antes y después de la fundación del Consulado limeño, José de la Riva Agüero y Osma (1968) recuerda la “situación mercantil” de Lima:
El Virrey Duque de la Palata escribía en su memoria oficial: “El comercio del Perú se compone de todo género de personas y estados, sin exceptuar religioso ni monja”. Casi un siglo antes observaba el Judío Portugués: “Hay mercaderes en Lima que tienen un millón de hacienda, muchos quinientos mil pesos, muchísimos mil. Destos ricos, pocos tienen tienda. Envían sus dineros a emplear a España, Méjico y otras partes; y algunos tienen trato con la Gran China. El trato de Lima es el más real, y bueno, y sin pesadumbre, que se puede hallar en el mundo. Ha muchos años que el Corso, que fue el mayor mercader y más rico que ha tenido el Pirú, que sus hijos son Marqueses de Cantilana junto a Sevilla, hizo una tasa ensayada de cuantas mercaderías se labran y hacen. Son destrísimos en comprar. Con esto se puede entender lo que son mercaderes de Lima; y dende el Virrey y el Arzobispo, todos tratan y son mercaderes, aunque por mano ajena”.
La condición privilegiada en que se hallaba nuestra ciudad, por su extenso y activo monopolio, conformaba a su patriciado en los propios ejercicios que a los de Venecia y Génova, Valencia y Barcelona, y aún a los de la materna Sevilla, como lo declaran aquellos conocidos versos:
“Que es la octava maravilla
Ver caballero en Sevilla
Sin punta de mercader”.
Debajo de la poderosa oligarquía comercial del Tribunal del Consulado, prosperaban los gremios de oficiales mecánicos, organizados definitivamente por el Virrey D. Francisco Toledo […]. (p. 389)
Marta Del Vas Mingo (2000) señala:
A semejanza de la situación planteada por los mercaderes novohispanos, también los limeños, dado el volumen de negocios y las diferencias que se suscitaban entre las partes que comerciaban, finalizando la centuria comienzan a plantearse la erección de la estructura consular. Los miembros más acaudalados y poderosos de la capital peruana tenían el propósito de incrementar el comercio y agilizar los procedimientos judiciales en los que se veían inmersos. El Cabildo, en el que estaban integrados los comerciantes, fue el promotor del establecimiento del Consulado. En 1592, sus alcaldes ordinarios, Damián de Meneses y el Capitán Jerónimo de Guevara, viajan a la Península en comisión del ayuntamiento con instrucciones en este sentido. (p. 72)
Moreyra Paz-Soldán es quizás quien con mayor precisión ha estudiado lo relativo a los antecedentes que acompañaron a la fundación del Consulado de Lima. En relación con la participación del Cabildo de Lima en la creación del Consulado, cuestión también mencionada por Del Vas Mingo (2000), destaca Moreyra Paz-Soldán (1994) que el retraso en su instalación, desde 1593 en que fue creado por cédula de Felipe II, hasta su establecimiento efectivo en 1613, se habría debido a la presión del Cabildo de Lima; así, sostiene:
Si el Cabildo de Lima fue el promotor más calificado de la dación de la Cédula de 1593, fue el mismo Cabildo, por esas incongruencias de que la vida da tantos ejemplos, el opositor obstinado de su establecimiento frenando un mandato real. Parece que el Cabildo tenía celos y presentía la tremenda importancia que el Consulado iba a tomar, restándole influjos y haciéndole sombra en el manejo de los intereses locales. Su imaginar instintivo no estuvo del todo descaminado, pues si estatutariamente nació sólo como Tribunal privativo de justicia para los comerciantes, se hizo pronto una corporación en defensa cerrada de sus grandes intereses y de todas las organizaciones no estatales, fue la más fuerte y de mayor volumen. (p. 307)
Los comerciantes limeños, que suplicaron al virrey García Hurtado de Mendoza y Manrique, IV marqués de Cañete, la instalación y funcionamiento del Consulado, resaltaron los inconvenientes de no contar con un tribunal especializado que conociera de sus controversias y aplicara sus usos y costumbres, y sus normas especiales, en plazos menores a los de la justicia ordinaria. Al aumentar el tráfico mercantil entre el Perú y España, naturalmente y como se acotó antes, en igual proporción aumentaron las controversias. Los comerciantes rechazaban la justicia ordinaria por su demora, costos y falta de conocimiento de los usos y costumbres comerciales. Fue el IV marqués de Cañete el que recibió en Lima en septiembre de 1594, la cédula de Felipe II proveída en diciembre de 1593.
