un severo desequilibrio en la estructura económica, con unos impactos medioambientales muy grandes y crecientes, sin poderse superar los déficits sociales relativos que se arrastraban históricamente. Como consecuencia, los fundamentos del bienestar fueron perdiendo solidez, a lo que hay que sumar un modelo de desarrollo valenciano que no se ha caracterizado por la sostenibilidad, y que ha estado muy ligado a unas elevadas densidades de población y de actividad económica. Como se ha esbozado, la construcción ha sido el motor de la economía valenciana, pero el modelo de crecimiento extensivo en el espacio ha tenido graves repercusiones medioambientales, como son la sobreexplotación, la contaminación y la antropización extrema (Almenar, 2007).
En el ámbito demográfico, durante las últimas décadas del siglo XX la estructura generacional de la población valenciana ha cambiado muy significativamente, con transformaciones importantes en la estructura de edades y la tendencia hacia una pirámide de población claramente envejecida y mucho más regresiva que la de 1950, lo cual demuestra que el País Valenciano ha seguido la senda europea del envejecimiento demográfico, sobre todo a partir de 1981. La población valenciana pasó de 3 millones de personas en 1970 a poco más de 5 millones de habitantes en 2012, a lo que se debe añadir un 17,2% de población inmigrante. De hecho, la inmigración ha supuesto uno de los más relevantes fenómenos económicos recientes, que se ha traducido en una mano de obra barata y flexible, auspiciada por el propio modelo de desarrollo valenciano, ligado a necesidades de mano de obra en la construcción, la agricultura comercial, la hostelería y el servicio doméstico, especialmente en la atención a ancianos. En el último tercio del siglo XX la inmigración era básicamente intraestatal, de manera que las comunidades españolas con mayor presencia en el territorio valenciano eran la castellano-manchega y la andaluza. Pero en el último decenio se ha incrementó notablemente la inmigración de extranjeros, pero ya no solo de los prósperos europeos del norte que llegaban a las costas valencianas a establecer su residencia (principalmente británicos, alemanes y holandeses), sino a inmigrantes de países en vías de desarrollo (América Latina y África) y del este de Europa, que llegaban por motivos laborales, con o sin papeles.
Estos flujos migratorios hicieron crecer tanto las grandes ciudades como las coronas exteriores de sus áreas metropolitanas (Torrent, Paterna, Mislata, Alboraia, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja…). En la actualidad, las posibilidades de integración del sistema urbano valenciano en Europa pasan por su incardinación en el llamado Arco Mediterráneo, que se correspondería con la integración de las regiones de Andalucía, Murcia, País Valenciano, Cataluña y Baleares con tres regiones francesas y cinco italianas, además de las conexiones de tipo global establecidas a partir de los puertos y aeropuertos valencianos. Por su parte, y en clave interna de administración territorial autonómica y local, se ha ido desarrollando no sólo una nueva comarcalización (34 comarcas oficialmente reconocidas) sino también las llamadas mancomunidades de municipios (hay 23 constituidas), áreas metropolitanas y consorcios de administraciones locales, como el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes.
Paralelamente, y durante el fin de siglo XX, se ha producido una intensa recomposición social, que ha hecho del País Valenciano una sociedad definida por la centralidad de sus amplias clases medias emergentes, asalariadas y urbanas, por la tecnificación, la diferenciación interna y la crisis de la conciencia de clase en los obreros industriales; por la pérdida del número, peso y homogeneidad de los labradores; por la creciente presencia de la mujer en todos los ámbitos del trabajo, cada vez con una mayor responsabilidad; y por el creciente número de jubilados y pensionistas, así como de jóvenes cuya cualificación es mayor que nunca. Pero también se ha podido advertir una creciente polaridad entre trabajos de calidad y trabajos precarios, así como el aumento de la segmentación social, de diferencias en la percepción de rentas, de persistencia e incluso incremento de factores de exclusión social que generan nuevas formas de pobreza y desigualdad. Lo cual ha ido unido al desequilibrio en la distribución espacial de la población, al riesgo de agotamiento de algunos recursos naturales o a la integración del multiculturalismo existente ya en la práctica. Todo ello ha convertido al País Valenciano en un «país complejo» (Romero y Azagra, 2007), que desde 2008, y tras los aparentes éxitos del modelo económico aquí imperante, ha tenido que integrar los duros impactos de la crisis económica, especialmente en los ámbitos económico y social (Alcaraz, 2009).
