la gama posible de objetivos de la intervención pública se sitúa en torno a cuatro aspectos destacados: protección frente a la destrucción, impacto económico sobre el territorio, transformación del territorio (reordenación urbana, integración social, etc.) y generación o reforzamiento de valores simbólicos. Con todo, la realidad es más compleja y habitualmente las intervenciones efectivas se argumentan de manera que recogen más de un objetivo (Rausell y Martínez Tormo, 2005).
Según el estudio de Bonet et al. (1994) sobre el gasto en cultura en las administraciones territoriales, comunidades autónomas, para 1993 destaca que el gasto en pesetas por habitantes en el País Valenciano es sensiblemente inferior al resto de comunidades autónomas (1.814 frente a 2.555). En la composición por funciones la distribución porcentual, en el que destaca el mayor gasto en museos en el País Valenciano respecto al resto de comunidades autónomas (por efecto de la puesta en marcha delIVAM, Institut Valencià d’Art Modern), o en teatro y danza (las artes escénicas como prioridad relevante en la política cultural valenciana). Según los datos de Bonet et al. (1994) referidos a la estimación del gasto consolidado en cultura de las administraciones territoriales del País Valenciano (1993), su distribución aparece cercana a la media estatal: el gobierno autónomo colabora con un porcentaje del 27,3% de los gastos; las diputaciones provinciales con el 12,5%; los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con un 24,6% y los ayuntamientos de menos de 50.000 con el 35,6% del total, con un total de gasto en cultura de 6.640 pesetas por habitante que están muy cerca de las 6.890 pesetas por habitante de la media estatal. De aquí se deduce el activo papel de los ayuntamientos en las intervenciones sobre cultura, especialmente de los más pequeños (destinaron en 1993 un 5,63% de sus presupuestos a cultura, frente a los 4,97% de los municipios grandes). Por lo tanto, si se toma en consideración sólo el gasto cultural del gobierno autónomo, se constata una limitada proporción del gasto público total en cultura. En el caso de las diputaciones provinciales, según los mismos datos de Bonet et al. (1994) para 1993, aquellas destinan una relativamente elevada proporción de sus gastos a cultura, pues la Diputación de Alicante destina el 7,07%; la de Valencia el 4,22% y la de Castellón el 4,27%.
Por lo que respecta a la intervención de la Generalitat Valenciana en los sectores culturales, teniendo en cuenta que una política propiamente cultural en el caso valenciano aparece en los años ochenta, Rausell (1999) aporta una serie de estimaciones para el período que llega hasta mediados de los años noventa. En el sector de las artes plásticas, y además de la intervención pública en las enseñanzas regladas y las centradas en el patrimonio cultural, las intervenciones de la Generalitat Valenciana se habrían centrado en la difusión y promoción de las artes plásticas, intervenciones centradas, además de en subvenciones menores a museos y colecciones museográficas de arte contemporáneo, en las actuaciones alrededor del IVAM, creado en 1986 e inaugurado en 1989. El IVAM incluía el Centro Julio González y fue obra de los arquitectos Emilio Jiménez y Carlos Salvadores. El nuevo museo pronto se convirtió en el emblema de la modernidad del País Valenciano, sin que ello haya implicado que haya funcionado como un instrumento integral de apoyo a las artes plásticas contemporáneas valencianas. Por lo que respecta a la intervención en el sector de la música la gama de intervenciones es más variada, dirigiéndose fundamentalmente hacia la música en vivo; por ello se creó en 1986 el Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinema i Música (IVAECM), que se centró casi exclusivamente en la producción, promoción, programación y difusión de la música seria. También habría destacado el impulso de una red de infraestructuras alrededor del programa «Música 92», perteneciente al área de música del IVAECM y a la Dirección General de Promoción Cultural. Tampoco debe olvidarse la organización, durante la década de los años 80, de la Trobada de Música del Mediterrani, que dentro del intento conducido por la administración socialista de convertir a Valencia en una de las capitales culturales del Mediterráneo. Por ello se vio acompañada por la Trobada d’Escriptors del Mediterrani o la Mostra de Cinema del Mediterrani, que también fueron puestas en marcha en los años ochenta.
