en escenarios de posguerra. Para el caso colombiano, como lo indica Sierra-Camargo, esto se evidencia en los planes de desarrollo, impulsados y promovidos durante los dos períodos de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), los cuales buscaban atraer inversión extranjera para activar diferentes sectores de la economía, como el minero, en un escenario de posconflicto. Contrario a lo esperado, estas políticas públicas produjeron serios impactos sociales y ambientales, generando nuevos conflictos de tipo socioambiental, como el despojo y el desplazamiento de comunidades, el vaciamiento del territorio, la alteración del equilibrio ecológico, la contaminación de recursos hídricos, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación.
Leonardo Güiza Suárez y Carlos Eduardo Beltrán Gómez, autores del sexto capítulo, denominado “El conflicto entre la restitución de tierras y la titulación minera: un desafío para la institucionalidad”, plantean la problemática del conflicto existente entre la restitución de tierras y la titulación minera, reflexionando sobre la importancia de contar con bases jurídicas claras que permitan determinar el verdadero alcance del derecho a la restitución como derecho fundamental, del carácter de la minería como actividad de interés público para el país y el conjunto de derechos de los que es titular el Estado en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales.
Para concluir este tercer bloque temático, el capítulo “La flexibilización del estándar de la buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución de tierras”, de la autoría de Luisa María Acevedo, Natalí Buitrago Palacios y Esteban Isaza Ramírez, pretende responder a las siguientes preguntas: 1) ¿cómo se ha construido el estándar de la buena fe exenta de culpa (bfec) en la jurisprudencia de las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los distintos tribunales superiores de distrito judicial?; 2) ¿cómo este ha variado a través del tiempo?; y 3) ¿cómo ha afectado las decisiones sobre las pretensiones de los opositores? Estos interrogantes facilitan la discusión sobre la flexibilización del estándar de la bfec en los procesos de restitución de tierras en Colombia, teniendo en cuenta la exigencia y cumplimiento de los criterios definidos por esta y las situaciones de vulnerabilidad identificadas en solicitantes y opositores en escenarios de justicia transicional.
Anexo: traducción de artículo de investigación
De manera complementaria a los aportes temáticos presentados previamente, el libro incluye la traducción del artículo “The international investment regime and local populations: are the weakest voices unheard?”, escrito por Nicolás Perrone y publicado originalmente en inglés en la revista Transnational Legal Theory.
En la traducción de este artículo, titulada “El régimen internacional de inversiones y las comunidades locales: ¿alguien escucha las voces más débiles?”, Perrone profundiza las discusiones teóricas sobre la propiedad, el régimen internacional de inversiones y su relación con las comunidades locales. En este sentido, como lo expone en su texto, las comunidades locales generalmente tienen una voz limitada en las decisiones estatales relacionadas con la inversión extranjera, las cuales pueden afectar no solo los derechos privados, sino también los valores de la comunidad; razón por la cual existe la necesidad de un régimen internacional para gobernar la inversión extranjera que vaya más allá de la protección de la inversión y el arbitraje, incentivando la participación de las comunidades locales y la promoción de sus derechos bajo estándares y principios de igualdad y participación.
* Profesor investigador de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).
** Profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).
*** Profesional de proyectos de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).
Fernando Vargas Valencia*
Introducción
Para contribuir aproximativamente a la difícil pero necesaria tarea de buscar elementos de intersección entre el derecho de propiedad y la justicia transicional en contextos como el de Colombia, pueden ser útiles algunos avances de carácter teórico encaminados en cierta medida a sustentar la hipótesis según la cual, desde el reconocimiento del problema histórico de la tenencia de la tierra en territorios rurales como elemento imprescindible para determinar los contextos estructurales del conflicto armado interno, se pueden encontrar datos para argumentar dicha intersección desde la perspectiva del caso colombiano.
El sustento de dicha hipótesis y de tales datos surge principalmente de algunas investigaciones en las que, junto con el profesor Luis Jorge Garay (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012; Vargas Valencia, Garay Salamanca y Rico Revelo, 2016), a quien se extiende un reconocimiento personal y académico a través de este texto, hemos podido contribuir desde la ciencia social y las perspectivas sociojurídicas, especialmente en el Equipo Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Garay Salamanca et al., 2011), que reporta a la Corte Constitucional en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la histórica Sentencia T-025 de 2004, en el entendido de que dicho seguimiento constituye un antecedente legítimo para evaluar el modelo de justicia transicional actualmente vigente en Colombia, de cara a la actual implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016 entre el gobierno nacional de Colombia y el grupo rebelde conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
1. La relación entre el conflicto armado colombiano y la estructura agraria como punto de partida
Con base en lo anterior, proponemos dibujar algunas ideas programáticas. La primera, que a partir de un punto de vista esquemático es oportuno recordar que en cierta medida la academia ha conseguido algunos consensos sobre el reconocimiento de la estrecha relación entre el conflicto armado colombiano, como una manifestación del ejercicio del poder de facto de carácter territorial a través o en función de estructuras armadas jerarquizadas con control político, económico y militar en muchos territorios caracterizados por la debilidad de la presencia del Estado (o su ausencia, o su cooptación por parte de agentes particulares que sobreponen sus intereses individuales y egoístas al de carácter general), y la estructura agraria del país, como elemento estructural explicativo de las dinámicas históricas de los fenómenos a los que se busca poner fin por medio de tecnologías o mecanismos transicionales (Machado, s. f.; Fajardo Montaña, 1998, 2002; Kay, 2003).
En este caso, cuando aludimos a la estructura agraria, hacemos referencia a unos contenidos objetivos y subjetivos. Desde la perspectiva subjetiva, se observa que históricamente en Colombia han existido una tensión y un conjunto de luchas entre sujetos agrarios en lo que atañe a su papel y reconocimiento en la política pública de acceso a la tierra, la cual tiene fines predominantemente distributivos. En este orden de ideas, puede afirmarse, como lo hace Salgado (2010), que existe una falla de reconocimiento en contra de las comunidades y pueblos campesinos (nos permitimos incluir solo para efectos metodológicos en dicha categoría también a los grupos humanos étnicamente diferenciados que tienen arraigo con la tierra en zonas rurales, y a las mujeres rurales), la cual se traduce en el diseño de políticas públicas de distribución inequitativa de activos rurales por parte de élites que detentan el poder institucionalizado,
