La cultura como trinchera. Maria Albert Rodrigo

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La cultura como trinchera - Maria Albert Rodrigo

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se mueve, en términos comparativos, en posiciones bastante modestas. Entre 1993 y 1997 las tendencias (que no habrían apenas variado hasta 2002) apuntan a un gasto público en el sector cultural en torno al 2,4% y 4,4% del total del País Valenciano, adscribiéndose ésta al grupo de comunidades autónomas que menos interés mostraban por las políticas culturales. En cuanto al gasto público per capita en 1997 en el País Valenciano se situaría alrededor de la media estatal (un poco más de 100 euros), gasto del cual una tercera parte correspondería a los gobiernos autónomos y otras dos terceras partes a las corporaciones locales (García et al., 2000).

      Por lo que se refiere al modelo de política cultural, en el ámbito de los ayuntamientos se habría seguido una lógica estrictamente local, y ni siquiera en los municipios más dinámicos se habría considerado a la política cultural como un elemento estratégico para el desarrollo territorial. El estilo se habría ajustado al escaparate de las fiestas patronales y a la construcción de infraestructuras básicas, siendo insuficiente para generar hábitos de consumo y demandas o estructuras relativamente estables y autónomas de oferta. Habría que mencionar algunas experiencias, como el Circuit Teatral Valencià, o los programas y campañas del SARC (Diputación de Valencia), con un cierto impacto sobre la regularidad en la programación y la profesionalización de la gestión por parte de los técnicos municipales.

      En cuanto a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, Rausell y Carrasco (2002) señalan que la política cultural se construye como tal en el período de los gobiernos del PSPV-PSOE (1983-1995) a partir de dos ejes: la construcción extensiva de infraestructuras culturales y cierta «normalización» en la provisión de servicios culturales con modelos diversos según fueran los sectores de intervención. En comparación con otras comunidades autónomas, el modelo valenciano muestra más querencia hacia los museos (especialmente con el peso del IVAM) y el teatro, y un menor interés relativo por la arqueología, el patrimonio y la promoción del libro. También se ha destacado, especialmente si se tiene en cuenta que la cultura ha constituido un factor importante de enfrentamiento ideológico entre los partidos políticos, que una de las políticas públicas más continuistas desde el giro conservador en la presidencia autonómica ha sido precisamente la cultural, pues el Partido Popular ha mantenido el interés por el arte contemporáneo y los museos, pero ha sustituido el teatro por el patrimonio, mostrando el mismo desinterés por el sector del libro.

      A la altura de 2002, y por lo que respecta al modelo global de intervención, Rausell y Carrasco (2002) no encontraban ninguna novedad sustantiva que permitiera hablar de diferencias ni desde el punto de vista de los objetivos, ni de los instrumentos, respecto a la década de los años noventa. En fecha de 2002, los autores referidos manifestaban que:

      Algunas grandes infraestructuras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o la Ciudad del Teatro en Sagunto, o eventos (Bienal, Encuentro Mundial de las artes) se encuentran aún en una nebulosa fase de concreción que dificulta la posibilidad de determinar si van a significar un cambio cualitativo en el marco de los sectores implicados o sólo se trata de iniciativas que, aún con vistosos impactos mediáticos, tengan escasa capacidad de afectar a la realidad. Lo que resulta evidente es que este tipo de actuaciones se enmarcan en un entorno de propuestas ocurrenciales que no responden a ningún tipo de planificación estratégica (p. 268).

      Sobre todo si pese al desarrollo de leyes sectoriales (Ley de la Música en 1998, Ley de Patrimonio en 1998) estas no iban acompañadas de los textos reglamentarios correspondientes. Los autores concluyen que, en general,

      se puede hablar de una maduración de las políticas culturales, fruto en parte de una notable especialización y profesionalización de los recursos humanos destinados a la gestión cultural pública, pero aun así seguimos en un «estilo de política pública» donde ya se ha alcanzado cierto grado de consenso sobre los valores y los objetivos pero que el grado de certeza sobre los medios, los hechos y el conocimientos son muy débiles (p. 269).

      Y es que, como señalan los referidos autores:

      La ausencia de estudios, fuentes estadísticas normalizadas y en general de mecanismos y sistemas de evaluación de las políticas culturales hace que el debate social se limite a la discusión sobre actuaciones muy concretas o se dirima en el especio de los discursos grandilocuentes y de fácil consenso pero hueros de actuaciones, compromisos y verificaciones (p. 269).

      Como ha puesto de manifiesto Rausell (2007b), entre 2000 y 2005 crece el empleo en el sector cultural en el País Valenciano, con un total de 45.000 empleados en 2005, lo que suponía el 2,3% del total de empleo y un 2,59% del PIB regional total, en consonancia con lo que pasaba en España. En cuanto al número de empresas, el perfil dinámico del período también se ajusta al caso español, aunque con un crecimiento ligeramente más moderado. En cuanto al consumo, la posición de los consumidores valencianos, que en 2000 se situaba en niveles similares a la media española, en 2005 lo hacía en un 20% por encima de ella. Si atendemos a la diferencia del modelo de consumo de los valencianos, éstos muestran unos gastos menores por hogar en libros, revistas periódicas y cine. Sí que muestran niveles de gasto superiores a la media los sectores de artes escénicas, música y artes plásticas, así como moderadamente superior en el ámbito de equipamientos para el consumo o la práctica cultural.

      En cuanto a los sectores culturales, por lo que respecta a las artes escénicas se aprecia una oferta teatral más o menos correspondiente a la dimensión poblacional, de manera que en el periodo señalado el número de representaciones teatrales supone aproximadamente el 10% del total, así como también el número de espectadores. En cuanto a las infraestructuras, se sitúan ligeramente por debajo de la media española. Y en cuanto a la oferta de compañías de teatro en el País Valenciano, se sitúa por debajo de lo que correspondería a su dimensión poblacional. Destaca la nula presencia de compañías nuevas, lo que parece evidenciar un mercado muy rígido y que impone importantes barreras de entrada.

      En cuanto a las industrias culturales valencianas, destacan por el raquitismo de la industria editorial, por ser un sector atomizado y de pequeñas empresas. El sector audiovisual muestra un comportamiento similar, con apenas seis productoras de cine con actividad regular en el periodo señalado. En conjunto el sector audiovisual valenciano supone apenas el 2% de la facturación nacional con una creciente pérdida de importancia relativa en los últimos años. De hecho, los efectos sobre la estructura del sector audiovisual de la Ciudad de la Luz de Alicante no son del todo evidentes. Por si ello fuera poco, a resultas de los recortes de gasto público derivados de la crisis económica de 2008, en 2011 el Ayuntamiento de Valencia eliminó la Mostra de Cinema de la ciudad.

      En lo referente a patrimonio, museos y artes plásticas, el País Valenciano cuenta, a fecha de 2005, con el 6,6% de los bienes muebles protegidos (BIC) y el 6,7% de los inmuebles del total en España. Al mismo tiempo contiene el 12,7% del número de muesos, con cierta especialización en la tipología de museos arqueológicos y de ciencias naturales o de historia natural.

      En cuanto al patrimonio, en términos genéricos, y dada la elevada dependencia de las políticas públicas, se advierte que en el País Valenciano las partidas destinadas a patrimonio artístico son sensiblemente menores en términos proporcionales a las del resto de las comunidades autónomas, que dedican más del doble que la Generalitat Valenciana (un 19,2% del presupuesto total de cultura en el periodo 2002-2005, frente al 34% de los recursos en el conjunto de comunidades autónomas en el año 2000). En cuanto a

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