de cultivo” para su supervivencia una ausencia significativa del Estado. Así mismo, existen conflictos relacionados con la doble nacionalidad y la migración irregular. En total, seis departamentos y veintiséis municipios de Colombia comparten puerta con Venezuela. Quizá con esta misma lógica, el Gobierno designó un gerente de frontera y no un gerente migratorio para el abordaje de esta (in)migración.
Se identifican dos momentos importantes en el cubrimiento mediático. El primero, entre el 2005 y 2013, en el que la llegada de ciudadanos venezolanos no fue considerada un problema migratorio, quizá porque por su perfil socioeconómico de clase media alta, se deduce que esta movilidad no se da por la vía de la frontera terrestre, sino por vía aérea. Y un segundo momento, a partir del 2015, en el que los picos de migración coinciden con los momentos de crisis política y económica interna venezolana que estimularon la denominada migración fronteriza de supervivencia; por tanto, el abordaje mediático se caracterizó por un enfoque político-económico centrado casi exclusivamente en la región de la frontera terrestre.
Este segundo momento migratorio cobró especial importancia mediática por tratarse, primero, de ciudadanos colombianos y sus familias venezolanas que se vieron afectados por un cierre de fronteras y sus consecuencias económicas para Colombia y segundo, de un grupo de personas con demandas económicas e institucionales específicas hacia el Gobierno colombiano.
Los asuntos internos colombianos no tuvieron mayor relevancia a la hora de tratar la información sobre la (in)migración venezolana en Colombia, pues si se hubiera tratado el tema desde el punto de vista de una crisis migratoria en estricto sentido, habrían tenido relevancia, entre otras temáticas: la ausencia de una política pública migratoria o cómo las normas sobre fronteras, incluyendo la Ley 191 de 1995, no han respondido a la necesidad de promoción, protección y consolidación de los derechos humanos fundamentales de las personas, sino que se han enfocado, casi exclusivamente, en los temas económicos y comerciales.
Llama la atención cómo el cubrimiento mediático pareció dar mayor protagonismo a las figuras presidenciales y a los modelos económicos y políticos de Gobierno de ambos países que a las repercusiones sociales y humanas de la crisis de estos modelos. Podría plantearse incluso que el foco de las narrativas noticiosas fue la crisis de un modelo político económico y no una crisis migratoria.
En primera instancia, la importancia de Venezuela parece radicar en su relevancia como representante de un proyecto político específico que contrasta no solo con el modelo colombiano, sino con la mayoría de los modelos de la región. Por esto las repercusiones económicas en el país son mencionadas en repetidas ocasiones, ya que se traza un vínculo entre un modelo socialista y una economía en decrecimiento.
Nicolás Maduro y sus diferentes medidas convocaron la atención de los medios, sin reflejar de manera detallada la incidencia en la vida de las personas, por lo cual no se dimensiona la influencia de los factores políticos y sociales en la emigración de los venezolanos. La migración de venezolanos hacia Colombia parece percibirse para el discurso mediático como un aspecto de intervención social que debe suplir el Gobierno colombiano, puesto que el proyecto político de Venezuela fracasó y con ello la economía del país.
Finalmente, los picos migratorios y de información aquí descritos, especialmente a partir del 2013, debieron capitalizarse como indicadores tempranos o alertas migratorias, posibles nuevas fuentes de política pública e incluso como una oportunidad para la creación de instrumentos de protección y de gestión de las migraciones en todos sus aspectos (inmigración, emigración, tránsito y retorno). Los relatos noticiosos de estos dos medios han venido registrando paulatinamente unos desplazamientos humanos soportados en datos estadísticos que generan importantes insumos para un cambio en el paradigma de que Colombia es un país solo de emigración.
Este sería un reto fundamental para una adecuación normativa e institucional acorde con la realidad migratoria actual y con los acuerdos internacionales en materia migratoria, así como también un aporte al discurso ético y social que ve la migración como un fenómeno positivo para la sociedad y para el desarrollo del país y entiende que el otro extranjero no es otra cosa que el espejo de nuestros propios connacionales que también se han ido del país buscando mejores oportunidades o salvaguardando su vida y sus bienes.
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