Por lo que respecta al asociacionismo y a los movimientos sociales, se ha producido un importante desarrollo, en consonancia con lo que ocurrido en Occidente, aumentando especialmente las asociaciones relacionadas con cuestiones vinculadas con los retos de la sociedad global del riesgo, como por ejemplo las asociaciones medioambientalistas, culturales y de patrimonio cultural, por la igualdad sexual, pacifistas, altermundistas o de cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo (Hernàndez y Albert, 2008). Se trata de movimientos muy críticos con las tensiones generadas por el productivismo y el consumismo propios del capitalismo globalizado, que buscan su reorientación desde los presupuestos de una democracia integral de carácter mundial que no excluya las problemáticas de lo local. Entre estas asociaciones destacan las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de conservación del territorio y del patrimonio cultural, las asociaciones de defensa de la identidad valenciana, en sus diversas versiones, o aquellas que, como ocurre, por ejemplo, con Escola Valenciana, poseen una gran capacidad de convocatoria y tienen en su punto de mira la extensión y normalización de la educación en valenciano.
En el último decenio la capital del País Valenciano, Valencia, se ha insertado estratégicamente en una red global de eventos culturales y turísticos, algo muy acorde con la intensificación a gran escala de los procesos de globalización y de conectividad cultural. Hasta el punto de que ciudades menores, como Alicante y Castellón, han intentado el mismo camino, aunque a menor escala. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido en el principal elemento referencial, pues en muy poco tiempo se ha erigido en un marcador de la identidad valenciana al mismo nivel que la Valencia patrimonial y artística, mientras que la propia Ciudad ha devenido un referente iconográfico de la modernidad local. La organización de grandes eventos internacionales, junto a la proliferación de ciudades temáticas, ha supuesto para Valencia su reposicionamiento en el marco de las ciudades que compiten por asignarse la etiqueta de «ciudad global». De este modo, si bien de una manera no del todo planificada, Valencia ha estado experimentando un tránsito efectivo hacia el estatuto de «ciudad glocalizada» mediante un modelo de decidida espectacularización. Todo ello pese al disenso de les élites culturales, intelectuales y académicas o las iniciativas críticas de movimientos sociales ciudadanos (Cucó, 2013).
2.POLÍTICAS CULTURALES Y DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL
Una vez definido el marco social contemporáneo del País Valenciano llega el momento de adentrarse en el mundo de las políticas culturales, que constituyen un elemento esencial de las dinámicas culturales que caracterizan la sociedad valenciana. Pero el acercamiento al estudio de las políticas culturales en el País Valenciano requiere una previa contextualización, referida al papel de aquellas en relación a la evolución de la democratización cultural en España. Y es que, como ha señalado Ariño (2010), en las sociedades del bienestar surgidas tras la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia del carácter minoritario y elitista de la alta cultura con la intención de extender al conjunto de la población el derecho al disfrute de los bienes y servicios culturales. En este contexto, «y con el fin de cimentar la acción política, aparecen las instituciones, las políticas, las estadísticas y las encuestas sobre prácticas culturales» (Ariño, 2010: 123). La orientación de estas políticas es claramente distributiva y tiene como objetivo correlativo garantizar la accesibilidad de determinados bienes al mayor número posible de personas. De este modo, las administraciones públicas tratan de legitimar su acción mediante la ampliación progresiva de los públicos.
La democratización cultural ha inspirado en gran medida la institucionalización de una administración cultural en distintos niveles, como los que trataremos en este libro dedicado al caso valenciano, hasta el punto de que los agentes que se sitúan en el Tercer Sector o el sector privado no pueden dejarse de ver, al hablar de políticas culturales, más que en relación dialéctica con las diversas administraciones
