utilizada por el régimen opresor para intentar sostener su impunidad y diseminar la “verdad estatal” con respecto al amplio repertorio de prácticas criminales desplegado por la Dictadura, fue el del montaje comunicacional. Recordemos que los medios de comunicación que operaron en el período lo hicieron porque se alineaban con las versiones “oficiales”. En nuestro artículo, analizamos el primer gran montaje de la infamia ocurrido en julio de 1975 y que implicó a 119 hombres y mujeres pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionario, denunciados por sus familiares como desaparecidos y desaparecidas a manos del Estado. Citando revistas extranjeras, que luego conoceríamos, existieron solo para efectos de este recurso los periódicos nacionales El Mercurio, La Tercera y La Segunda desplegaron portadas y sendos titulares, figurando a estos individuos como “desertores”, “traidores” y “criminales” que se estarían matando entre ellos en “purgas” internas. En esta propuesta no se trataría de víctimas del terrorismo de Estado, sino de revanchas partidarias.
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Imagen 1. Montaje comunicacional. Diario ‘El Mercurio’.
23 julio 1975. Fuente: Archivo Nacional.
Dos caminos al menos se abren aquí en términos del análisis genealógico. Por una parte, examinar las distintas formas de aparición de este dispositivo comunicacional y sus tecnologías en el tiempo, de modo de trazar la historia de su participación en la figuración de este sujeto. Por otra parte, explorar las relaciones que los montajes comunicacionales establecen con otros dispositivos y tecnologías en la lucha performativa sobre el/la detenido/a desaparecido/a.
La trayectoria de los montajes comunicacionales
En el primer caso, podríamos analizar otros montajes comunicacionales y sus efectos en la figuración de el/la detenido/a desaparecido/a. Por ejemplo, el montaje que ocurrió en los días posteriores al 9 de septiembre de 1976, cuando el mar pone al descubierto las prácticas criminales de la Dictadura, devolviendo a la playa el cuerpo sin vida y brutalmente violentado de la profesora Marta Ugarte, miembro del comité central del partido comunista, detenida por agentes de la DINA en agosto de ese año y vista por última vez en el centro clandestino de tortura y exterminio Villa Grimaldi. La prensa nacional destinó incesantes portadas para encubrir la muerte y posterior disposición del cuerpo de “la bella” Marta Ugarte como un “crimen pasional”, sin informar que ella pertenecía a las listas de detenidos desaparecidos denunciadas por el organismo de derechos humanos Vicaría de la Solidaridad. La investigación posterior comprobó que agentes de la DINA lanzaron su cuerpo al mar en un helicóptero Puma del Ejército de Chile y que el cuerpo se liberó del riel destinado a retenerlo al fondo marino, porque uno de los alambres que lo amarraban fue retirado para ser usado para ahorcarla en la base militar de Peldehue.
En noviembre de 1978, tras la alerta de hallazgo de osamentas en una ex mina de cal en la localidad de Lonquén, la Vicaría de la Solidaridad activa una investigación. El Servicio Médico Legal identifica los quince cuerpos hallados como correspondientes a campesinos desaparecidos de la zona de Isla de Maipo luego de ser detenidos por carabineros con la asistencia de vecinos del sector. Si el caso de los 119 grafica los intentos del Estado por negar el crimen de la desaparición forzada, la aparición al año siguiente del cadáver de Marta Ugarte dentro de un saco y con un alambre amarrado al cuello volvió plausible la tesis de que los hasta entonces “detenidos no ubicados” habían sido ejecutados y sus cadáveres dispuestos para nunca ser encontrados. Finalmente, ante la contundente evidencia de Lonquén, el régimen desiste con este tipo de montajes, reconoce por primera vez la existencia de los desaparecidos y declara su voluntad de investigar los casos denunciados –inaugurando otra maniobra disuasiva–. La genealogía de este dispositivo indica, entonces, el período de su uso (cinco años) y las funciones que cumplió: ocultar esta práctica represiva ante la opinión pública y, con ello, a su sujeto; negar las denuncias de los familiares y organismos de derechos humanos y, desde que el crimen se hace evidente, desplazar la gestión del caso desde su negación hacia la disuasión de su propia actuación en las indagatorias para esclarecerlo, ordenando investigaciones que no solo no persigue sino que obstruye hasta hoy. En este sentido, la genealogía de este dispositivo podría indicar que si bien la tecnología de los montajes sobre los detenidos desaparecidos cesa, el efecto disuasivo que inaugura puede iterar en el tiempo mediante informaciones parciales, franca desinformación o bien por el traslado de la obstrucción de investigar a otros dispositivos como el legal.
