que se han establecido para difundir el ejercicio del gasto en publicidad oficial (Comsoc, INAI-Fundar). Se muestra la ausencia de criterios de asignación, el amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de los recursos para comunicación social en general y cómo la información que se difunde a través de la pauta estatal es confusa, parcial y fragmentada. Finalmente, el texto ilustra con algunas irregularidades e ilícitos que han podidodocumentarse, los efectos de la falta de transparencia en el gasto de publicidad oficial.
Por último, el texto de Raúl Trejo Delarbre nos ofrece una reflexión crítica sobre los efectos negativos que ha provocado la publicidad oficial en México, alimentando una relación perversa entre autoridades y medios. Al contar con recursos públicos, los medios han resuelto sus requerimientos financieros, lo cual les ha permitido preservar niveles profesionales deplorables, pues no tienen que esforzarse por ofrecer información de calidad y mucho menos por alentar el debate público, o incentivar la formación de lectores exigentes. Trejo da cuenta de cómo en nuestro país existen multitud de medios impresos y electrónicos, pero ello no ha servido para alimentar la pluralidad informativa, sino para “reproducir avisos oficiales” y los funcionarios, lejos de informar sobre las políticas públicas que desarrollan, utilizan el patrocinio estatal para autopromocionarse. Es por todo esto que Trejo propone que más que insistir en contar con reglas para la publicidad oficial, sería mejor prescindir de dicha fuente de recursos públicos que se ha usado para sujetar y manipular. A cambio, el reconocido experto recomienda diez puntos para que gradualmente se vaya cancelando la publicidad oficial, a cambio de crear un Fondo para Auspiciar el Periodismo de Calidad y Socialmente Necesario, por cuyos recursos competerían los medios, en el entendido de que éstos ya no requerirían fondos de publicidad oficial.
En suma, los propósitos de este libro son mostrar que en México existe ya una deliberación amplia sobre la necesidad de cambiar el estado de cosas en materia de publicidad oficial. Aprovechando el debate sobre la reglamentación en publicidad oficial de la región latinoamericana, se trata de discurrir cómo incorporar los principios y criterios indispensables de una publicidad oficial que fomente la libertad de expresión y el debate público informado.
Gracias a que el tema de la publicidad oficial está ya en el centro de la agenda pública y que están identificados principios esenciales para que la publicidad oficial deje de ser una forma de intervención abusiva, interesada, o discriminatoria del Estado en los medios de comunicación, el tema forma parte de la agenda del próximo gobierno que entrará en funciones el 1º de diciembre de 2018.
Todos los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y de la academia para que el Congreso mexicano aprobara una legislación que estuviera apegada a dichos estándares, sirvieron de poco para derribar las resistencias del poder para ceñirse a dichos principios, fijar criterios objetivos y claros para promover la diversidad y la pluralidad de medios y garantizar la libertad de expresión. Para corregir las malas prácticas, es indispensable establecer reglas para transparentar y democratizar su distribución, tal como han insistido las organizaciones agrupadas en el #Colectivo “Medios Libres”.
Este libro es producto de la discusión que sobre libertad de expresión y publicidad oficial se llevó a cabo en el contexto del Seminario Internacional que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 16 de marzo de 2018, organizado por el Seminario Universitario de Transparencia (SUT), el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y el propio IIJ de la UNAM, así como Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19. Quiero agradecer a todos su apoyo y en especial a los integrantes del SUT, Grisel Salazar y Octavio Olea, cuya colaboración profesional y comprometida hizo posible dicho seminario y esta publicación.
Ciudad Universitaria, agosto de 2018
1 CIDH, Informe Anual 2003, citado en el texto de Gustavo Gómez incluido en este libro.
2 Artículo 13.3, Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponible en www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
Aspectos claves para una regulación
sobre publicidad oficial compatible
con la libertad de expresión
Gustavo Gómez
El uso de la publicidad oficial es un derecho y un deber que los Estados tienen para, entre otras cosas, informar a la población sobre las acciones, políticas y servicios que prestan o rendir cuentas sobre su desempeño y los compromisos asumidos con la ciudadanía. Es una potestad tan legítima como necesaria en un Estado democrático.
Tratándose de dinero público, su ejercicio tiene limitaciones y exigencias propias de cualquier gasto estatal, por lo cual existen normativas generales de buena administración que les son aplicables. Sin embargo, las evidencias de abusos gubernamentales en la asignación de la pauta estatal y su impacto en los medios, el acceso a la información y la propia libertad de expresión han llevado a importantes organismos internacionales a recomendar la adopción de marcos legales específicos que regulen su contratación y distribución.
Se trata de la aplicación del concepto de “censura indirecta”, es decir, formas no directas de intervención estatal pero que tienen un impacto en la libertad de expresión utilizando, en este caso, mecanismos legales.
Esto es, que si bien los Estados no tienen la obligación de pautar en todos los medios de comunicación por su sola existencia, no pueden utilizar esta potestad legítima de manera abusiva o discriminatoria, así como para condicionarlos –e incluso acallarlos- por su línea editorial.
En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un documento denominado “Violaciones indirectas de la libertad de expresión: Asignación discriminatoria de la publicidad oficial” donde afirma que “existen formas indirectas más sutiles y a veces más efectivas por las que el Estado coarta la libertad de expresión. Debido a que estas violaciones indirectas son con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, no dan lugar a investigaciones ni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas”1, por lo que esta oficina anunciaba, “a efectos de llamar la atención sobre este tipo de violaciones, un estudio sobre el uso de la publicidad oficial como restricción indirecta de la libre circulación de ideas”2.
En 2011, la Relatoría aprobó los “Principios sobre regulación de la publicidad oficial en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” que, en similar inteligencia, afirmaba: “Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que, sin embargo, son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos. Cuando eso sucede, se configura una violación del artículo 13.3 de la Convención. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Corte Interamericana” o “Corte”), resulta violatorio de la libertad de expresión “todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención”3.
