su homilía en el Jueves Santo de 1973117.
La mano ejecutora del sistema represor, «la piovra policial», como la denominan los historiadores Antoni Batista y Josep Playà en La Gran Conspiració, funcionaba todavía a pleno rendimiento contando con un conglomerado de colaboradores, delatores y confidentes, todos estrictamente organizados. Alcaldes, guardias locales, responsables de correos y telecomunicaciones que interceptaban cartas, telegramas, llamadas telefónicas, seguían actuando como auténticos espías de la policía política, incluso podríamos encontrar delatores en cualquier nivel del servicio, empleados del servicio público, maestros, profesores, bedeles, etc., que cooperaban por simple afinidad al régimen. El control iba por lo general más allá de lo político llegando a introducirse en la misma sociedad, siendo la Junta Nacional de la Cruzada de la Decencia, presidida por el general, Alfonso Armada Comyn, la encargada de informar al Gobierno Civil de todo acto destacable.
En Barcelona, el núcleo represivo y de información policial se concentraba en la VI Brigada Regional de Información Social (BIS), también conocida como Brigada Político-Social (BPS), aunque los militares de la Segunda Sección bis del Estado Mayor de la Capitanía de la IV Región Militar también colaboraban en esta tarea. Los alcaldes, la policía municipal, los servicios de información de la Guardia Civil y una institución denominada Servicio Nacional de Información del Movimiento completaban el entramado informativo y represivo llegando a movilizar y efectuar la fuerza en caso extremo. A estos efectos cabe destacar a Tomás Garicano Goñi, gobernador civil de Barcelona en 1969, Tomás Pelayo Ros (entre 1969 y 1974) y Rodolfo Martín Villa (entre 1974 y 1975). En segundo nivel destacó el comisario Antonio Juan Creix como jefe de la BIS, responsable de las detenciones entre otros del socialista Joan Reventós, de Joan Comorera y de Gregorio López Raimundo del PSUC. Este comisario fue sustituido posteriormente por su hermano Vicente Creix y Julián Gil Mesas118.
Los tiempos estaban cambiando de tal forma que el carácter represor ejercido hasta la fecha por el régimen no hacía más que envalentonar las ansias de protesta, intensificando el movimiento reivindicativo tanto estudiantil como sindical. Un claro ejemplo de esta actitud fue el encierro de las esposas de presos políticos y sindicales como Marcelino Camacho y Julián Ariza en una iglesia madrileña, que acabó como un acto de plena actualidad en aquellos momentos que contrastaba con los intentos del sindicalismo español por legitimarse en los estamentos internacionales.
A este respecto, el informe de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) publicado el 23 de abril de 1969 era contundente cuando hacía referencia a que todos los cargos sindicales habrían de ser electivos y que debería existir una autonomía completa e igualdad efectiva en las asociaciones de trabajadores y empresarios. Por otro lado, los funcionarios sindicales deberían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos que se encargarían de garantizar la libertad de expresión y de reunión que otorgase la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la organización sindical no debería estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político.
La Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en esa misma dirección envió una carta dirigida por el secretario general de esta asociación al presidente de las Cortes Españolas fechada el 23 de octubre de 1969, donde resaltaba el desacuerdo entre los principios que defendía el Proyecto de Ley Sindical en contraposición a las cinco condiciones reclamadas por la O.I.T, hecho que planteaba un serio inconveniente para la evolución democrática de España119.
Desde los órganos de gobierno universitario, Gastón de Iriarte y Fabián Estapé se manifestaron contrarios al decreto de cierre de las facultades ordenado por el gobierno, afirmando que «En la universidad debía predominar la inteligencia sobre la fuerza bruta, por lo que cerrar siempre sería un fracaso»120.
Mientras tanto, las plataformas de oposición antifranquista tomaron fuerza por toda Cataluña, organizándose entre ellas una plataforma unitaria que alcanzó su máximo esplendor a lo largo del denominado Proceso de Burgos, a finales de 1970. Pere Portabella de la Taula Rodona, Juan Antonio Bardem y Cristina Almeida hicieron entrega al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, de un documento denunciando las torturas. También Andreu i Abelló junto con Portabella se presentaron ante el jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría, mediante una gestión de José Mª de Areilza, para presentar un documento con similares características que los anteriores apoyando la denuncia de torturas y la retirada del Ejército del proceso judicial que se realizaba en Burgos; sin embargo, aunque el recibimiento fue afectuoso y positivo, el resultado fue infructuoso.
Sin duda, una de las organizaciones que tendrían más trascendencia política para la oposición democrática en Cataluña fue la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC). Esta plataforma política nació tras largas negociaciones realizadas desde enero de 1968 hasta diciembre de 1969, poniéndose en funcionamiento con cinco partidos, aunque luego se amplió a siete. Este organismo funcionaba bajo el principio de la no-exclusión, al menos entre ellos, y representaba a un extenso espectro ideológico y con la iniciativa abierta a todas las fuerzas políticas de oposición121.
La primera reunión oficial de esta comisión coordinadora se realizó el 25 de febrero de 1968, siendo el 3 de julio del mismo año cuando se dio por concluido el texto definitivo de la declaración fundacional basado en un pacto político resumido en siete puntos programáticos que habrían de definir su propia existencia. Esta comisión fue la coordinadora de grupos políticos más amplia y representativa en su tiempo.
Su creación se produjo en plena crisis del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y pasó a la historia como el germen de donde surgió la Asamblea de Cataluña. La CCFPC, en su primera reunión, estuvo formada por un sector de ERC representado por Josep Andreu Abelló; el FNC, representado por Joan Cornudella y dos más; el MSC, representado por Joan Reventós, Ramón Perelló, Raimon Obiols y Vicenç Ligüerre; el PSUC, representado por Antonio Gutiérrez y dos más; y la UDC, representada por Llorens Gascón y dos más.
El encuentro inicial tuvo lugar en la residencia Can Carner, de Joan Reventós, sita en la calle Nueva, n.º 1 en El Vendrell. El encuentro fue tan emotivo que en conmemoración de este acontecimiento se publicaron unas poesías tituladas Cobles de la Coordinadora entre cuyos fragmentos se decía:
«Amb acord i unitat d’acta
Van plegar al’hora exacta.
Adéu vila del Vendrell,
tornaré quan sigui vell!
Quina històrica jornada.
Suarèm la cansalada!
I ara cal seguir el relat
Perquè tot quedà embastat
I un acord restà indecís.
Ai país, que et veig ben llis!»
Las siguientes reuniones se celebraron en los domicilios particulares de algunos representantes de los partidos; en la torre de la calle Anglí, residencia de Joan Reventós en Barcelona o en el domicilio de Carles Sampons del PSUC, de Cornudella por el FNC y de José Mª Zavala por ERC. Solo UDC, representada por Anton Canyellas y Llibert Cuatrecasas, no ofrecieron sus domicilios122.
Con el tiempo, esta organización se fue consolidando y su influencia avanzaba entre el debate, el entendimiento y la coordinación, definiéndose consensuadamente para:
«Asumir una ligazón de iniciativas y de acciones de oposición democrática para dar una perspectiva de conjunto a estas acciones, elevando el nivel y el contenido político de la lucha por la libertad y por la democracia, ofreciendo al pueblo una alternativa frente a la dictadura.»123
Tras la primera reunión fundacional,