El trabajo de archivo permite extender el análisis discursivo para incorporar relaciones entre recursos materiales. Como puntualizamos en el artículo, la lista de los 119 miristas publicada por el montaje comunicacional del gobierno, reproduce la lista confeccionada en el Comité Pro Paz para denunciar sus detenciones por parte del Estado. Los errores tipográficos que se trasladan de una a otra así lo demuestran.
Dispositivo contra dispositivo
En el segundo caso, estudiamos los efectos que los montajes comunicacionales provocan. En el artículo de 2018, narramos cómo los familiares de los detenidos no ubicados agrupados en la Vicaría de la Solidaridad y esta misma institución, responden al montaje de los 119 a través de una carta al editor en el diario El Mercurio, firmada por el cardenal arzobispo de Santiago. En el lenguaje de nuestro enfoque, la tecnología del montaje “irrita” al régimen de evidenciación de este crimen e incita una reacción donde disputar la verdad. La tecnología performativa de la nota editorial denuncia la práctica deshumanizante de los medios de comunicación que disponen de sus portadas para escenificar el horror y diseminar elucubraciones ante los ojos estupefactos de los familiares de las víctimas que ahí aparecen. La nota inscribe a los detenidos desaparecidos como sujetos de derecho y de dignidad, especialmente en el supuesto momento del anuncio de su muerte, más allá de las adherencias ideológicas que, según el Estado, justificarían el exterminio. La misma nota aplicaría para el montaje sobre Marta Ugarte y la exposición incansable de su cuerpo lacerado por la prensa chilena, demostrando cómo una tecnología performativa, si bien inscrita alrededor de ciertos casos, puede abarcar la categoría de los desaparecidos en general.
Asimismo, el dispositivo comunicacional irrita al dispositivo afectivo de los familiares orientado a encontrar con vida a sus seres queridos detenidos por la Dictadura. Recordemos el eslogan de denuncia hecho circular en la época por las mujeres organizadas en Chile y Argentina: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Como desarrollamos en el artículo, el encuentro de las osamentas de Lonquén activa la actuación del dispositivo forense con el consiguiente despliegue de las tecnologías de identificación de restos humanos: excavación y remoción de elementos; recolección de osamentas, objetos personales, vestuario y muestras de sangre; tests genéticos, entre otros. La emergencia de este dispositivo desplaza la lucha performativa sobre el detenido desaparecido desde la constatación de la detención por parte de agentes del Estado a las circunstancias de muerte y el destino final del cuerpo. Bajo este régimen, el detenido desaparecido es gestionado como un residuo corporal a investigar. Sus tecnologías van a requerir que los familiares no solo comiencen a pensar a sus desaparecidos como fallecidos, sino que provean de conocimiento sobre ellos de modo de contribuir a la identificación forense de sus restos. Este proceso se activa cuando la Vicaría de la Solidaridad confecciona la ficha antropomórfica, un cuestionario de siete páginas de extensión destinado a recabar información fisiológica de cada uno de los más de 600 casos de desaparecidos consignados a la fecha. Para el familiar, completar dicho formulario y, más tarde, proveer de pruebas para exámenes de ADN, involucra un proceso de subjetivación mayor: constituirse en deudos antes de la constatación de la muerte y el encuentro del cuerpo de quienes han desaparecido. Como indicamos en el texto con Marcela Ruiz, muchas veces la producción de esa información dependió de una dolorosa re-aproximación al archivo personal que se guardaba sobre el familiar desaparecido en búsqueda de esas claves fisiológicas que, por supuesto, reducían la potencia de esos documentos de vida.
