Políticas públicas y regulación en las tecnologías disruptivas. Группа авторов

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de su presencia.

      Junto a esos factores, existen otras barreras, como el lenguaje (puesto que la mayoría de información disponible en internet se encuentra en inglés, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2001), las dificultades que puede implicar acceder a este tipo de tecnologías para la población que se encuentra en alguna situación de discapacidad, entre otras, que llevan a la ampliación del tamaño de la brecha.

      Debe decirse que estos factores suelen ir de la mano, lo cual hace que el impacto en la generación de desigualdad sea mayor. A manera de ejemplo, las áreas rurales más apartadas suelen coincidir con los lugares del país donde se encuentran los índices más altos de pobreza multidimensional, los menores niveles de calidad en la educación y con las zonas donde existen las menores tasas de penetración de internet fijo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015; Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018c; Portafolio, 2019; Semana, 2019; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2019).

      Como respuesta a esta situación, es necesario pensar en una política de inclusión digital que tenga presentes los factores mencionados y, en ese sentido, se genere con un enfoque territorial y diferencial, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de las zonas y poblaciones que pretende incluir, para que cumpla con los objetivos que se propone. La política pública y las medidas que se tomen para lograrlo requerirán estudios periódicos de los proyectos que se llegue a implementar para determinar la eficiencia, eficacia y el impacto en la utilización de los recursos asignados a los proyectos, para poder determinar la continuidad de estos9.

      II. LA INCLUSIÓN DIGITAL

      Tal como lo ha afirmado Constaín (2019), factores como el lugar, el contexto económico, u otros en los que nace una persona, no deberían determinar sus posibilidades de acceder a las TIC, habida cuenta de que hoy en día se les considera una de las herramientas más importantes para hacer parte del mundo globalizado; es por ello que, para superar esa problemática de la brecha digital, se ha hablado de inclusión digital, siendo este un concepto que ha venido evolucionando: en un primer momento, esta estuvo orientada a resolver la brecha en términos de acceso a las TIC y, en ese sentido, se entendía que buscaba lograr un despliegue de redes e infraestructura, para alcanzar así la universalidad de la prestación del servicio de internet y comunicaciones (Herrera, 2010); posteriormente, se vio la importancia de incluir en este concepto la necesidad de que las personas aprendan a hacer uso de estas herramientas TIC y, más allá de eso, que aprovechen los beneficios que esto puede significar en sus vidas, llegando así a una verdadera inclusión digital, que permita a todos quienes pudieron ser excluidos por los factores generadores de la brecha digital que se inserten en este campo y mejoren su calidad de vida a través de ellas, utilizándolas para dar respuesta a sus necesidades de la mejor manera posible.

      En la actualidad, se entiende la inclusión digital en esta última acepción, es decir, como manera en la que los individuos y comunidades acceden, usan y se apropian de las TIC, para satisfacer sus necesidades particulares y colectivas, accediendo a las oportunidades que implica la era digital, por medio de cinco elementos principales que ha definido la National Digital Inclusion Alliance (2017): 1) un servicio de internet robusto y asequible; 2) dispositivos que permitan la conexión a internet y respondan a las necesidades del usuario; 3) acceso a la alfabetización digital; 4) soporte técnico de calidad, y 5) aplicaciones y contenido en línea diseñados para permitir y fomentar la autosuficiencia, la participación y la colaboración.

      De esta manera, la inclusión digital, al buscar eliminar factores que históricamente han contribuido a la generación de desigualdad económica y social, contribuye a la supresión de los mismos al permitir que todos los individuos y comunidades puedan obtener el provecho que las TIC puede significar en sus vidas en esos aspectos, de acuerdo con las necesidades que se pretenda resolver. Privar a los grupos excluidos por la brecha social de estas herramientas sería un elemento que incidiría en la ampliación de la desigualdad, excluyéndolos de la participación, oportunidades económicas, herramientas educativas y demás beneficios que trae consigo.

      La inclusión digital, así entendida, guarda armonía con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia (1991) que dispone que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, entendiendo que las telecomunicaciones son un servicio público10. De esta disposición se deriva la obligatoriedad para el Estado de buscar la universalidad en su prestación.

      Lo anterior, a su vez, es plenamente coherente con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia. Al respecto, cabe señalar que mediante Ley 46 de 1985, el país aprobó y ratificó el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–, organismo internacional que tiene como uno de sus pilares buscar el acceso y servicio universal a las telecomunicaciones.

      Resulta entonces que la inclusión digital trae consigo, además de los beneficios nombrados para los individuos y sus comunidades (como la eliminación de la desigualdad, acceso al conocimiento, posibilidades de generación de ingresos, movilidad social, entre otras) ventajas para la economía del país: de acuerdo con el Banco Mundial (2016), incrementar en 10 puntos porcentuales la penetración de la banda ancha, puede incrementar el PIB de una economía en desarrollo en un 1,38%; adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación (2018) determinó que triplicar la velocidad promedio de conexión a internet, el PIB per cápita podría aumentar hasta un 18,4, e incrementar el índice de digitalización en 1%, aumentaría la productividad del país en un 0,23%.

      En conclusión, estos beneficios pueden permear todos los sectores de la economía y brindar oportunidades a todos los ciudadanos que reduzcan los altos índices de desigualdad –que se dan en varios ámbitos en Colombia–. De allí se deriva la importancia de cerrar la brecha digital e incluir a los más vulnerables en el nuevo ecosistema digital.

      III. LA INCLUSIÓN DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –ODS–

      Por medio de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), todos los Estados Miembros de este organismo adoptaron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–, que son 17 propósitos, relacionados entre sí, que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas en el mundo gocen de paz y prosperidad para el año 2030, conjugando las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental).

      Frente a las TIC, esta resolución dispone:

      La expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, y lo mismo sucede con la innovación científica y tecnológica en ámbitos tan diversos como la medicina y la energía.

      A continuación, se hará una breve mención a la forma en la que las TIC pueden aportar al logro de los 17 ODS y, a su vez, a la inclusión social (impactando esta última los primeros). Para ello, los mismos serán clasificados en función del propósito al que apunten, pudiendo tratarse este de: personas, planeta, prosperidad, paz y justicia, o alianzas11.

      – PERSONAS

      Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

      Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

      Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

      Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva

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