultural en una política basada prioritariamente en la potenciación de las grandes infraestructuras y los eventos igualmente grandiosos. Desde 1995, la política cultural conservadora continuó por la senda de las grandes inversiones en infraestructuras culturales, con la pretensión de lograr una gran visibilidad nacional e internacional para el País Valenciano. Según Sirera (2008: 8),
Si para los gobiernos socialistas los objetivos culturales prioritarios fueron la modernización de la Comunidad y la resolución de los principales conflictos que la atenazaban (singularmente, el lingüístico), los del Partido Popular que les han sucedido han desarrollado una política cultural en dos direcciones. Por una parte, tratando de dar satisfacción a las formas más tradicionales de entender y practicar la cultura. Por la otra, reforzando la modernidad antedicha y la proyección internacional de la Comunidad a través de grandes eventos culturales y deportivos, gestionados habitualmente por instituciones, sociedades y fundaciones creadas ad hoc.
Pero, para entender la puesta en marcha de la administración pública cultural valenciana hay que recordar el proceso de institucionalización del propio marco autonómico, que suponía la recuperación y actualización de la Generalitat Valenciana. El primer Consell Preautonòmic del País Valenciano se constituyó en abril de 1978, bajo la presidencia de Josep Lluís Albiñana, que no consiguió sus primeras transferencias hasta los decretos ley de enero y febrero de 1979. Los partidos políticos intentaron ponerse de acuerdo para definir el modelo de nuevo estatuto de autonomía. Tras las elecciones de 1979 el nuevo Consell se vio envuelto en una lucha de intereses entre la mayoría socialista y los consellers de la Unión de Centro Democrático (que provenían de las Diputaciones provinciales). Después de un tiempo de discrepancias se designó a Enrique Monsonís como presidente en funciones de la Generalitat y tras diversas discusiones se puso en marcha el Estatut d’Autonomia, que resultó aprobado en 1982 y oficializó la denominación de Comunitat Valenciana para el territorio valenciano. En 1983 obtuvo la victoria en las elecciones autonómicas el PSPV-PSOE (Partit Socialista del País Valencià), que gobernó entre 1983 y 1995, año en que el Partido Popular venció en las elecciones, cosa que también volvió a suceder en 1999, 2003, 2007 y 2011.
En consecuencia, a la hora de analizar las políticas culturales en el País Valenciano deberemos distinguir un primer período preautonómico entre 1978 y 1982, del que casi no se dispone de información, dada la precariedad institucional del propio ente autonómico; un segundo período, de gobierno socialista con mayoría absoluta, entre 1983 y 1995, y un tercer período correspondiente a una mayoría conservadora con dos subperíodos: entre 1995 y 1999, a raíz de un pacto en el gobierno de la Generalitat Valenciana entre el Partido Popular y Unió Valenciana (partido regionalista conservador); y a partir de 1999, con el gobierno en solitario del Partido Popular y con mayoría absoluta.
Antes de entrar a describir y analizar los datos disponibles respecto a la política cultural en el País Valenciano para los años referidos, justo será sintetizar, para contribuir a una adecuada contextualización, el panorama que sobre la política cultural de los años ochenta y noventa realiza la relevante monografía de Rausell (1999). Según su trabajo, en general el gasto público en cultura de las comunidades autónomas en relación al presupuesto total consolidado entre 1985 y 1994 fue de un 2,39%, siendo las magnitudes más elevadas las de aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas de manera más pausada, y no con grandes competencias transferidas, que diluyen el peso de la cultura a favor de la sanidad o la educación, como es el caso del