Robert S. Smith (1948), a diferencia de Moreyra Paz-Soldán, señala a los propios comerciantes limeños como los responsables de la demora en la instalación del Consulado:
Aunque Felipe II autorizó la fundación del Consulado de Lima por su cédula del 29 de diciembre de 1593, se suspendió la ejecución del privilegio durante dos décadas. En México se consumó la organización consular dentro de los dos años posteriores al despacho de su carta fundamental (15 de junio de 1592); pero los mercaderes limeños aconsejaron la demora en la institución de su gremio y tribunal. En febrero de 1614 escribió el Consejo de Indias al virrey, pidiéndole un informe sobre la disposición de la cédula de 1593. Al parecer, no se supo en España que el Marqués de Montesclaros, considerándolo “conveniente esforzar la conservación de tan importantes vecinos para la estabilidad de estas provincias”, ya había conseguido la incorporación del Consulado en febrero de 1613. Floreció sin interrupción desde esta fecha hasta 1822. Se suprimió dos veces entre 1822 y 1826, pero se volvió a restablecer en su antigua forma. Finalmente, en 1886, se decretó su suspensión definitiva. (p. xiv)
En efecto, el marqués de Montesclaros, como se mencionó, dictó una real provisión el 13 de febrero de 1613 (Ordenanzas del Consulado de Lima, 1820, p. 13), que fue preconizada el 23 de febrero en las puertas principales de las Casas Reales y en la calle principal de los Mercaderes con trompetas, chirimías y atabales. Tras las elecciones celebradas el 27 de febrero de 1613, se eligió como prior —el primero en la historia de la corporación— a Miguel Ochoa y para cónsules a Juan de la Fuente Almonte y Pedro González Refolio9.
El Consulado de Lima ya estaba constituido, pero hubo que esperar hasta 1619 para que contara con sus Ordenanzas, a pesar de que desde 1614 el virrey había autorizado su redacción, para lo cual dispuso la participación del letrado Alberto Acuña, oidor de la Real Audiencia, como se volverá a mencionar más adelante.
Como se ha señalado, transcurrieron 20 años entre la autorización real para la creación del Consulado de Lima y su efectiva instalación. Respecto a esto último, Lohmann Villena (2001) afirma:
Aunque no se disponga de constancia fehaciente de ello, todo apunta a que si solo en 1613 se pudo poner en práctica un anhelo que se remontaba a las postrimerías del siglo XVI en orden a la creación de un organismo que agremiara a los comerciantes mayoristas, es indudable que a la sazón debieron de combinarse las condiciones propicias para llevar a buen término el proyecto. El Virreinato del Perú, en efecto, se había convertido en un emporio económico de primera magnitud y su capital concentraba a los hombres de negocios con más imaginación y espíritu de empresa. Colegiar formalmente ese colectivo, articulándolo en un organismo influyente que no solo representara una instancia gremial, defensora de los intereses comunes y se constituyera un fuero privativo, sino que por añadidura dejara oír su voz al trascender al ámbito de la alta política financiera y eventualmente se configurara como un núcleo gravitante —con pujos hegemónicos— (como lo iba a ser de hecho hasta bien entrada la época republicana), debió de constituir un anhelo acariciado por quienes, compenetrados con el quehacer mercantil en el área virreinal peruana, vislumbraban las perspectivas que se abrían tan pronto aquel ideal se convirtiese en realidad. (pp. 151-152)
2. Reformas borbónicas y función monopólica del Consulado de Lima en América del Sur hasta 1778
Hasta finales del siglo XVIII solo funcionaban los consulados de México y Lima en la América española. El Consulado de México se fundó el 20 de octubre de 1593, conforme a la real cédula de Felipe II de 15 de junio de 1592 (Moreyra Paz-Soldán,