En 1994 desapareció el IVAECM y las acciones de política musical las asumió el Servei de Música de la Direcció de Promoció Cultural. Las intervenciones pasan a incidir más en las actividades de producción, distribución y consumo, así como en la provisión y los incentivos directos: en todo caso la intención básica es compensatoria en los sentidos de oferta y demanda, especialmente si consideramos el rico tejido de asociaciones musicales (bandas de música) que caracteriza al País Valenciano. También en un primer momento el Palau de la Música de Valencia, edificio emblemático de la modernidad musical en la época de gobierno socialista, estuvo bajo gestión de la Generalitat, para pasar luego al Ayuntamiento de Valencia, que ya poseía su titularidad. En todo caso también hay que destacar la escasa preocupación por el aspecto industrial de la producción musical, que ha solido recibir escasas subvenciones autonómicas.
En cuanto a las artes escénicas, la política teatral es una de las que primero desarrolla el gobierno valenciano, al comienzo de manera puntual, y desde 1987 mediante un sistema más estructurado de ayudas genéricas al teatro valenciano, agrupadas en diversos conceptos: teatros y compañías concertadas, ayudas a la producción, exhibición y giras, ayudas a las infraestructuras teatrales, a las asociaciones culturales, becas y bolsas de viaje para estudios teatrales, subvenciones a festivales, muestras y congresos y ayudas a la creación a través de los premios de Teatro y Danza. Este modelo perduraría hasta 1994, cuando hubo una remodelación de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que pasó a ser Conselleria de Cultura, se desmanteló el IVAECM y se creó el ente Teatres de la Generalitat. En la intervención pública destaca, en primer lugar la importancia de las medidas destinadas y orientadas hacia los agentes de la oferta teatral y en segundo lugar hacia la provisión de producciones públicas y de una red propia de teatros públicos, con una clara intencionalidad de prestigio. Por lo que se refiere a la intervención de la Generalitat Valenciana en el sector editorial y en el del cine, tienen básicamente un carácter testimonial, con una intervención en la producción para la provisión propia que hace la competencia al sector privado; en general no existiría una política cultural orientada hacia el sector del libro, si bien las editoriales que publican en valenciano recibirían más ayudas, dentro de un tímido modelo de política lingüística.
Si se considera el conjunto del sector de la cultura y el ocio según lo hacen García et al. (2000), parece ser que la participación del sector público en la generación de valor añadido y ocupación ha sido relativamente modesta. Según datos de 1997, el País Valenciano se sitúa en una zona intermedia dentro de España (10% del valor añadido público). No obstante Rausell y Carrasco (2002) señalan que estas cifras resultan engañosas respecto a la importancia de las políticas culturales en la articulación de los sectores y las actividades culturales y más todavía en la configuración de los sentidos simbólicos de dicha producción y sus posibilidades de generar cohesión social y mayor calidad de vida, sobre todo por la incidencia directa o indirecta del sector público en las actividades generadores de valor añadido en el sector privado. Por ello la importancia de la política cultural transciende su dimensión estrictamente económica.
También hay que considerar que, como han señalado algunos autores (AA.VV., 2004) para el caso español, en los últimos años, junto con una creciente profesionalización derivada tanto de la experiencia como de mayores niveles de formación, fueron apareciendo organismos orientados a la gestión de la cultura en todos los niveles de gobierno, tratando de dar flexibilidad y eficacia a las prácticas administrativas y de gestión. En el ámbito de los discursos, desde posiciones liberales o conservadoras se abogaba por una mayor implicación de los agentes privados en la articulación de la cultura. Desde posiciones progresistas, se señalaba que ante cierto fracaso del discurso más voluntarista de la acción sociocultural y el efecto transformador de las políticas culturales, debía potenciarse una mayor participación e implicación de la ciudadanía en la configuración de la producción simbólica colectiva. En este contexto deben entenderse las diferentes iniciativas legislativas propuestas por el Partido Popular valenciano, en el sentido de favorecer la incorporación de los agentes privados en la financiación de las actividades culturales.
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